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El Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, comparece en Comisión de Economía y Empresa en el Congreso de los Diputados. Europa Press
El Banco de España alerta del riesgo de no contar con una mayoría parlamentaria

El Banco de España alerta del riesgo de no contar con una mayoría parlamentaria

El gobernador cree que genera «incertidumbre» en la política económica y las reformas «necesarias», sin que se aproveche la fase actual de expansión

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Miércoles, 31 de octubre 2018, 19:49

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El Banco de España estiró este miércoles lo que pudo su tradicional neutralidad para abogar por la existencia de una mayoría política importante, con independencia de su signo. Para el gobernador de la institución, Pablo Hernández de Cos, la actual «fragmentación parlamentaria» está penalizando al país, al menos en términos económicos.

De un lado, dijo precisamente durante su primera comparecencia en el Congreso, porque genera «incertidumbre» sobre la política económica del Gobierno. Por otra parte, añadió, porque impide realizar las reformas estructurales «necesarias». Es más, ante las críticas veladas de algunos diputados por sus palabras, insistió en que «el aumento de la tensión política no es bueno para la economía y eso no es interpretable».

El gobernador, de hecho, teme que se pueda desaprovechar la etapa actual de expansión económica –que, dijo, comenzó en 2013 y ya ha permitido al PIB crecer 14 puntos– para hacer esas reformas y, además, «evitar la reversión» de las vigentes. Es la manera, apuntó, de tratar de recuperar la tasa de crecimiento potencial de la economía española, que antes de la crisis (2008) rondaba el 3% para quedar después de ella en el 1,5%, es decir, por debajo del promedio de las economías avanzadas.

También pidió a los responsables políticos que consigan ahora «el ahorro presupuestario necesario para afrontar períodos de crisis» que puedan darse en el futuro. Y es que los «elevados» niveles de endeudamiento público «prolongados» en el tiempo preocupan especialmente a Hernández de Cos, al estimar que penalizan el crecimiento y crean «debilidad» ante posibles cambios en los mercados internacionales. Por ello estima «prioritario» retornar cuanto antes al proceso de consolidación fiscal, acompañado a su vez de unas previsiones macroeconómicas y de ingresos «prudentes».

Sobre el mercado laboral abogó por reducir la temporalidad y la «excesiva rotación» en los trabajos, «sin por ello menoscabar la creación de empleo», sobre todo si son puestos de carácter indefinido. Sí puede terminar por resultar negativa en ese sentido -ve un riesgo «significativo» de que así ocurra- la subida anunciada del salario mínimo interprofesional (SMI), sobre todo entre los jóvenes y las personas de mayor edad sin formación -es decir, los menos productivos-, por lo que a su juicio aunque en algunos casos resultará positiva también puede generar desigualdad entre colectivos.

Las pensiones se 'comerán' el PIB

Por otro lado, el envejecimiento de la población es para el gobernador un «reto de primer orden» y por ello piensa que habría que acompañar las subidas anunciadas para las pensiones con «medidas adicionales por el lado de los ingresos o de los gastos del sistema» ante la «relajación» que parece pretenderse en «los mecanismos actuales de reequilibrio, sobre todo el índice de revalorización anual». En este sentido calculó que recuperar el IPC como referencia «estricta» para actualizar esas prestaciones supondría un coste superior a los tres puntos de PIB para las arcas públicas en el horizonte de 2050, pues su peso en el conjunto de la economía pasaría al menos del 12% al 15%.

No pudo evitar finalmente Hernández de Cos hacer referencia a la esperada decisión del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas y las consecuencias que puede tener para la banca, aunque en su intervención inicial no la mencionó. Eso sí, pese a la insistencia de varios diputados en que hiciera alguna estimación, dijo que debía ser «lo más prudente posible» y no dio cifra alguna. «Evidentemente el mercado hipotecario es fundamental para la economía», tanto para los ciudadanos como para las propias entidades -puntualizó-, por lo que «lo más importante es preservar la seguridad jurídica», con independencia de cuál sea el sentido de la decisión judicial.

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