El Síndic tramita este año más de 400 quejas por demoras en dependencia

El Síndic tramita este año más de 400 quejas por demoras en dependencia

El defensor del pueblo valenciano pide a Oltra que revise y evalúe el procedimiento ante las esperas de más de doce meses de los afectados

DANIEL GUINDOVALENCIA.

El pasado 30 de mayo de 2018, Esther (nombre ficticio para preservar su anonimato) «solicitó la valoración de dependencia para su abuela, a efectos de percibir las ayudas y prestaciones previstas en la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia sin que hasta la fecha haya sido resuelto el expediente». Así arranca una de las últimas quejas remitidas por el Síndic de Greuges a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, una reclamación que se suma a las más de 400 que ha tramitado este año el defensor del pueblo valenciano con el departamento liderado por Mónica Oltra, y la gran mayoría por demoras en el ámbito de la dependencia. Estas esperas, en la mayor parte de los casos, superan el año, aunque el tiempo máximo de tramitación que establece la normativa está fijado en seis meses.

Ante esta situación, los afectados y sus familiares no tienen más remedio que acudir al Síndic para pedir su amparo y para que medie con la conselleria, con el objetivo de conseguir que se acelere todo el procedimiento. Como ya avanzó ayer LAS PROVINCIAS, prácticamente uno de cada cuatro dependientes está a la espera de recibir las ayudas, bien porque su expediente está en trámite (casi 25.000 solicitantes está en esta situación) o es necesario aportar alguna documentación adicional (algo más de 1.500). Ante ello, las plataformas de afectados reclaman más personal y recursos para atender a este colectivo especialmente vulnerable.

LAS CIFRAS

460
quejas sobre atención a la dependencia ha tramitado el Síndic de Greuges este año.
24.659
solicitantes de ayudas previstas en la normativa están en lista de espera en la Comunitat.
14
meses de demora llegan a sufrir algunos de los solicitantes para obtener alguna prestación.

El Síndic de Greuges no es ajeno a esta situación y prácticamente cada queja que recibe relacionada con la atención a la dependencia tiene que ver con los prolongados plazos para, por un lado, obtener la valoración que indique el grado de dependencia que presenta el solicitante y, por otro, empezar a beneficiarse de la prestación que los técnicos de servicios sociales hayan determinado como idónea para cada caso -bien una aportación económica mensual por cuidados en el ámbito familiar, que suele ser la más habitual, o una plaza en un centro especializado o residencial-. Ante esta situación, reclama a Oltra que «revise y evalúe el procedimiento» para «lograr que se resuelvan en los plazos legalmente establecidos».

Algunas de las reclamaciones tramitadas por el defensor del pueblo valenciano tienen que ver con una de las medidas impulsadas por la conselleria, como es atender a la responsabilidad patrimonial de los herederos de personas dependientes que fallecieron sin recibir ninguna prestación, pese a cumplir con todos los requisitos. En una de las últimas remitidas al departamento de Mónica Oltra por este motivo recoge que «transcurridos 26 meses desde la presentación de la reclamación no ha obtenido respuesta alguna por parte de la conselleria».

Los usuarios también sufren importantes retrasos cuando quieren actualizar el grado. Por ejemplo, algunas enfermedades aceleran el deterioro de dependientes que, cuando solicitaron las ayudas, presentaban un grado 1, pero con el paso del tiempo su situación se ha agravado y presenta ya grado 2 o 3. Ante ello, las prestaciones previstas son distintas, puesto que se deben ajustar al perfil del solicitantes, por lo que existe una bolsa de dependientes con unas ayudas que resultan insuficientes para su realidad actual.

Parte de estas quejas se destinan también a los ayuntamientos (Alicante y Elche, dos de los últimos), puesto que desde principios de año son los servicios municipales los que llevan a cabo toda la tramitación -aunque es la conselleria, en última instancia, la que da el visto bueno a las prestaciones-. Para paliar esta sobrecarga de trabajo, el departamento destinó recursos económicos con el fin de que los municipios ampliaran sus plantillas, aunque no en todas las localidades los refuerzos han llegado de igual modo, cuestión que afecta a los plazos. De hecho, las plataformas apuntan que existe un «agravio comparativo» entre unos solicitantes y otros. También afean a Igualdad otro retraso, el de los procesos de responsabilidad patrimonial, en el que una cantidad cercana a los 800 afectados todavía no ha cobrado la minoración de las prestaciones que sufrió durante la crisis económica.

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