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La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, esta semana en Lisboa. EFE/Tiago Petinga/LUSA
Los afectados por ERE de más de 55 años acordarán con la Seguridad Social su finiquito

Los afectados por ERE de más de 55 años acordarán con la Seguridad Social su finiquito

El proyecto del Gobierno busca acabar con los incumplimientos de pago por las empresas para preservar gran parte de la pensión de los afectados

L. PAVÍA

Jueves, 7 de febrero 2019, 00:36

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valencia. Los trabajadores mayores de 55 años afectados por un ERE serán quienes activen el convenio especial y lleven a cabo un acuerdo directo con la Tesorería de la Seguridad Social (SS) para asegurar el pago de las cotizaciones por parte de su empresa hasta su edad de jubilación anticipada. Así lo especifica un proyecto de Orden Ministerial, de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social relacionado con el convenio especial en el sistema de SS. De esta manera, la compañía recibirá una copia del acuerdo y una notificación donde aparezca reflejada la cantidad económica total que deberá cubrir.

Esta medida se aprobó como consecuencia de los impagos por parte de las empresas y el incumplimiento a la hora de cubrir las cotizaciones de estos trabajadores, con un efecto directo en el cobro de sus pensiones. Según el secretario técnico de la asesoría jurídica del Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Mario Martín, «esta normativa busca asegurarse de que la compañía cumpla con sus obligaciones al prescindir de ella y derivar en el trabajador la tarea de pactar el convenio con la Seguridad Social». El objetivo es que «los empleados mayores de 55 años cuenten con las cotizaciones suficientes cuando llegue el momento de su jubilación anticipada».

Tanto Martín como la secretaria de Acción Sindical de UGT-PV, Lola Ruíz, señalan que esta obligación, presente en el artículo 51.9 del estatuto del trabajador, no es ninguna novedad ni busca añadir nuevas cargas a la empresa, sino «acabar con los incumplimientos». Además, Ruíz añade que la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, «quiere articular normas que eviten que el trabajador arremeta contra la Seguridad Social» ya que, «aunque la empresa sea quien incumpla el convenio, su obligación es recaudar el dinero».

Con esta modificación, la Administración espera aumentar la recaudación en 7,5 millones al año

En cuanto a las consecuencias de esta medida, la secretaria de Acción Sindical añade que «en el peor de los escenarios, las empresas despedirán a gente más joven para reducir gastos y, en el mejor, se lo pensarán dos veces antes de hacer un ERE». Por su parte, la abogada del área laboral de Cuatrecasas, Victoria Villanueva, señala que las empresas que se encuentran en situación concursal quedan exentas de este convenio especial y que «no se trata de incrementar los costes de las empresas, sino de hacer cumplir una obligación que ya existía». Además, explica que se trata de «un coste que la empresa debe tener previsto cuando planifica una medida de reestructuración y ajuste de la plantilla como es el ERE».

Por otro lado, Villanueva advierte de que «la contratación de mayores de 45 años en muchas empresas ya es complicada debido a la protección especial con la que cuentan los trabajadores a partir de los 50». En este sentido, señala que «se protege el mantenimiento del empleo de los trabajadores de esta edad pero a su vez esta medida obstaculiza su contratación».

Asimismo, la secretaria de política social y juventud de CC.OO. -PV, Ana Belén Montero, lamenta que «la norma hace recaer en el trabajador la responsabilidad de suscribir el convenio especial cuando hasta ahora era el empresario quien se encargaba de ello». De esta manera, aunque Montero considera «bienintencionada» esta medida, advierte de que «desmotiva al empresario a la hora de cumplir con sus obligaciones y dificulta que pueda ser sancionado». Además, señala que «si el trabajador desconoce el proceso y la empresa no tiene la obligación de abonar esas cotizaciones, es injusto para el empleado».

Con esta modificación de la Orden Ministerial, la Seguridad Social espera aumentar en un 10% el número de convenios hasta elevar los ingresos por cotizaciones en 7,5 millones de euros al año. Hasta ahora, las sanciones impuestas a las empresas que incumplían esta obligación alcanzaban los 187.515 euros como máximo.

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