Los arroceros plantan cara a Bruselas

El Consejo de Ministros de Agricultura de la UE ha aprobado la aplicación de una cláusula de salvaguardia a las importaciones de arroz de Camboya y Myanmar, lo que se traduciría en imponerles aranceles y representa un importante hito en la lucha de los agricultores europeos frente a las importaciones agrarias masivas.

No es todavía un acuerdo con el rango de tener que aplicarse. La decisión final queda ahora en manos de la Comisión Europea, pero sería muy contraproducente que el Ejecutivo de Bruselas actuara en contra de lo que ha votado una mayoría cualificada de los Estados miembros, cuando además se entendería que desoye a los propios países productores y directamente perjudicados.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), que ha participado activamente en este asunto a través del presidente de su sectorial arrocera, Miguel Minguet, ha advertido que lo que se ha aprobado ya representa un gran logro, y lo que decida ahora la Comisión «supondrá un precedente para otros cultivos que están igualmente afectados por situaciones de competencia desleal». En el horizonte se encuentran todos los ventajosos acuerdos hortofrutícolas que la UE ha venido concediendo a países terceros, lo que ha favorecido sus ventas en Europa a cambio de erosionar las de los propios agricultores europeos.

Un total de 13 países, entre ellos los productores europeos de arroz, como son España, Italia, Portugal, Francia y Grecia, han apoyado esta reivindicación histórica del sector, mientras que del resto de estados miembros votaron en contra ocho y se abstuvieron siete. Un resultado que deja la decisión final en manos de la Comisión Europea, que tendrá que pronunciarse al respecto en las próximas semanas.

La aplicación de la cláusula de salvaguardia, que el sector arrocero europeo viene reivindicando desde hace años, supondría reintroducir aranceles durante tres años (175 euros por tonelada el primer ejercicio, 150 euros el segundo y 125 euros el tercero) para compensar los bajos precios de venta del arroz de Camboya y Myanmar y reducir sus diferencias frente a los mayores costes europeos.

AVA ha otorgado a esta votación una gran importancia «porque todos los países productores de arroz han decidido unir sus fuerzas en un frente común para lograr la aplicación de una cláusula de salvaguardia, lo que no solo contribuiría a mejorar la maltrecha situación de los arroceros europeos sino que, además, sentaría un precedente para otras producciones cuya rentabilidad en el campo se está viendo seriamente perjudicada por la competencia desleal de terceros países».

La propia Comisión Europea, a la que compete ahora decidir, ha reconocido en diversas ocasiones, según recuerda AVA, «el devastador impacto que las masivas importaciones de arroz desde Camboya y Myanmar han provocado desde que se pusiera en marcha el acuerdo 'Todo menos armas', que suprimió los aranceles a su arroz con destino a Europa».

Según cifras oficiales, los envíos arroceros desde dichos países a la UE se han multiplicado por 40 en los últimos cinco años, al pasar de 9.000 toneladas en 2012 a 360.000 en 2017.

Miguel Minguet, que es actualmente vicepresidente del COPA-Cogeca (organismo que integra a las organizaciones y cooperativas agrarias ante la UE), ha advertido que «además de colapsar estas masivas importaciones los mercados europeos del arroz y hundir los precios en origen, las consecuencias también se han dejado sentir en ambos países asiáticos, en forma de explotación laboral y violación de derechos humanos».

Minguet fue el único representante español que asistió a un acto celebrado días atrás en Bruselas para impulsar la aprobación de esta cláusula de salvaguardia. A lo largo de los últimos meses, Minguet también ha mantenido diversas reuniones con representantes del Consejo de Agricultura de la UE, de la Comisión y europarlamentarios, con el objetivo de explicar reiteradamente las razones de los productores arroceros españoles y europeos.

Según ha resaltado el propio Minguet, «la persistente campaña reivindicativa que estamos ejerciendo en los foros europeos empieza a surtir efecto; la votación ha puesto de manifiesto, por un lado, la coincidencia de todos los países productores de arroz del perjuicio que está comportando la firma de un acuerdo internacional sin estudiar previamente el impacto que puede causar y, por otro lado, la falta de solidaridad que demuestran los demás países europeos al primar sus intereses comerciales a la supervivencia del sector arrocero. Hace falta mucha más solidaridad entre los países y la Comisión debería reflexionar sobre la Europa que quiere, porque ciertas actitudes y legislar de espaldas a la ciudadanía es lo que está generando el euroescepticismo y un mayor extremismo».