Más tiempo para reforzar la operativa bancaria 'online'

El supervisor amplía el plazo para aplicar más filtros de seguridad, que vencía este sábado, debido a la complejidad de adaptar los sistemas

JOSÉ M. CAMARERO

madrid. A partir del próximo domingo, los clientes de las entidades financieras que operen por internet (vía móvil o a través de las páginas 'web') iban a tener dos filtros de seguridad para poder realizar las transacciones habituales, como la emisión de una transferencia entre cuentas bancarias. Así lo establece la directiva europea de servicios de pago (PSD2). Y así lo han venido comunicando una buena parte de los bancos a sus usuarios durante las últimas semanas.

El cambio no es baladí para el día a día de muchos clientes bancarios. Porque hasta ahora, para acceder a una cuenta corriente por internet bastaba un usuario y una contraseña o, en su defecto, algún tipo de autenticación biométrica como la lectura de la huella dactilar o el reconocimiento del iris; o una tarjeta de coordenadas; o un mensaje de texto. Sin embargo, la UE quiere que los medios de pago estén más protegidos y no será suficiente con solo uno de esos sistemas, sino que será necesario combinar dos de ellos para reforzar el sistema de seguridad.

Sin embargo, el Banco de España ha decidido «conceder un tiempo adicional limitado» que permita a las entidades migrar hacia soluciones tecnológicas necesarias que cumplan con los requisitos de mayor seguridad para reducir el fraude a la hora de operar de forma virtual con el banco. Es la exigencia de la directiva PSD2, cuya obligación entraba en vigor este sábado día 14. Sin embargo, a la vista de «la complejidad de los cambios a introducir», la Autoridad Bancaria Europea indicó que permitiría a los supervisores nacionales ampliar los plazos inicialmente previstos por la normativa.

Ahora, el Banco de España prorroga los plazos, al igual que otras instituciones europeas, que lo han hecho desde los 12 a los 18 meses, un periodo con el que el supervisor español podría tener en cuenta para que la banca y todos los operadores de servicios de pago adapten sus sistemas a la ley.