Climent se aferra a revisar cada cuatro años la libertad horaria pese a los reparos del Estado

Varias personas pasan ante el escaparate de un comercio de la calle Colón. / damián torres
Varias personas pasan ante el escaparate de un comercio de la calle Colón. / damián torres

Las consellerias dan por bueno el cambio que cuestionó el PP y Economía espera que el nuevo Gobierno entierre el conflicto

INÉS HERRERO VALENCIA.

La última restricción de los horarios comerciales impulsada desde el departamento que dirige Rafael Climent, que incluye la revisión cada cuatro años de las zonas con libre apertura vigentes o las trabas a los llamados supermercados exprés para abrir en festivos, ya tiene el visto bueno de las consellerias afectadas y se someterá ahora a la Abogacía General de la Generalitat y al Consell Jurídic Consultiu antes de su aprobación definitiva.

La tramitación del reglamento que desarrolla la modificación normativa llamada a recoger el pacto del sector para cerrar uno de cada tres festivos en ciudades como Valencia o Alicante prosigue, pese a las críticas de las grandes superficies por ir más allá de lo acordado y utilizar un decreto para limitar la vigencia de la libertad horaria y endurecer más los requisitos exigidos a las tiendas de conveniencia o '24 horas'.

Mientras, desde el Consell se mira de reojo al nuevo Gobierno central, a la espera de que dé por buena la ley autonómica de comercio que el Ejecutivo del PP cuestionó por su posible inconstitucionalidad.

El reglamento con la última restricción se someterá ahora a la Abogacía y al Jurídic

En este sentido, desde Economía esperan que el Ejecutivo de Pedro Sánchez dé marcha atrás en el rechazo estatal a la ley que recoge esa restricción de la libertad horaria y retire la comisión bilateral que impulsó el Gobierno del PP para evitar los «problemas de constitucionalidad» detectados en hasta cuatro puntos de su modificación normativa.

El más peliagudo, que utilice una ley para cambiar las zonas de apertura. Pero también la caducidad cada cuatro años de la libertad horaria, cuestionada asimismo por las grandes superficies, los supermercados valencianos e, incluso, por la Abogacía General de la Generalitat.

Ese conflicto, incluido en las peticiones al nuevo Gobierno, estaba en el limbo, entre otras cosas porque la Secretaría de Estado de Comercio seguía vacante, incógnita que el Consejo de Ministros despejó ayer con el nombramiento de Xiana Méndez.

A la espera de que asuma sus nuevas responsabilidades y afronte asignaturas pendientes como los reparos a la ley valenciana, aprobada en Les Corts con los votos a favor de Compromís, PSPV y tres tránsfugas de Ciudadanos, la tramitación del controvertido reglamento va quemando etapas. La última, la fase de alegaciones al proyecto de decreto por parte del resto de consellerias.

Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, la inmensa mayoría no plantearon objeciones, como sucedió en el caso de Educación, Vivienda, Transparencia, Igualdad, Hacienda, Justicia, Agricultura o Sanidad.

Alegaciones de Presidencia

Únicamente desde Presidencia formularon una serie de propuestas, de escasa trascendencia, relativas a detalles formales como la sustitución de las menciones a la Agencia Valenciana de Turismo por una expresión genérica con motivo del próximo cambio de su denominación a 'Turismo Comunitat Valenciana'.

Se propuso también la inclusión de los festivales de música entre las circunstancias para autorizar la libre apertura, punto desestimado por ser parte de los acontecimientos de interés cultural que prevé la norma.

Desde la Generalitat, nadie cuestionó la revisión cada cuatro años de la libertad horaria, ni la exigencia a upermercados exprés de entre un 20 y un 30% de libros, periódicos y revistas; alimentación; discos, vídeos, juguetes y regalos; y artículos diversos, sin que ninguna supere un tercio de la superficie, o la potestad municipal de deshabilitar dos festivos. Ahora falta que el Estado y la Abogacía de la Generalitat muevan ficha.

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