Confusión general con las exenciones fiscales agrarias de la Generalitat

Una de las últimas manifestaciones de agricultores celebrada en Valencia, reclamando, como es habitual, mayor atención de los organismos públicos para frenar el constante deterioro rural. / juanjo monzó
Una de las últimas manifestaciones de agricultores celebrada en Valencia, reclamando, como es habitual, mayor atención de los organismos públicos para frenar el constante deterioro rural. / juanjo monzó

La conselleria realizará una campaña divulgativa entre funcionarios y entes colaboradores, medio año después de aprobarse la normativa | Organismos del Consell y formaciones del sector no conocen cómo aplicar disposiciones en vigor de la Ley de Estructuras

VICENTE LLADRÓVALENCIA.

La ley de Estructuras Agrarias de la Comunitat Valenciana contempla una serie de exenciones del 99% en los impuestos de sucesiones, donaciones y transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados que en muchos casos no se están aplicando por desconocimiento de los interesados y, lo que es más grave, de los propios funcionarios de la Generalitat y profesionales colaboradores, que por lo visto no han sido convenientemente informados de las variaciones que deben tenerse en cuenta.

La ley fue aprobada por Les Corts Valencianes el 28 de febrero de este año, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV) el 6 de marzo y en el BOE el 21 de marzo.

Durante el proceso de gestación de esta ley, mientras era anteproyecto de la Conselleria de Agricultura, luego su largo paso por Les Corts, hasta su aprobación definitiva, gozó de grandes expectativas por parte de los dos partidos gobernantes en el Consell (PSPV-PSOE y Compromís), así como de los partidos de la oposición y de las organizaciones agrarias, cooperativas, comunidades de regantes y todo tipo de entidades del espectro agrario valenciano. Hubo grandes presentaciones en el Palau de la Generalitat, donde el propio presidente Ximo Puig capitalizó la indudable importancia de un texto legal destinado a reformar las estructuras agrarias valencianas e inyectar importantes inversiones públicas para poner en marcha medidas ambiciosas que pudieran revertir las graves carencias actuales.

Las organizaciones del campo tampoco tienen claro cómo aconsejar al afiliado en este terreno

En paralelo hubo numerosos actos por toda la geografía de la Comunitat Valenciana en los que se explicó, por parte de la Conselleria de Agricultura, el alcance de la normativa y los grandes objetivos que se buscaban. En resumen, la ambiciosa ley iba a corregir grandes problemas, a garantizar el relevo generacional, a promover explotaciones agrarias mejor dimensionadas y rentables... y a cambiar la tendencia negativa del sector, empezando por superar las limitaciones del minifundismo. Seis meses después, silencio.

La disposición final tercera dice que «esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el DOGV». Por tanto está en vigor desde el 7 de marzo de este año. Otra cosa es que, por falta de presupuesto y de voluntad política, no se ha desarrollado todavía ninguno de los puntos de la larga ley que necesitarán órdenes, reglamentos y disponibilidad de dinero para ponerlos en marcha. Como lo referente a la Red de Tierras, reestructuración parcelaria, planificación sectorial, mejoras de estructuras, etc.

Sin embargo hay una parte, la de los 'Incentivos a la Movilidad de la Tierra', las citadas exenciones fiscales, que no precisan ningún desarrollo normativo adicional. Están en vigor. Si acaso hará falta divulgación e instrucción para que se apliquen de verdad. El propio secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, ha confirmado a LAS PROVINCIAS que se deben aplicar desde el día siguiente de la publicación en el DOGV, sin más.

En cambio, funcionarios de la propia Conselleria de Agricultura remiten todavía a los interesados a los beneficios fiscales de la ley estatal de Modernización de julio de 1995, que llegan al 50% o el 75%, no al 99%, ni alcanzan a todo el abanico de casos que contempla la norma autonómica. No saben de ella, o creen que no está en vigor.

La confusión al respecto es generalizada. Para casos de arrendamientos rústicos, al liquidar el correspondiente Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, en Oficinas Liquidadoras pueden rechazar la exención del 99% que establece la ley para agricultores profesionales; se limitan a la ley estatal anterior e incluso hablan a veces de que la limitación de edad para un agricultor joven es de 35 años, cuando hoy son 40 cumplidos. Y en las OCAPAs, siguiendo iguales pautas antiguas, le pueden indicar a un joven que sólo tenía derecho a exención fiscal los primeros cinco años, después ya no.

En medio de un panorama tan confuso, que llega hasta las propias organizaciones agrarias, que tampoco lo tienen claro y aún creen que esta parte de la ley no está en vigor, el único estamento que está trabajando con eficacia real y va por delante es el de los notarios, que tienen claro que se pueden aplicar estas exenciones, aunque en ocasiones, ante el cruce de discrepancias con las Oficinas Liquidadoras, se ven obligados a elevar consultas sobre cómo obrar en algún punto, y como el desbarajuste está tan extendido, pasa el tiempo sin que los responsables interpreten y respondan para aclaración general.

Ante esta situación, la Conselleria de Agricultura prepara para este otoño una campaña divulgativa para aleccionar bien a todos los profesionales implicados sobre cómo proceder en cuanto a las exenciones en vigor. Es de esperar que, igualmente, comience a desarrollar los demás apartados de la ley que precisan ponerse en marcha, si es que los recortes presupuestarios lo permiten algún día.