Más de 80 asociaciones y ayuntamientos preparan una ofensiva contra proyectos renovables en la Comunitat

La Plataforma por la Ubicación Racional de las Energías Renovables ha trasladado a les Corts y a numerosos municipios una moción de posicionamiento contra esta normativa que, entre otras medidas, prohíbe que los consistorios puedan suspender la licencia de obra de un proyecto renovable que ya cuenta con todos sus permisos ambientales y de construcción. Tal y como ha podido saber este periódico, la recopilación de mociones sigue creciendo y, de momento, tienen que acabar de recibir los datos de 74 asociaciones, que son las que reportan las quejas de sus comarcas. Entre los que apoyan esta iniciativa se encuentra Compromís, que ha mandado una circular a todos sus concejales instándoles a apoyarla y, si puede ser, a presentar la moción en sus respectivos plenos.

El bloqueo por parte de los ayuntamientos es un conflicto que lleva tiempo en marcha pero que el Consell trataba de aplacar con su nueva normativa. Hace poco más de una semana, el sector alertaba en el IV Congreso Nacional de Energías Renovables, organizado en Valencia, de cómo esta situación puede ahuyentar la llegada de otras industrias a la Comunitat Valenciana, debido a la importancia cada vez mayor que las grandes compañías le dan a la existencia de energía renovable para el suministro de su actividad a un menor coste.

Esta misma idea la destacó Marc Rechter, asesor de la Comisión Europea y cofundador y CEO de MCPV y miembro de la European Solar PV Industry Alliance, en declaraciones a LAS PROVINCIAS, tras realizar su intervención en el congreso. «Valencia tiene todo el potencial para desplegar renovables y atraer a otras industrias, pero si la regulación no está clara y no facilita su desarrollo, los inversores se van a ir a otro sitio obviamente», explica a este periódico. En ese sentido, considera que tanto la Comunitat, como España y toda Europa corren el riesgo de perderse la nueva revolución industrial que está siendo liderada por China y EE UU.

Por otro lado, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anunció en ese mismo congreso otro plan para impulsar la tramitación de proyectos de energía renovables por parte de la Generalitat, encargada de las plantas fotovoltaicas de menos de 50 megavatios de potencia. Las medidas principales será la incorporación de más técnicos y mantener las deducciones fiscales para el autoconsumo. Además, avanzó que la Generalitat presentará pronto un nuevo Plan Director Energético que contemplará el impulso a las instalaciones que incluyan las comunidades energéticas locales para que todo municipio «pueda tener al menos una» en los próximos años.

Por lo que respecta al decreto del Consell, contra el que se está preparando la macro ofensiva, también contempla la eliminación de los criterios de implantación de instalaciones fotovoltaicas en suelos cartografiados por el Instituto Cartográfico Valenciano como de alta y muy alta capacidad agrológica. Con ello, la conselleria estudiará el terreno en cada caso para evaluar su valor agrológico actualmente, ya que las clasificación del instituto data ya de 30 años y está desactualizada en algunos casos.

Pero la Comunitat no es la única región que cuenta con una elevada oposición social y municipal a este tipo de proyectos. Las organizaciones Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF, junto a la plataforma territorial Paisajes de Teruel, se han unido para transmitir su oposición al proyecto Clúster Eólico Maestrazgo (Teruel) mientras defienden una implantación de las energías renovables «compatible con el territorio». Las organizaciones mencionadas se unen para firmar un Manifiesto en favor de la biodiversidad y en contra del Clúster Maestrazgo.

Esta iniciativa también incluye a la Comunitat Valenciana, ya que el Clúster Eólico Maestrazgo constituye un proyecto de generación eléctrica de grandes dimensiones, cuyas instalaciones se extienden por las comarcas turolenses del Maestrazgo y Gúdar-Javalambre y cuyas líneas de evacuación recorren el Alto Maestrazgo de Castellón hasta la estación eléctrica de Fraiximeno, en Morella. «Esta instalación amenaza de manera directa la preservación de la biodiversidad al ubicarse dentro de lugares con figuras de protección natural, o en zonas muy próximas a ellas, y con alta presencia de especies de aves recogidas dentro de los catálogos de especies amenazadas. El proyecto refleja cómo, aún hoy, existen proyectos de energías renovables que se proyectan y desarrollan sobre zonas de alta sensibilidad ambiental y/o social en nuestro país», explican.

No obstante, desde la Generalitat señalan que estas oposiciones se basan en criterios emocionales y no técnico-ambientales. El secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida, aseguró durante su participación en el Congreso que al llegar a la conselleria se encontró con algunos técnicos «en contra» de que se pongan plantas fotovoltaicas en ciertos territorios donde ellos tienen una carga emocional. «Y lo que antes era un permiso se convierte en una pesadilla para el promotor. Eso se resuelve con seguridad jurídica», agregó.