La Generalitat dispara su morosidad con los autónomos valencianos hasta incumplir la legalidad

La Generalitat dispara su morosidad con los autónomos valencianos hasta incumplir la legalidad

El Consell aumenta en ocho días el retraso a la hora de pagar y supera el plazo que permite la norma desde la emisión de la factura

Á. MOHORTE VALENCIA.

Parece que para algunos comprar no es pagar, al menos en tiempo y forma. Los autónomos valencianos padecen retrasos en los pagos más allá del límite legal desde la Administración pública y desde la empresa privada. Esto es lo que denuncia la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) en su último informe semestral de morosidad.

Aunque son las empresas de la Comunitat en su conjunto las que más tardan en abonar sus facturas a los trabajadores autónomos, con una media de 71 días (tras bajar una jornada entre el primer semestre de 2017 y el de 2018), es la Generalitat la que ha ofrecido un peor ejemplo al comparar los primeros semestres. Entre un año y otro ha pasado de pagar en un plazo de 55 días a hacerlo en 63, una diferencia de 8 días y tres por encima del máximo legal.

Sólo tres comunidades autónomas están por encima de los 60 días de media de periodo de pago. Cantabria es la que más tarda, con 73 días. La región de Murcia es la segunda, con 66 jornadas, siendo la tercera incumplidora la Comunitat Valenciana. Como recuerdan desde ATA, la trasposición de la Directiva Europea sobre la Morosidad a España contempla la posibilidad de realizar la revisión de la factura hasta en los 30 días posteriores a su presentación y ofrece otros 30 para realizar el pago. Así, los plazos medios de pago con los autónomos de las administraciones públicas actualmente son de 70 días, tan sólo un día menos que en el primer semestre de 2017.

La Diputación de Valencia es quien más retraso suma, mientras cumplen el plazo los mayores ayuntamientos

Volviendo al caso de las instituciones valencianas, la actitud va según cual se coja. En el caso de las diputaciones provinciales, las de Alicante y Castellón cumplen de modo casi ejemplar y abonan sus facturas en una media de 34 y 35 días. Por contra, la de Valencia dobla este plazo y se planta en un retraso de 77 días, 17 más que el plazo legal.

En lo que se refiere a los principales consistorios, también hay de todo. Mientras Alicante y Torrent están entre los más cumplidores del país con 26 y 29 días, respectivamente, en la treintena están Valencia (37) y Gandia (39). Castellón requiere de 42 jornadas; Elche, 50; y Torrevieja, 56. La tarjeta roja la obtiene Orihuela, que sobrepasa el límite legal y se pone en 62 jornadas.

A escala estatal, la media de los periodos de pago de las administraciones autonómicas ha sido la única que se ha visto reducida en el último año y se fija en 45 días, estando dentro de los 60 que establece ahora la ley. «Cabe destacar el esfuerzo de las administraciones autonómicas que han reducido en un año sus periodos medios de pago un 17%, pasando de los 54 días de junio de 2017 a los 45 en junio de 2018. Por su parte, la Administración central también ha disminuido sus periodos medios de pago a lo largo del último año en casi dos semanas, y consigue entrar en los plazos que establece la ley de morosidad, hasta quedar en 55 días.

Así, las administraciones locales en su conjunto pagan de media sus facturas a los autónomos en más de tres meses, concretamente 95 días (frente a los 88 de junio de 2017), siendo la única que incumple plazos y que lejos de querer reducirlos sigue poco a poco aumentando día.

Para la realización de este informe la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, utiliza para el cálculo del periodo medio de pago la fecha de emisión de facturas o entrega de mercadería hasta su pago efectivo, metodología diferente a la utilizada por el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que utiliza desde la convalidación de la factura por parte de la administración competente hasta el pago efectivo. Esto da un margen de entre 28 y 32 días que es lo que se tarda de convalidar las facturas por parte de las Administraciones.