Universidades y centros de FP temen perder plazas de prácticas para sus alumnos

Estudiantes de un ciclo de Formación Profesional durante las prácticas en una empresa. / j. p. reina
Estudiantes de un ciclo de Formación Profesional durante las prácticas en una empresa. / j. p. reina

El Gobierno obligará a que las instituciones o las empresas receptoras asuman los pagos a la Seguridad Social de todos los estudiantes

Joaquín Batista
JOAQUÍN BATISTAValencia

El real decreto ley aprobado el 29 de diciembre por el Gobierno ha provocado una oleada de inquietud en los colegios y las universidad al cambiar la regulación «de manera sorpresiva y sin consulta previa» de las prácticas que realizan los alumnos, pues obligará a que todas, sean remuneradas o no, coticen a la Seguridad Social, con las correspondientes obligaciones económicas para las empresas que los acogen o para las propias instituciones educativas. Hasta ahora la segunda modalidad quedaba exenta.

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue) emitió el viernes un contundente comunicado que alertaba del riesgo que supone, en el sentido de que la nueva exigencia provoque una reducción de la oferta -al fin y al cabo a las entidades receptoras les costará más dinero-, y consideran «difícilmente asumible» que estos gastos sean abonados a través de los presupuestos de las universidades.

La polémica también ha saltado a los colegios que ofertan ciclos de Formación Profesional de grado medio o superior, pues hay que tener en cuenta que incluyen el denominado módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT), que consiste en realizar prácticas en empresas relacionadas con el estudio cursado, que son obligatorias y evaluables.

«No es una buena noticia si lo que se pretende es fomentar la FP», señala Feceval

En la Comunitat son más de 80.000 los estudiantes que cursan estos ciclos profesionalizantes y la inmensa mayoría, salvo casos contados de la modalidad dual, no recibe remuneración alguna. De la nueva regulación queda excluida la FP Básica -no se menciona en el real decreto- y también los programas que permiten certificar la adquisición de determinadas competencias profesionales.

Desde la patronal Feceval, con un importante número de escuelas que ofertan ciclos formativos, destacan que en los últimos días han recibido cantidad de consultas en el sentido de cómo afectará la norma a sus convenios con empresas y en relación a quién deberá asumir las obligaciones económicas derivadas.

«A la espera del desarrollo normativo posterior, el real decreto ley dice que será a cago de la empresa o la entidad correspondiente salvo que se acuerde lo contrario. No es una buena noticia si lo que se pretende es fomentar la FP, que es uno de los objetivos que se ha marcado el Gobierno y también la Conselleria de Educación y que pasa por disponer del apoyo empresarial, de que asuman un papel activo», señalan.

La medida permitirá que las prácticas cuenten como tiempo efectivo de cotización

Al fin y al cabo, más allá de adaptar los convenios vigentes con el tejido empresarial, la aplicación literal del real decreto ley dificultará la captación de nuevas empresas que quieran colaborar con los centros. O, si se acuerda que las cuantías las asuman las entidades educativas se desincentivará la oferta, especialmente la dual, cuya principal característica pasa por aumentar la formación práctica del alumnado.

En las universidad el panorama es similar. Como informó la Crue, hasta ahora las prácticas curriculares -se incluyen en el plan de estudios como una asignatura y son obligatorias- y las extracurriculares -voluntarias y no necesarias para obtener la carrera- quedaban exentas del alta en la Seguridad Social siempre que no fueran remuneradas. Las que sí incluían alguna retribución debían cotizar, si bien las curriculares estaban bonificadas al 100%.

Datos

Situación actual:
Los alumnos que hacen prácticas (sean universitarias o incluidas en estudios de FP medios o superiores) sólo deben darse de alta en la Seguridad Social si son remuneradas.
Cambio legislativo:
El real decreto ley obligará a que todos los estudiantes, disfruten o no de retribución, deban darse de alta en el Régimen General. De este modo el tiempo cotizado les computará a los efectos pertinentes.

Con los cambios introducidos por el real decreto ley todos los alumnos, independientemente de la modalidad, deberán ser dados de alta. En las no remuneradas el pago correrá a cargo de la empresa, salvo que se pacte que sea el centro quien lo asuma, mientras que en las retribuidas la normativa dice que lo asumirá «quien corresponda de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso». Las cotizaciones serán las correspondientes a los contratos para la formación y el aprendizaje y «no existirá la obligación» de hacerlo por contingencias de desempleo o al Fondo de Garantía Salarial.

La Crue advirtió de que «una aplicación indiscriminada del real decreto ley puede suponer la disminución del número de prácticas ofertadas por las empresas e instituciones, la discriminación en la formación entre estudiantes de títulos profesionalizantes y no profesionalizantes y una importante carga de gestión añadida» para los servicios universitarios correspondientes. También aludió al «grave problema económico» que implicaría tener que asumir los pagos. En la parte positiva, celebró el reconocimiento «del valor de las prácticas académicas y que estas computen a los estudiantes como periodo de cotización a la Seguridad Social».

Los rectores piden negociar la aplicación de la medida

El real decreto que recoge el cambio en la cotización de las prácticas incluye entre otras medidas la revalorización de las pensiones públicas, y la medida no es de aplicación inmediata sino que da un plazo de tres meses para elaborar una normativa que la desarrolle y en la que se deben abordar aspectos concretos de su aplicación. Será a partir de entonces cuando empiece a desplegar sus efectos.

Precisamente la Crue, en su comunicado, pidió al Gobierno negociar esta futura regulación abordando «la diferencia entre las prácticas curriculares y extracurriculares», el mantenimiento de las bonificaciones vigentes -y la ampliación para las prácticas no remuneradas-, el tratamiento de los estudios de formación permanente, cada vez más demandados y que no se citan en la norma, y un proceso de alta en la Seguridad Social «simplificado y automatizado» que debería facilitar la gestión de los cambios, evitando así la sobrecarga de los servicios universitarios encargados de estas tareas.

En este sentido, se recuerda al Gobierno el Plan de Choque de Empleo Joven que incluye la incorporación de personal experto en gestión laboral en los centros y que hasta ahora no se ha producido.

«Crue encuentra problemas importantes en el real decreto ley, tanto en la concepción de lo que son las prácticas como en su aplicación concreta, fundamentalmente en lo referido a quién y cómo debe hacerse cargo de las cotizaciones correspondientes, lo que puede acarrear serias dificultades tanto para los estudiantes, que vean mermada su oferta de prácticas, como para las propias universidades», señala el comunicado.