La crisis citrícola dispara las denuncias por impago y por incumplir contratos

Según explica AVA, el incumplimiento más frecuente consiste en la renuncia «repentina» por parte de determinados operadores comerciales a recolectar la totalidad, o una parte, de la cosecha del agricultor acordada por contrato.

También abundan las empresas que dejan la fruta adquirida sin pagar o que intentan renegociar los precios a la baja. En el caso de Juan Manuel Moreno, un agricultor valenciano que cuenta su historia a este periódico, perdió 43.000 euros en la pasada campaña. El operador le pagó solo el 10% de la reserva mientras que el 90% restante, cuyo abono se acordó mediante pagarés, resultó proceder de una cuenta sin fondos.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ha pedido a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) -organismo dependiente del Ministerio de Agricultura- que intervenga con una campaña exhaustiva de inspecciones para detectar las irregularidades de determinadas empresas y aplicar las sanciones oportunas.

Por otro lado, el pleno de Les Corts aprobó ayer la reforma de la ley de contratos agrarios, que establece la obligación de que estos se hagan siempre por escrito con el fin de evitar la venta «a resultas», en la que los agricultores entregan la mercancía sin saber el precio y que suele ser un acuerdo verbal.

A todo esto se suma otro frente en el sector. La Asociación de Organizaciones de Productores, integradas en el Comité de Gestión de Cítricos (AOPCC), acusa al Consell de conceder las ayudas por el pedrisco del pasado mes de julio sólo a cooperativas, excluyendo, así, a otras entidades. Las ayudas, que ascienden a 700.000 euros, serán aprobadas en el pleno de hoy y según aseguró ayer la asociación, ya se filtró el nombre de siete beneficiarios.