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Un taxista hace el signo de la victoria, ayer en una calle de Valencia. j. signes
Los taxistas exigen más restricciones tras una sentencia europea contra Uber

Los taxistas exigen más restricciones tras una sentencia europea contra Uber

El tribunal de la UE falla que la multinacional es una empresa de transportes y el sector valenciano pide al Consell una nueva normativa

PACO MORENO

VALENCIA.

Miércoles, 20 de diciembre 2017, 23:59

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Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por un litigio de taxistas de Barcelona con la multinacional Uber avivó ayer las reivindicaciones del sector en Valencia a la Generalitat en favor de una regulación específica que frente este medio de transporte alternativo al taxi.

El fallo se refiere a un servicio que prestó Uber en la ciudad condal entre abril y diciembre de 2014 llamado UberPop y que ofrecía trayectos en coches de particulares, según informó la agencia Efe. Esto es lo que ha considerado el tribunal como propio de una empresa de transporte y no de mediación digital, por lo que se le debería haber exigido licencias.

El caso es que este modelo de negocio fue sustituido por la empresa norteamericana en 2016, por lo que el portavoz de la compañía en España, Yuri Fernández del Castillo, consideró que la sentencia ya no tiene un «efecto práctico», lo mismo que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien dijo que en la actualidad estos vehículos se rigen por las licencias concedidas a las VTC (Autorización de arrendamiento de vehículos con conductor).

Sea como sea, el sector valenciano del taxi consideró ayer que la sentencia es una «buena noticia» y debe servir a la Administración para dar el «primer paso» de una regulación más restrictiva en lo que consideran como una competencia desleal con los taxistas.

Fernando del Molino, presidente de la Federación Sindical de Valencia, dijo que el gobierno autonómico de Baleares y el Ayuntamiento de Barcelona han anunciado su propósito de legislar en favor de los taxistas con claras limitaciones a las VTC. «Lo mismo podría hacerse en la Comunitat y en Valencia, donde ya hemos hecho la petición», dijo.

Del Molino es consciente de que la sentencia no cambia la situación legal actual en España, aunque insistió en que la Conselleria «debe darse cuenta del perjuicio que causan estas empresas al sector».

Añadió que el fallo «abre una nueva etapa en la lucha contra la competencia desleal que sufre el servicio público del taxi por parte de estas plataformas fraudulentas que intentan manipular a la sociedad, intentando hacerse pasar por simples plataformas de información entre personas cuando en realidad son empresas de transportes». El dirigente sindical hizo suyas las reivindicaciones de la Asociación Nacional del Taxi, al considerar que «seguiremos luchando contra todas las plataformas fraudulentas».

Consideró por último que la «liberalización encubierta de las VTC quiere favorecer a estas empresas de transporte paralelo a costa de las garantías, de la seguridad y de la fiscalidad de nuestros ciudadanos que sí cumplen el servicio público de transporte de taxi».

Para Ismael Arráez, presidente de la Unión de Asociaciones de Taxi de la Comunidad Valenciana, la Administración autonómica debe impulsar una legislación más restrictiva respecto a las VTC. Argumentó que Uber «siempre ha sido una empresa de transportes en España. Siendo un hecho notorio la precontratación de servicios de alquiler, se deberían revisar todos los servicios en los que la empresa ha operado para instruir expedientes sancionadores por infracción a la normativa de transportes».

La entidad presidida por Arráez está encuadrada en la Federación Española del Taxi, por lo que hizo suya la crítica de que «los efectos de tal declaración (la sentencia) se extienden desde la entrada de Uber en España hasta la actualidad. Es decir, siempre ha sido una empresa de transportes».

Para esta entidad, la Inspección de transportes terrestres, delegada en las comunidades autónomas por el Ministerio de Fomento, puede solicitar a las empresas subcontratistas de Uber para realizar sus servicios de VTC, o a esta misma, todas las «hojas de ruta» que hayan realizado en España, a fin de comprobar si ha cumplido con los requisitos legales. En caso contrario, afirman que «la obligación de las administraciones autonómicas es incoar el correspondiente expediente sancionador, que en toda España puede llegar a 5.000 millones de euros».

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