Borrar
Urgente Supermercados abiertos este Viernes Santo en Valencia: Horarios especiales
El conseller Vicent Marzà, durante un pleno de Les Corts. Juanjo Monzó
Los suspensos de Marzà

Los suspensos de Marzà

El informe PISA apuntilla una política educativa marcada por medio centenar de sentencias en contra, ocho de cada diez obras pendientes y conflicto continuo con la concertada

Joaquín Batista

Valencia

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Domingo, 8 de diciembre 2019, 00:42

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

El informe PISA 2018 establece que los alumnos valencianos de 15 años obtienen peores resultados en las competencias matemáticas y de ciencias que en la mayoría de países. No sólo están por debajo del promedio de los estados de la OCDE y de los de la UE. También quedan en el furgón de cola en el ranking autonómico y son peores que los obtenidos en 2015, cuando la región participó por primera vez en la evaluación internacional más prestigiosa.

Entonces desde la conselleria se relativizaron los resultados -al fin y al cabo medían el desempeño de alumnos formados tras años de medidas del PP-, y ahora se achacan, en una primera valoración, a la Lomce y los recortes, también populares y que lógicamente afectaron a todas las regiones, incluso a las que superan las medias internacionales. Para más inri, la valenciana es la tercera autonomía que más cae en Matemáticas y la cuarta en Ciencias respecto a 2015. Los datos son malos sin paliativos.

Más allá de las culpas y dejando de lado la falta de autocrítica -que sí ha existido desde el Gobierno central ante los malos resultados de España, apostando por una revisión de los contenidos curriculares- el rendimiento en PISA pone el colofón a una legislatura marcada por numerosos cambios en la política educativa que no han estado exentos de vaivenes, enfrentamientos, rectificaciones o promesas incumplidas. En un boletín de notas como los que reciben los alumnos serían los suspensos, los insuficientes, del conseller Vicent Marzà, que no quitan para que también haya aprobados, notables o sobresalientes.

La tónica que ha marcado la primera legislatura del Botánico ha sido la judicialización de varias de las medidas adoptadas, especialmente por las supresiones de aulas concertadas que casi siempre que han sido impugnadas han acabado siendo anuladas por el TSJCV, si bien Educación las recurre ante el Supremo.

También se ha pleiteado en otros ámbitos como el modelo para el primer ciclo de Infantil, con las patronales Acade, Escuelas Católicas y Feceval impugnando las bases de las ayudas que dejan fuera de la gratuidad al sector privado. Lo mismo ha sucedido en el mundo universitario, donde las relaciones han sido tensas con los centros de iniciativa social. No sólo por la exclusión de sus alumnos de las becas -validada por el TSJCV- y de las prácticas sanitarias en hospitales públicos -rectificada este curso tras dos sentencias contrarias-, sino también por las dificultades a la hora de poder implantar nuevos títulos.

Frente a la falta de autocrítica de Marzà, el Gobierno apuesta por revisar los contenidos

Además, la tensión ha existido con la enseñanza concertada más allá de la reducción de aulas, pues han sido constantes las denuncias por el diferente trato respecto a la red pública en cuanto a recursos humanos o formativos. Hasta los cambios introducidos en el sistema de pago del concierto están actualmente en el TSJCV.

La conselleria también ha pinchado a la hora de cumplir sus objetivos en cuanto a la mejora de infraestructuras. Más allá de haber dado pasos en cuanto a inversión y construcción de centros (algunos ya licitados por el PP), no ha podido eliminar los colegios íntegramente en barracones pese a prometerlo en la anterior legislatura. Y de las 124 obras prioritarias ocho de cada diez siguen sin iniciarse.

En cuanto a rectificaciones, la más sonada ha sido la del modelo lingüístico, que se ha plasmado en una ley de Les Corts tras los varapalos judiciales al primer decreto, aunque también ha habido cambios de postura -y habrá más- en cuanto a la jornada continua.

Lo que no se le puede negar a Marzà es su apuesta por fomentar las ayudas sociales -las becas de comedor son el mejor ejemplo-, por tratar de fomentar una atención más personalizada a través de la reducción de las ratios, por revertir parte de los recortes que lastran el sistema o por aumentar la estabilidad de las plantillas vía oposiciones. Serían sus sobresalientes. En cuanto a los notables, destaca la reciente normativa de inclusión, que pone el foco en el alumnado más vulnerable, y respecto a los aprobados, está su intención de gestionar todo el personal no docente para evitar demoras en la cobertura de plazas.

Política educativa. 43 sentencias en contra

Legislatura salpicada de reveses judiciales

El departamento suma al menos 43 sentencias contrarias. 30 tienen que ver con el recorte de conciertos, incluyendo varias que anulan parcialmente la norma autonómica. La mayoría dan la razón a centros que perdieron fondos para Bachillerato. Cinco mutilaron el ya derogado decreto de plurilingüismo, otra anuló las ratios extraordinarias en 1º de Infantil y tres afectaron a la jornada continua. Hay una que obliga a ofertar Religión en 2º de Bachillerato, otra insta a pagar sexenios a docentes de la materia y una más obliga a dar datos sobre las cajas fijas de las universidades, sin olvidar la que rectifica la exclusión en las prácticas sanitarias.

Enseñanza concertada

Una relación marcada por el recelo entre las partes

La enseñanza concertada -a nivel patronal, sindical y familiar- organizó las mayores manifestaciones contra las políticas del Consell por los recortes de aulas. La relación nació viciada desde el principio -mucho daño hicieron las referencias del conseller a la «barra libre» de conciertos- y más allá de la cordialidad institucional, los desencuentros son palpables. La negativa a dotar a la red de los mismos medios que a la pública para la aplicación del plurilingüismo -como los auxiliares de inglés-, la restricción de la oferta formativa docente o los cambios en la gestión del pago de los fondos públicos han sido algunos de los desencuentros.

Jornada contínua. 654 escuelas aplican este horario, que llega al 60% en la pública

Un horario rectificado y que genera tensión

La regulación de la jornada continua sufrió cambios antes de aplicarse (retirando la obligación del visto bueno del ayuntamiento fijada en el borrador) y cuando ya estaba en marcha, permitiendo las extraescolares de pago. Ahora se trabaja en una nueva orden que no gusta a los representantes de las Ampas y que más allá de restar peso de decisión a las familias puede cargarles con la gestión de estas actividades en horario escolar. Por no hablar de que ha sido la principal fuente de tensión en las comunidades educativas entre partidarios y detractores del modelo.

Guarderías privadas

El modelo de Infantil levanta al sector privados

En el primer curso del Botánico se puso en marcha el proyecto de incluir aulas gratuitas de dos años en colegios públicos, adelantando un año la escolarización y dejando fuera de la medida al sector privado, donde a día de hoy se sigue pagando gran parte del recibo mensual, aunque no exista oferta pública cercana. La ampliación de la gratuidad a las unidades de esta edad de las escuelas infantiles municipales fue el detonante para que tres patronales de centros presentaran un recurso judicial que está a punto de resolverse.

Modelo lingüístico. 33% de colegios dan clase mayoritariamente en lengua castellana

Una ley de Les Corts tras el varapalo judicial

La conselleria intentó implantar su modelo con un decreto aprobado en 2017 que fue suspendido cautelarmente y anulado parcialmente por el TSJCV al considerarse discriminatorio (daba títulos de inglés más altos para los alumnos que se formaran en un modelo basado en el valenciano). Educación lo derogó antes de llegar a aplicarse. Más tarde llegaron nuevas sentencias anulando más artículos. La estrategia varió, y fueron Les Corts las que impulsaron la ley actual, que no pudo ser impugnada por entidades ni a nivel particular, como sucedió con la norma previa. Ha supuesto una clara reducción de la oferta de enseñanza en castellano.

Universidades privadas. 3 años de exclusión en becas y prácticas sanitarias

Los vetos condicionan la relación con los campus

Desde el curso 2016-2017 los alumnos de las universidades privadas están excluidos de las convocatorias de becas que impulsa la conselleria. Desde 2006 podían beneficiarse de las mismas siempre que cumplieran los requisitos académicos y de renta, en igualdad de condiciones que los centros públicos. Lo mismo sucedió con el acceso a las prácticas sanitarias en hospitales públicos, un veto presentado por Marzà y la exconsellera Montón que ha sido levantado este curso tras una sentencia del TSJCV y otra del Constitucional.

Obras prioritarias

La voluntad política no da para cumplir las promesas

El Consell del Botánico tiene previsto invertir mil millones de euros entre este año y 2020 en infraestructuras educativas. Un ejemplo claro de que existe voluntad política de mejorar los colegios y de acabar con los barracones. Sin embargo, los incumplimientos han sido continuos. Se anunció que en la anterior legislatura se acabaría con los colegios íntegramente en prefabricadas, y aún quedan cinco sin licitarse. Y ocho de cada diez obras prioritarias están igual.

PISA

La Comunitat destaca en la bajada de rendimiento

Los resultados en el informe PISA 2018 han sido malos. Peores que los de 2015, cuando la autonomía estaba por encima de la media nacional y a la altura de la OCDE y la UE. Ha crecido el porcentaje de estudiantes rezagados (que no llegan al mínimo que fija PISA en cuanto a competencias matemáticas y de ciencias) y se estanca el volumen de alumnos excelentes. La Comunitat no sólo se sitúa en el furgón de cola en el ranking autonómico, sino que dentro del bajón más o menos generalizado es una de las regiones que más puntos ha perdido respecto a hace cuatro años. Y las que la superan, como Navarra o Castilla y León, se encuentran por encima en la puntuación final. Su minoración no impide que sigan destacando a nivel nacional.

Convenia Colectivo

La nueva conselleria rehace lo pactado

La última medida de Marzà en cuanto a política universitaria antes de la creación de la nueva conselleria fue firmar un preacuerdo sobre el convenio del personal laboral de las universidades públicas. La rúbrica definitiva no ha llegado aún ante los diferentes obstáculos que se ha encontrado el nuevo departamento. El Gobierno planteó objeciones por implicar un incremento de la masa salarial y hubo informes que desaconsejaron que la administración fuera parte firmante.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios