La parálisis del Gobierno se ceba con los autónomos que no cobran el paro cotizado

Un albañil autónomo en plena jornada. /LP
Un albañil autónomo en plena jornada. / LP

Sólo el 34% de los valencianos recibe la prestación solicitada y la comisión para mejorar el acceso a la ayuda sigue sin constituirse

ELÍSABETH RODRÍGUEZ

La dificultad de los autónomos para cobrar su paro –es decir, la prestación por cese de actividad– sigue lejos de arreglarse pese a los anuncios del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez. Y, es que, la parálisis del Ejecutivo mantiene en pausa la creación de la comisión que debía facilitar el acceso a esta ayuda por la que todos los trabajadores por cuenta propia se ven obligados a cotizar desde la reforma legislativa del pasado año. Esta nueva norma no sentó precisamente bien al colectivo. «La prestación por cese de actividad es un fraude de ley», ha expresado en más de una ocasión el presidente de ATA, Lorenzo Amor, quien denuncia que se quiere obligar a estos trabajadores a cotizar por una prestación que, según él, en realidad «no funciona».

En concreto, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto con la subida del 1,25% de la base mínima de cotización hasta los 944,35 euros al mes. Es decir, el tipo de cotización pasa a ser del 30%, con lo que los autónomos personas físicas están pagando desde el 1 de enero 5,36 euros más al mes –64 euros más al año–.

En la Comunitat, 128 trabajadores por cuenta propia están sin cobertura pese a haberla pagado  

En el caso de los autónomos valencianos, sólo el 34% de los que solicitaron dicha prestación en lo que va de año han resultado beneficiarios. En concreto, sólo 66 personas reciben el paro frente a las 194 que lo solicitaron. Es decir, 128 trabajadores autónomos en la Comunitat no han percibido la prestación por cese de actividad pese haber cotizado por ella.

En cuanto al ejercicio 2018, un total de 344 valencianos solicitaron su paro y sólo lo recibieron 156. Además, hay 25 expedientes pendientes de resolver todavía correspondientes al pasado año, mientras que de 2019 hay 30 por determinar, según los datos que ha facilitado la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) a LAS PROVINCIAS.

La norma exige unas pérdidas de facturación del más del 10%, algo inasumible según ATA  

Entre los requisitos para poder recibir las prestaciones se incluye la necesidad de tener unas pérdidas del 10% respecto a la facturación en un año para poder cesar la actividad por causas económicas. Según critican desde la patronal, esto es excesivo porque los autónomos no pueden aguantar ese tiempo con pérdidas. «Los motivos económicos son los mayoritarios dentro de las solicitudes y en lugar de proteger a aquel que prácticamente no está ganando nada y tiene que cerrar, se le ponen exigencias económicas», han indicado en varias ocasiones desde la asociación.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social anunció que pondría en marcha la comisión paritaria para decidir sobre las solicitudes negativas de prestación. «Las comisiones que dijo el Gobierno que se iban a crear para solucionar este aspecto todavía no están», afirma Amor, quien ante esta situación indica que hay «muy poco tiempo» para aquellos que se han incorporado de forma obligatoria desde el 1 de enero y que tienen que estar «un año de carencia cotizando». «Si no se soluciona este año, la prestación por cese de desempleo seguirá siendo un fraude», sentenció el dirigente en una de sus visitas a Valencia.

Cuando las organizaciones del colectivo –ATA y UPTA– llegaron a un acuerdo el pasado mes de noviembre con el Gobierno para subir un 1,25% la base mínima, el Ministerio de Trabajo indicó que el porcentaje final no estaba cerrado y que oscilará entre el 29,8% actual y el 31,4% que planteó el Ejecutivo y que fue rechazado por las asociaciones. Sin embargo, tanto ATA como UPTA afirmaron que también se había llegado a un pacto para que la subida de las cotizaciones se hiciera de forma gradual. Así, en 2019 los tipos se elevarían apenas dos décimas hasta el 30%, pero el alza llegaría al 30,3% en 2020, al 30,6% en 2021 y en 2022 escalarían al 30,9%.

A cambio de este aumento del gasto, los autónomos cobrarán la prestación por incapacidad temporal causada por accidente de trabajo o enfermedad profesional desde el primer día de baja y dejarán de abonar su cuota a partir del segundo mes de estar de baja por enfermedad común. Se trata, por tanto, de otra cesión del ministerio, que planteó la exención de cuota pero a partir del tercer mes, algo que estas asociaciones era una línea roja.