La Universitat de València justifica la discriminación hacia universidades israelíes en que forman parte de un Estado «genocida»

La sentencia anuló el pronunciamiento del Consejo de Gobierno llamado 'Compromiso de la Universitat con Palestina», que incluía varios puntos. El cuestionado aprobaba «no firmar ningún acuerdo ni convenio de colaboración con instituciones, universidades y centros de investigación israelíes mientras no terminaran los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino y la violación sistemática y masiva de los derechos humanos». También que se «evitará la explotación de infraestructuras científicas de la Universitat por parte del personal investigador de estas instituciones» y que «se suspenderán las estancias de entrada y de salida relacionadas».

El comunicado recuerda la tesis de la sentencia, en el sentido de que se produce «una desigualdad de trato que carece de justificación y amparo alguna, pues se adopta en el marco de una actuación de evidente matiz político que incide en uno de los supuestos tradicionales de discriminación (la nacionalidad), especialmente vetado por la doctrina constitucional, por su capacidad para provocar situaciones desventajosas contrarias a la dignidad personal, entrando incluso en contradicción con las funciones, principios y fines definidos en sus Estatutos», en referencia a los de la Universitat de València.

En defensa de la actuación de la institución, el comunicado recoge las declaraciones pronunciadas por la rectora Mavi Mestre el 7 de octubre, cuando informó al Consejo de Gobierno de la resolución judicial y de la presentación del recurso. «Es más evidente que nunca que el genocidio que vive el pueblo palestino es de tal magnitud que la opinión pública mundial pide la acción de la comunidad internacional», dijo entonces.

Además, el recurso presentado argumenta que no se introducen medidas de discriminación «por razón de nacionalidad», sino por el hecho de que «las universidades israelíes se integran en una estructura estatal que está desarrollando actuaciones abiertamente proscritas por el Derecho Internacional». «Las medidas excepcionales adoptadas, siempre en el marco de una llamada por la paz y el diálogo, tienen su base en la vinculación con el Estado de Israel», se señala.

La Universitat defiende además que el acuerdo se adoptó en el marco de su autonomía, «por lo que no es una extralimitación competencial, sino que se apoya en la doctrina constitucional, que nos reconoce una autonomía reforzada diferente a las de otras administraciones públicas y basada en la libertad académica». También que está amparado en los Estatutos de la Universitat, según los cuales «la UV está al servicio del desarrollo intelectual y material de los pueblos, del progreso del conocimiento, de la paz, de la igualdad entre las mujeres y los hombres y de la defensa ecológica del medio ambiente».

Por último, argumenta que no se puede disociar el pronunciamiento del contexto: «la excepcionalidad vivida en Gaza, con una población civil en situación de emergencia y un territorio profundamente afectado por las operaciones militares del ejército israelí». Además, se remarca que no se trata de una postura aislada, sino que está alineada con «informes, resoluciones y acciones internacionales» impulsadas por organismos como la ONU, la Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia.

En el citado Consejo de Gobierno, Mestre defendió que ante semejante vulneración de los Derechos Humanos la Universitat «debe actuar con las sanciones al alcance de sus manos, como lo hicimos con Rusia, con cuyas universidades sí teníamos convenios de colaboración vigentes y acuerdos de programas de doble titulación que rompimos». «Aplicamos sanciones, como la comunidad internacional», alegó.

«Defendimos ante la Justicia nuestra capacidad para asumir los acuerdos que consideramos adecuados, y para establecer las medidas que están en nuestras manos, en aplicación del principio constitucional de autonomía universitaria. Autonomía por la que luchamos en tiempos del franquismo y que obtuvo el sistema universitario público en la Constitución», remarcó la rectora en su informe al Consejo de Gobierno.