Adiós definitivo a las cabinas telefónicas

Cabina telefónica en Valencia./Damián Torres
Cabina telefónica en Valencia. / Damián Torres

Las guías de teléfonos también dejarán de existir

EUROPA PRESS

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha respaldado la propuesta de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital (Sesiad) de modificar el servicio universal de telecomunicaciones para suprimir la obligación de mantener las cabinas, un servicio de información telefónica para todos los usuarios y guías telefónicas de uso público.

En su informe sobre el Proyecto de Real Decreto que modifica e Reglamento del Servicio Universal, la CNMC valora «positivamente» el objetivo de este reforma y recuerda que en anteriores resoluciones e informes ya remarcaba que «no existen razones de mercado actualmente para seguir garantizando la prestación« de estos elementos como parte del servicio universal.

«Es decir, que ni la puesta a disposición de los abonados al servicio telefónico público de una guía general de números de abonados; ni la puesta a disposición de todos los usuarios finales, al menos de un servicio de información general sobre números de abonado; ni la existencia de una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago tendrían justificación de mercado para existir«, explica la CNMC en su blog.

En concreto, señala que la guía general de números de abonados es un servicio que ha sido progresivamente sustituido por las guías en formato electrónico o por buscadores 'online' de números de teléfono, pero que Telefónica sigue estando obligada a prestar hasta el 31 de diciembre de 2018.

La operadora también tiene que encargarse hasta finales de este año de las cabinas públicas, un servicio para el que la CNMC, a través de diversos informes, ha pedido su supresión como elemento perteneciente al ámbito del servicio universal, «al constatar el progresivo abandono de su uso, en términos de tráfico de llamadas, de ingresos y de distribución territorial de su uso«.

Respecto a los servicios de consulta sobre números de abonado, recuerda que desde 2011 no se ha convocado concurso alguno para designar al prestador de este servicio, que hasta entonces tenía encomendado Telefónica, «por considerarse que el mismo ya está siendo garantizado por el mercado».

En su informe, la CNMC ve aconsejable suprimir estos servicios modificando la Ley General de Telecomunicaciones en este punto, una norma de rango superior jerárquico al Reglamento del Servicio Universal. Sin embargo, reconoce que el Ministerio podría no designar a ningún operador para la prestación de estos elementos sin necesidad de modificar el Reglamento del Servicio Universal, ya que basta con no licitar el servicio «y el efecto práctico sería el mismo».

Real Decreto

El proyecto de Real Decreto del pasado 15 de abril señala que la situación actual del sector de las comunicaciones electrónicas «permite constatar que algunas de las prestaciones incluidas en el servicio universal de telecomunicaciones van cayendo en un progresivo desuso«.

Por esta razón, prevé suprimir como prestaciones incluidas dentro del servicio universal la elaboración y puesta a disposición de guías telefónicas, la necesidad de una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago (cabinas) y la existencia de un servicio de consulta sobre números de abonado.

El borrador alude a que estas actuaciones se encuentran en línea con las medidas tomadas en el resto de países de la Unión Europea y que el nuevo marco normativo comunitario --el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas-- no contempla ninguna de estas prestaciones dentro del servicio universal.

No obstante, el borrador dispone de una disposición adicional que garantiza las llamadas al servicio de consulta sobre números de abonado para personas con discapacidad visual, que podrán seguir disfrutando de 10 llamadas mensuales gratuitas a este servicio, una medida que la CNMC considera que se ajusta a derecho.

Aunque la obligatoriedad de prestar este tipo de servicios expiró hace dos años, el Gobierno decidió prorrogarlo hasta 2018, pese a que ningún operador concurre a concurso para su gestión. Por ello, Telefónica, en su situación de antiguo monopolio, sigue siendo la encargada de prestarlo.

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