Agricultores que no quieren denunciar que les estafan

Una avalancha de incumplimientos de contratos inunda la citricultura valenciana, para terminar de componer el peor año que se recuerda en el sector. Para muchos productores representa la gota que hace rebosar el vaso, la puntilla que marcará mayor abandono; el 'cerrar el grifo', como se suele comentar en los pueblos.

Los incumplimientos de contratos más habituales consisten en la imposición de descuentos de elevados porcentajes de fruta recolectada en su día y que no se paga en la liquidación final bajo el subterfugio de que no estaba en condiciones comerciales. Sin embargo han transcurrido varios meses (a veces seis o siete) desde que se recolectó y en ningún momento hubo comunicación de que una parte de la fruta no era apta, ni se dio opción al dueño de la misma para acudir a contrastar tal extremo. Se entera ahora, varios meses después, lo que no tendría validez ante cualquier instancia como para hacerse efectivo tal descuento. Es más, si se recolectó todo y no se dijo nada, será porque todo se dio por válido. Encima de incumplirse los plazos máximos de pago que fija la ley, los recortes injustificados.

Luis Carbonell y Diego Torres, abogados de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), advierten de que a pesar de tratarse de incumplimientos muy claros y fáciles de demostrar, muchos citricultores que los sufren no están por la labor de denunciarlos en los juzgados. Lo más habitual es que, tras un primer momento de indignación por sufrir una estafa y de mostrar voluntad de 'ir a por todas', se prefiera quedarse en enviar requerimientos y no llegar a más. La razón principal es que los afectados temen que plantear demandas judiciales sirva de poco, les cause más molestias y al final acaben perdiendo más, porque han de empezar adelantando dinero para el proceso, y también suele ocurrir que cuando llega el momento, el comprador pueda haber cambiado de situación legal y se libre de pagar. Hay, por otro lado, contratos en los que se da la opción de acudir a un arbitraje en la Cámara de Comercio correspondiente, pero eso también tiene fuertes gastos y el agricultor puede deducir que no vale la pena.

La casuística es muy amplia y Carbonell y Torres señalan que la mayoría de los agricultores ni siquiera se leen bien los contratos que firman, ni se aseguran de que los que los firman de la otra parte tienen la representación legal adecuada. En ocasiones se encuentran con que los afectados firmaron su consentimiento a sufrir cualquier clase de descuento final, y no se enteraron.

De todas formas, esta amplísima situación de injusticia debería hacer reflexionar a las autoridades competentes sobre la necesidad de poner orden de verdad y aceptar que la ley de la cadena agroalimentaria, que con tanto bombo se presentó, sirve de poco a la hora de la verdad.