La SGAE no aprueba sus estatutos y se acerca a ser intervenida por Cultura

La sede de la SGAE en Madrid./EFE
La sede de la SGAE en Madrid. / EFE

La dirección sólo logra el 62% de los apoyos, por debajo de los dos tercios necesarios, y abre un futuro incierto para la sociedad de autores

Álvaro Soto
ÁLVARO SOTOMadrid

Los socios de la SGAE rechazaron este lunes con el 62% de los votos a favor (era necesario más del 66%, dos tercios) los nuevos estatutos de la entidad propuestos por la dirección encabezada por la soprano Pilar Jurado, una decisión que abre la puerta a que el Ministerio de Cultura le retire la autorización como entidad de gestión y a que la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (Cisac) los expulse definitivamente, después de hacerlo temporalmente el pasado 30 de mayo.

En concreto, la propuesta de los estatutos aprobada por la junta directiva de la SGAE recibió el apoyo del 62,78% de los socios (15.502), el rechazo del 36,07% (8.907) y la abstención del 1,14% (282). Aun así, esos apoyos recibidos suponen cuatro puntos más que los que consiguió el anterior presidente de la SGAE, José Ángel Hevia, que se quedó en el 58%. Una propuesta anterior también había sido rechazada, así que los socios decidieron este lunes por tercera vez -la primera vez fue hace un año, bajo la presidencia de José Miguel Fernández Sastrón- con la ignorar las llamadas de atención del Ministerio de Cultura y de la Cisac, lo que puede tener unas consecuencias muy importantes, como la desaparición de la entidad en un caso extremo.

La votación del cuarto punto del orden del día, el más importante, los nuevos estatutos, se desarrolló en un clima de gran tensión, con peticiones de voto tanto a favor como en contra de la propuesta. La asamblea general de este lunes era la última oportunidad que tenía la SGAE para adaptar sus estatutos a los requerimientos (trece en total más un apercibimiento) del Ministerio de Cultura, que se había hartado de las largas que le daba la entidad de gestión y había decidido llegar hasta los tribunales para garantizar el correcto funcionamiento de la entidad.

La primera instancia a la que acudió el departamento de José Guirao fue la Audiencia Nacional, que sin embargo, rechazó la intervención judicial temporal de la SGAE y también la solicitud de remoción de sus órganos de representación, alegando que no era competente. Pero a pesar de este revés, y tras conocer la decisión de la Audiencia, el Ministerio de Cultura aseguró que no renuncia a la vía de los tribunales y anunció que explorará «todas las vías legales» en otras instancias judiciales.

Cambios

Desde septiembre del año pasado, el Gobierno ha efectuado reiterados requerimientos a la SGAE para que renovase la junta directiva en unas elecciones con voto electrónico (de manera que también pudieran acudir a las urnas los socios que no viven en Madrid), para que la entidad adaptase sus estatutos a la Ley de Propiedad Intelectual y para que procediera al reparto de los derechos recaudados en 2018 conforme a lo estipulado en la mencionada ley. En concreto, el plazo dado por el ministerio concluyó el 1 de febrero, y luego lo siguió un ultimátum de 15 días que tampoco fue atendido. El ministerio acudió a la Audiencia Nacional, pero su reclamación no fue atendida.

En el exterior, tampoco era fácil la situación de la SGAE. La Cisac decidió hace apenas tres semanas excluir a la entidad española durante un año por unas denuncias sobre las actividades de la entidad que calificó como «motivo de gran preocupación». La Cisac exigía a la SGAE «importantes desarrollos técnicos y cambios reglamentarios necesarios para garantizar el cumplimiento de las reglas profesionales» de las sociedades que integran la coalición mundial. Aunque la sanción podría levantarse «en cualquier momento», la decisión tomada por los socios aboca a la SGAE a ser una paria en el contexto internacional de las entidades de derechos de autor.

Una década de corrupción y escándalos

En la última década, la SGAE se ha visto envuelta en un sinfín de escándalos. Todo estalló en julio de 2011 con la detención del hasta entonces todopoderoso presidente de la entidad, Teddy Bautista, que había dirigido la entidad desde 1995. En la 'operación Saga', el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga a un total de once personas, con Bautista como cabecilla, por un presunto desvío de fondos en la sociedad de autores y los delitos de asociación ilícita u organización criminal, falsedad en documento mercantil, administración desleal y apropiación indebida, un fraude estimado de 21 millones de euros. Pendiente del juicio, para el que aún no se ha fijado fecha, la Fiscalía pide para él siete años de cárcel. Pero la sombra de Bautista sigue siendo alargada en la SGAE, ya que el expresidente volvió a presentarse a los comicios de la entidad el pasado mes de octubre y aspira aún a entrar en su junta directiva.

La segunda gran corruptela de la sociedad de autores fue la trama de 'la rueda', desvelada en 2017. Canciones de dominio público que socios de la SGAE vinculados a la dirección cambiaban ligeramente para luego cobrar enormes derechos de autor gracias a las televisiones, que los emitían en horarios de madrugada. Según la Audiencia Nacional, este fraude puede cifrarse en 100 millones de euros. Entre medias, las cinco grandes editoras musicales, que gestionan más del 85% de la música que se escucha en radios y televisiones españolas, anunciaron que abandonarían la entidad. El escándalo salpicó de lleno al entonces presidente de la entidad, José Miguel Fernández Sastrón, que se vio forzado a convocar unas elecciones, que perdió, y fue sustituido por el músico asturiano José Ángel Hevia.

Pero con el gaitero tampoco llegó la tranquilidad. Tras convertirse en presidente, en noviembre de 2018, se desveló que Hevia había cobrado entre 2010 y 2018 casi dos millones de euros por la trama de 'la rueda'. En febrero de 2019, apenas cuatro meses después de llegar al cargo, sufrió una moción de censura que perdió y aupó al frente de la entidad a la soprano Pilar Jurado.