Otras 8 sentencias contra Marzà elevan a 16 los centros a los que hay que devolver el concierto

El conseller Marzà durante una intervención en Les Corts. / jesús signes
El conseller Marzà durante una intervención en Les Corts. / jesús signes

El TSJ vuelve a poner en entredicho a la conselleria y ocho colegios más recuperan las ayudas suprimidas

JUAN SANCHIS VALENCIA.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) ha vuelto a dejar en evidencia la política educativa de la Conselleria de Educación. Ocho nuevas sentencias, que afectan a centros de Infantil y Bachillerato, hechas públicas ayer obligan a la Generalitat a devolver los conciertos a otros tantos colegios a los que les fueron retirados el año pasado.

El fallo mantiene el planteamiento de los fallos del alto tribunal fechados el pasado mes de mayo en los que se anulaba parcialmente el decreto de 2017 y obligaba a devolver los conciertos educativos a ocho colegios valencianos.

Con estas sentencias, la sección cuarta del TSJ, que también anuló el decreto de plurilingüismo, declara «contraria a derecho» la disposición que deroga el concierto de unidades de Bachillerato e Infantil a ocho centros. La decisión obliga a la administración autonómica a renovar la concesión de estas ayudas.

El tribunal condena a Educación a pagar las costas en seis resoluciones

La motivación del tribunal es muy similar en todas las sentencias. La sala reconoce que la administración autonómica puede decidir si concierta o no en los niveles de enseñanzas no obligatorias. Pero si lo ha hecho, como ocurre en los casos recurridos, el tribunal recuerda a la Conselleria de Educación que debe ajustarse a la normativa estatal que regula estos acuerdos.

Esta establece que «los conciertos en vigor no pueden extinguirse por decreto, mientras el concierto siga vigente». Es más, «no sólo no puede extinguirlos unilateralmente, sino que debe renovarlos siempre que siga cumpliendo los requisitos que marca el precepto». Es decir, mientras no haya causas de extinción, tales como el incumplimiento de los requisitos que determinaron su aprobación inicial, situaciones de grave incumplimiento o petición de finalización de la relación, estos deben continuar vigentes con las renovaciones que sean pertinentes en cada caso.

La argumentación del alto tribunal valenciano establece que según el modelo educativo diseñado tanto por la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) como por la Ley Orgánica de Educación (LOE) no se puede colegir que los colegios concertados tienen un carácter «secundario o accesorio respecto de los centros públicos (...) para suplir las carencias de la enseñanza pública, que es lo que se infiere de la motivación para la supresión de una unidad en la orden impugnada en la instancia».

Argumentaciones genéricas

Las sentencias se muestran bastante duras con alguna de las motivaciones sostenidas por la Abogacía de la Generalitat Valenciana. El tribunal recuerda que la administración debe ofrecer una motivación «sólida, suficiente y debidamente justificada» para poder suprimir una unidad concertada.

Según señala el fallo, la Conselleria de Educación se ha limitado a «rellenar unos impresos». Por ello, el Tribunal señala que no ha tenido forma de controlar los criterios que se han seguido. «En definitiva, ni existe motivación y mucho menos está debidamente justificada, como exige nuestro Alto Tribunal, la decisión», recalca la sentencia. Y, tal y como recoge, todas las contestaciones a las demandas son genéricas.

Los fallos dan la razón al colegio María Inmaculada de Carcaixent, al que se concedió el concierto de una unidad de Bachillerato de las cuatro solicitadas; al colegio Aitana, de Torrellano-Elche, al que se le rechazó la solicitud de dos unidades de Bachillerato y se le suprimió el concierto de la unidad mixta existente y al colegio El Armelar, al que se le eliminaron dos unidades de primero de Bachillerato y se le concedieron dos unidades de segundo, aunque con carácter provisional.

También estiman el derecho del Sagrado Corazón de Alicante, que solicitó la renovación del concierto para ocho unidades de Bachillerato; del centro integrado La Purísima Franciscanas, que pidió concertar dos unidades de Bachillerato y de los colegios La Salle de Alcoy y Parque Santa Ana, que reclamaron el derecho a renovar las cuatro unidades concertadas.

Estimación parcial

En cuanto al Colegio El Armelar de Paterna, el TSJ rechaza, en cambio, la solicitud para un nuevo concierto de Integración primaria, ya que la Conselleria desechó la petición al considerar que no había alumnado suficiente para justificarlo y el centro no objetó error alguno.

Otra de las sentencias reconoce el derecho del colegio San Juan de la Cruz de Alicante a mantener el concierto de dos unidades de Educación Infantil de segundo ciclo este curso y los tres siguientes (una mixta para 3-4 años y una para 5 años), pero bajo la condición de cumplir los requisitos fijados, en especial el de la ratio y rechaza que pueda obtener una tercera.

El TSJ ha impuesto el pago de las costas a la Conselleria de Educación, valoradas en 2.500 euros para cada uno de los recursos aceptados en su totalidad, en seis de las ocho sentencias hechas públicas ayer. La administración tendrá que hacer frente a los costes judiciales en los que han incurrido los centros educativos para poder interponer estos recursos.

La Conselleria de Educación podrá presentar un recurso ante el Tribunal Supremo. El departamento que dirige Marzà ya anunció que acudiría a la instancia superior en el caso de las ocho sentencias conocidas en mayo. No se pronunció sobre las hechas público ayer.

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