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La exdirectora del Ivacor, Carmen Pérez, a quien a la audiencia ha ordenado procesar por prevaricación. LP

La Audiencia ordena procesar a la exdirectora del Ivacor y a la actual titular por malversación

El Sala confirma el archivo de la causa contra Luis Caruana y descarta el trato de favor en la restauración de unos libros por parte del instituto de conservación

El caso Ivacor tendrá un segundo capítulo. La Audiencia ha decidido confirmar el archivo de las actuaciones contra el prestigioso coleccionista Luis Caruana por un supuesto trato de favor en la restauración de algunos ejemplares de alto valor cultural en el Instituto de Conservación. Sin embargo, la Sala revoca el sobreseimiento de las otras dos investigadas en la causa, Carmen Pérez, exresponsable del Instituto Valenciano de Restauración y Conservación (Ivacor), y la actual dirigente de la entidad, Gemma Contreras, por lo que ordena procesarlas.

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La resolución de los magistrados de la sección Tercera aboca a las dos directivas a sentarse en un futuro en el banquillo por delitos de malversación y prevaricación. El juez instructor no tiene ya margen de decisión. La instrucción está completamente agotada. Deberá dictar el auto de incoación de procedimiento abreviado, auto que equivale al de procesamiento en otro tipo de procedimientos. Y la Fiscalía y la Confederación General del Trabajo (CGT), siguiendo la postura que han mantenido hasta la fecha, ejercerán la acusación.

El auto dice que el Ivacor «sólo facturó por los dos primeros libros» pero usó «medios humanos» para tratar otros ejemplares

El caso nació de una denuncia en la que se ponían de relieve las supuestas irregularidades en la restauración de doce libros antiguos propiedad de Caruana. Los trabajos costaron alrededor de 10.000 euros, pero los denunciantes sostenían que superaban los 100.000. Esa rebaja respondía, según los denunciantes, a un supuesto trato de favor. El propio juez, en su auto, ya atacó la debilidad de las acusaciones al recoger que los hechos de la querella no se ajustarían a la realidad respecto a que los trabajos se realizaron de manera gratuita. La documentación aportada evidenciaba también que existía un presupuesto de la actuación y otro dato importante: que se ajustaba al precio de mercado.

Sin embargo, y como se recoge en el nuevo auto, al que ha tenido acceso a LAS PROVINCIAS, de los doce ejemplares que se rehabilitaron, sólo dos fueron restaurados por el Ivacor, el resto, una decena, por dos profesionales externas que conforman la empresa Dicarta. Según el documento, tanto Pérez como Contreras «justificaron el llamamiento de personas o entidades ajenas a Ivacor para la ejecución de trabajos encargados a dicha entidad por la sobrecarga de trabajo que sufría la entidad». En este hecho, para la Audiencia, «se prescindió total y absolutamente de cualquier procedimiento», lo que podría ser constitutivo de un delito de prevaricación.

En el de malversación de caudales públicos, el escrito alega que el Ivacor «sólo facturó por la restauración de los dos primeros libros, no percibiendo cantidad alguna por los diez restantes». Pero además, «como acreditan los documentos de entrega y devolución de todos y cada uno de los doce libros del señor Caruana, éste los entregaba al Ivacor para su restauración en el departamento de documento gráfico y material de archivo del citado instituto y una vez efectuada, los libros eran devueltos por el Ivacor». Por ello, concluye que el instituto «destinó sus medios humanos y materiales al examen de los libros, a la evaluación y a la confección de un presupuesto, salvo para los libros 11 y 12». Además, de la declaración prestada por una de las dos restauradoras de Dicarta se desprende que ninguno de los volúmenes salió de las dependencias del Ivacor y que todas las restauraciones se ejecutaron en sus locales. Para la Sala es claro que estos hechos «suponen un coste económico para el Ivacor en beneficio exclusivo de un particular que, como autoriza su ley constitutiva, debe ser facturado al beneficiario del mismo. Al no haberlo hecho, puede haberse cometido el delito de malversación».

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El pasado noviembre, la Fiscalía de Valencia recurrió el archivo de la causa. Lo hizo en contra de la resolución del juez, que estimó que de todos los libros constaba presupuesto.

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