Los apartamentos turísticos ilegales desbordan a la Generalitat

Los apartamentos turísticos  ilegales desbordan a la Generalitat

Causan quejas vecinales, denuncias de hoteleros por competencia desleal y generan economía sumergida ante un Consell descoordinado

ELISABETH RODRÍGUEZ

Un sinfín de quejas vecinales, el clamor del sector hotelero valenciano e, incluso, la confrontación en el seno del propio Consell son las tres principales consecuencias de lo que algunos llaman 'turismo ilegal' y otros prefieren llamarlo 'economía colaborativa'. Sea cual sea su nombre, lo cierto es que ha levantado una fuerte polémica tanto en la Comunitat como en el resto de España y Europa.

Uno de los indicadores más sintomáticos de este fenómeno reside en la convivencia vecinal. Son varias las asociaciones de vecinos que denuncian una constante pesadilla por la presencia de turistas poco cívicos alrededor de sus casas. El caso más sangrante se vive en el distrito de Ciutat Vella, sobre todo en los barrios del Carmen -donde los vecinos calculan que hay 2.700 apartamentos turísticos entre legales e ilegales-, la Seu y el Mercat. Las molestias llegan al punto de que no pocos vecinos están pensando en hacer las maletas y salir del centro. Algo que ya ha pasado en Ruzafa.

Los tribunales tumban una multa de 30.000 euros impuesta a Airbnb

Cataluña ha sido la primera autonomía que ha intentado sancionar a una página de economía colaborativa. El Govern multó con 30.000 euros en 2014 a Airbnb por ofertar alojamientos turísticos de viviendas que no estaban inscritas en el registro para esta actividad. Es decir, por ser calificadas de «ilegales». Aquella primera multa hacía prever futuras sanciones a este tipo de plataformas digitales, que han puesto en pie de guerra a todo el sector turístico español por considerar que contribuyen a la competencia desleal. Sin embargo, el ejemplo de Cataluña se ha tornado en contra de estas iniciativas reguladoras: el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 11 de Barcelona anuló, el pasado mes de diciembre, la multa de 30.000 euros impuesta a Airbnb, tras ser remitida a él por el TSJ catalán. La sentencia argumenta que la clave está en el vacío legal: «Ofrecer intermediación no está anudado a la exigencia de una habilitación turística específica».

Ante esta situación, algunos residentes han optado por hacer pública su denuncia. En algunas fachadas del centro se pueden observar carteles en los que se advierte de la ilegalidad de estos apartamentos, desprovistos de cualquier tipo de requisitos mínimos de seguridad y calidad. Fiestas noche sí y noche también, llamadas al timbre de particulares a altas horas de la madrugada y ruidos de todo tipo son algunas de las escenas que hacen imposible el descanso de los habitantes.

El Ayuntamiento, por su parte, inició varias medidas para tratar de combatir esta problemática como, por ejemplo, la limitación de apartamentos por zonas o la contratación de diez personas para peinar algunos barrios y censar este tipo de viviendas. También ha reclamado al Consell competencias para poder sancionar y cerrar aquellos apartamentos que no cumplen con la ley. Además, está elaborando una normativa que se incluirá en el Plan General de Ordenación Urbana.

No obstante, las asociaciones vecinales consideran insuficientes las acciones emprendidas hasta ahora y reclaman más. A día de hoy, en la capital hay más de 5.000 viviendas turísticas que no están inscritas en el Registro de Empresas, Establecimientos y Profesiones Turísticas de la Comunitat, según revela el Plan Estratégico de Turismo 2017-2020 impulsado por el ayuntamiento de la capital. En concreto, sólo hay alrededor de 1.000 inmuebles registrados.

Competencia desleal

Los empresarios dedicados al alojamiento turístico legales son otros de los grandes afectados por este fenómeno. Las distintas patronales hoteleras denuncian que bajo el amparo de la denominada 'economía colaborativa' se ejerce competencia desleal, ya que -según señalan-, los propietarios de estas viviendas arrebatan importantes cuotas de mercado con la ventaja de no asumir ningún tipo de obligación fiscal. Según el presidente de la Federación de Hoteles de la Comunitat, Luis Martí, el «25% de todas las plazas que se ofertan son ilegales».

Según Martí, dicha competencia desleal tiene una consecuencia «aún más perniciosa»: los alojamientos que sí cumplen con la normativa tienden a bajar precios para poder competir con la oferta sumergida, lo que hunde aún más la débil rentabilidad del sector valenciano.

La Junta exige el registro del inmueble, pero no sanciona a las web

En el caso de Andalucía también se han emprendido acciones reguladoras sobre los apartamentos. Sin embargo, la Junta no ha abierto expedientes a este tipo de plataformas, pese a la insistencia del sector. «Estamos pidiendo que se sancione a estas páginas porque fomentan el fraude, todos los alojamientos deben contar con las mismas obligaciones. La junta no ha respondido todavía a nuestra petición», cuenta el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón, quien, por otra parte, valora de manera positiva el decreto que lanzó el gobierno andaluz en marzo del pasado año. «Andalucía ha mejorado como destino a al hacer que estos apartamentos surjan de esa oscuridad, ya que, el turista puede reclamar ante la administración por cualquier problema que le surja», afirma. Callejón estima que sólo en la provincia de Málaga, un total de 9.000 viviendas se dieron de alta gracias a la nueva regulación.

En esta misma línea se pronuncia Hosbec, la patronal hotelera de Benidorm y la Costa Blanca. La asociación señala que el crecimiento de la ocupación se vio frenado en 2016 por la proliferación de la oferta de particulares. En concreto, la ocupación de los apartamentos turísticos de Benidorm se situó en el 73,9% de media. «A pesar de que se ha incrementado más de cinco puntos respecto al 2015, esta modalidad no ha crecido de una forma más importante debido directamente a la comercialización irregular del alojamiento en viviendas privadas», sentencia la organización, que añade que los británicos predominan en la adquisición de este tipo de ofertas, con una cuota del 65,9%.

Ante este problema, que también afecta a otros destinos de la Comunitat como Alicante, surge la pregunta lógica: ¿qué ha hecho el Consell al respecto? La Secretaría Autonómica de Turismo, dirigida por Francesc Colomer, tramita la llamada Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad, cuyo objetivo es acabar con la clandestinidad de estas viviendas y combatir, así, la economía sumergida. «No se puede confundir la libertad de empresa con la picaresca ni con la competencia desleal», sentencia.

Dicha normativa obliga a los propietarios a inscribir su vivienda en el registro, así como cumplir con unas condiciones mínimas de calidad. Pero, al margen de la regulación, ha sido la Agencia Valenciana de Turismo -dependiente de la secretaría- la que ha ejercido el papel sancionador. Fue en febrero del año pasado cuando Francesc Colomer anunció la apertura de 24 expedientes a ocho compañías, entre ellas Airbnb, Bookin y Fotocasa, por ofertar apartamentos que no estaban registrados. Hace poco más de una semana, el secretario decidió que el expediente acabara en una multa de 30.000 euros que puede ser incluso superior con la próxima normativa.

Sin embargo, desde el departamento de turismo autonómico no imaginaban que otro órgano de su mismo gobierno sembraría la discordia respecto a este tema. Hace dos semanas, la Comisión de Defensa de la Competencia de la Generalitat -dependiente de la conselleria de Economía- publicó un informe en el que exigía a la Secretaría Autonómica de Turismo que retirara la obligatoriedad de que dichas viviendas estén inscritas en el registro. Además, también cargaba contra el Ayuntamiento de Valencia por imponer a los propietarios que los pisos turísticos se cataloguen como suelo de 'uso terciario'.

El vacío legal permite que 7 de cada 10 ofertas no estén registradas

El gobierno de Baleares aspira a contar con una regulación similar a la que se tramita en la Comunitat, según explicaron fuentes de la consejería de Turismo a este periódico. En el borrador de ley plantean imponer la obligatoriedad de que las viviendas turísticas se inscriban en el registro, así como el cumplimiento de una serie de requisitos mínimos al igual que se hace en Andalucía. Pero, además, también contempla sanciones a las plataformas denominadas de economía colaborativa que publicitan alojamientos ilegales. De este modo, Baleares podría ser la tercera autonomía en declarar la guerra a compañías tan fuertes como Airbnb, que además se han visto respaldadas por la sentencia catalana y por el organismo de competencia valenciano. Allí, casi siete de cada diez apartamentos no están regulados, lo que provoca un impacto del 11% en el PIB, según la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler de Temporada de Baleares.

De este modo, el órgano regulador no sólo ampara este tipo de ofertas -que se encuentran en una especie de limbo legal- sino que exime de responsabilidades a las compañías comercializadoras como Airbnb. «Supone una restricción desproporcionada de la libertad de empresa y de competencia», sostiene el documento. Hosbec, por su parte, tampoco daba crédito a esas conclusiones: «En nuestra opinión, lo que resulta un ataque a la libre competencia es que se estén comercializando a través de plataformas cientos de miles de plazas turísticas sin ningún tipo de control, sin tributar y constituyendo una oferta que no ha sido tenida en cuenta a la hora de planificar destinos turísticos».

Pese a ello, Colomer no retrocede. «Todavía no hemos hablado con la Conselleria de Economía. Espero que no suponga ningún escollo para nuestra política, aunque no sabemos el alcance que puede tener ese informe», soslaya el número uno de turismo en la Comunitat. En cualquier caso, el resultado de la comisión de competencia es un obstáculo más que se suma al precedente judicial de Cataluña, donde el juzgado de lo contencioso-administrativo número 11 de Barcelona anuló, el pasado mes de diciembre, la multa de 30.000 euros impuesta a Airbnb, tras la aceptación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del recurso que presentó la compañía.

La autonomía se centra en expedientar sólo a los propietarios

En Madrid se pone el foco en los propietarios de alojamientos turísticos ilegales y no en las páginas que los publicitan. En concreto, el año pasado sancionó a más de medio centenar de apartamentos que ejercían la actividad turística bajo la economía sumergida. Las asociaciones hoteleras calculan que existen más de 8.000 plazas ilegales dentro de las 70.000 que se ofertan en la región. Según el director general de Turismo autonómico madrileño, Carlos Chaguaceda, los primeros expedientes sancionadores han surgido gracias a la ley que entró en vigor en 2014. La normativa especifica que los apartamentos turísticos deben contar con una estancia mínima de cinco noches, además de inscribir estos inmuebles en el registro, algo que deben constatar con la colocación de una placa que lo determine en un lugar visible. Estos particulares también deben acogerse a las pautas del sector turístico relativas a la seguridad, medioambiente y sanidad.

Se trata de una victoria para la compañía que puede poner las cosas difíciles a los planes de la Secretaría de Turismo. En caso de que las plataformas expedientadas decidan llevar la sanción a los tribunales, las intenciones del Consell podrían acabar en agua de borrajas, lo que además le haría cargar con las costas judiciales. La clave está en el vacío legal. Según explica el magistrado, esta página ejerce como intermediario entre el cliente y el propietario, y por tanto, quien debe tener la responsabilidad de la legalidad del apartamento es el arrendador.

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