Derechos de agua en riesgo de perderse

Compuertas de regulación en el canal de Benagéber, que abastece gran parte del riego en el Camp de Turia. / v. lladró
Compuertas de regulación en el canal de Benagéber, que abastece gran parte del riego en el Camp de Turia. / v. lladró

AVA pide a la Administración que se permita sustituir la superficie de regadío que desaparece con nuevas transformaciones en áreas de secano | La Confederación Hidrográfica del Júcar se muestra más abierta a solucionar situaciones problemáticas mientras la Generalitat pone cada vez más trabas

VICENTE LLADRÓ VALENCIA.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha planteado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) una batería de peticiones en defensa del regadío valenciano, al objeto de encontrar soluciones para problemas concretos que ponen en riesgo la capacidad productiva global del sector.

Según han manifestado fuentes de dicha organización agraria, tras la entrevista mantenida con el presidente de la CHJ, Manuel Alcalde, han encontrado la mejor disponibilidad para estudiar y solucionar todas las cuestiones planteadas. Por contra, desde organismos de la Generalitat Valenciana se presentan cada vez más trabas, porque, al parecer, en el Gobierno valenciano se sigue una política de oponerse a que se amplíe el regadío. Una estrategia que choca con las sistemáticas ampliaciones en todas las demás regiones españolas.

Por otro lado hay muchas situaciones que reclaman una atención pormenorizada. La Comunitat Valenciana está perdiendo, año tras año, superficie de regadío, porque crecen las áreas urbanas e industriales, así como las infraestructuras de todo tipo. Lo que plantea AVA es que se siga una política «de mantenimiento de la superficie regable», permitiéndose «el desarrollo del regadío a base de transformar áreas de secano, pues es la única forma posible de asegurar la pervivencia de la agricultura, mantener la capacidad productiva y generar riqueza y puestos de trabajo para que se mantenga la población en el medio rural».

La política de restringir el regadío valenciano choca con su ampliación en el resto de España

Desde AVA se señala además el problema de los miles de campos de regadío que han dejado de cultivarse en los últimos años «por motivos económicos». Ese abandono, dejar de regar durante un tiempo, puede comportar «la pérdida de sus derechos de riego», cuando es evidente que «muchos de esos campos pueden volver a ser cultivados en cualquier momento», si se dan las circunstancias adecuadas de jóvenes que quieran instalarse en la agricultura, producciones que vuelvan a tener demanda, etc. Y para asentarse los jóvenes y que esas tierras no queden incultas para siempre hace falta agua; por tanto, que no pierdan los derechos de riego.

Manuel Alcalde se ha comprometido a tener en cuenta en la Confederación todas estas situaciones y no aplicar de forma estricta las restricciones o anulaciones de derechos previstas de manera general por la legislación. Así mismo se ha mostrado dispuesto a agilizar los trámites para otorgar nuevas concesiones de regadío, especialmente en los casos de nuevos pozos que se perforen en comarcas sin problemas de sobreexplotación y donde sea recomendable permitir el riego para asegurar producciones que de otra manera no podrían darse.

AVA ha pedido al presidente de la CHJ que «no sea cómplice de la actitud de la Administración de agricultura dentro de la Generalitat, que se opone a la ampliación del regadío».

Uno de los modos con que más se plasma desde la Generalitat la oposición al nuevo regadío es a través de los informes medioambientales, que son preceptivos en la tramitación de los expedientes de concesión de agua en la CHJ. Esos informes medioambientales «se retrasan meses y meses», quizás «por falta de medios humanos», según AVA, que reclama a la Confederación «que se considere como informe favorable el silencio administrativo del órgano medioambiental durante tres meses», a fin de evitar «la lentitud y la dilación, que propician que la utilización de aguas devenga ilegal en muchas ocasiones». Al mismo tiempo propone que se plantee al Ministerio para la Transición Ecológica (del que depende la CHJ) la realización «de cuantos cambios normativos resulten necesarios a tal fin», así comoo que «se contacte con el órgano medioambiental de la Generalitat Valenciana para que, por lo mismo, se emitan los informes con mayor celeridad».

Otra petición realizada por AVA a Manuel Alcalde, y que ha contado con gran comprensión, es la de que la CHJ «no sea inquisitorial y propicie la legalización de actuaciones y situaciones existentes de hecho que no resulten ajustadas a la legalidad vigente, sin necesidad de tener que imponer sanciones», sino más bien requerir a quienes no estén en orden para que procedan a la adecuación de todo lo necesario.

Un asunto que lleva décadas pendiente de resolverse es el de las teóricas duplicidades; es decir, parcelas agrícolas que están inscritas con derechos de agua de más de un aprovechamiento. Por ejemplo, tienen participaciones de dos o más pozos, o de una comunidad de regantes de acequia y canal y, a la vez, de un pozo. Según la legislación vigente esto no puede ser así, por lo que se debería elegir una de las fuentes y renunciar a las demás.

Sin embargo AVA advierte que «ningún agricultor riega dos veces simultáneamente la misma parcela», por lo que esas teóricas duplicidades se deben entender como complementarias, y se explican por la necesidad de disponer de alternativas de riego, pagando lo necesario para mantenerlas en buen uso y disponibles, por si falla la fuente más habitual.