El retraso de la Agencia Ferroviaria obliga a externalizar la seguridad de líneas en obras

Se trata de una actuación que se arrastra desde la anterior legislatura, pues la creación de esta agencia es una de la asignaturas que dejó pendiente la exconsellera María José Salvador a pesar de constituir uno de los compromisos estrella del primer Consell del Botánico, como así anunciaron tras una reunión con la Asociación de Víctimas del Accidente del Metro del 3 de Julio de 2006 (AVM3J). De hecho, debería haberse creado hace un año, pues la Ley de Seguridad Ferroviaria se aprobaba en Les Corts en marzo de 2018 y daba un plazo de tres meses para constituir la agencia homónima, que debería ejercer como autoridad responsable de la seguridad del sistema ferroviario, básicamente en las líneas de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

Una de las consecuencias de la falta de creación de este organismo -adscrito al departamento que ahora dirige el conseller Arcadi España- es que la conselleria ha tenido que recurrir a la externalización de los informes de seguridad necesarios para los distintos proyectos que tiene en marcha FGV o que ya han entrado en funcionamiento. Y lo ha hecho mediante la fórmula de adjudicación de dos contratos menores cuya información se ha hecho pública ahora a pesar de haber sido resueltos en abril.

Es decir, Obras Públicas ha tenido que recurrir a una empresa externa para que elabore el informe de habilitación y seguridad ferroviaria en conformidad a una metodología para la evaluación y valoración de los riesgos asociados a la operación ferroviaria, que sería la competencia atribuida a la agencia aún no creada, tal y como recoge la ley.

Se trata, por un lado, de un contrato menor por importe de 13.794 euros (IVA incluido) para realizar los informes de seguridad necesarios para la puesta en servicio de la variante de Serra Grossa», correspondiente a la línea 9 del Tram de Alicante y cuya segunda vía entró en servicio a finales de abril, así como para las nuevas unidades de la serie 5000 de la red alicantina. En este caso, hubo dos ofertas presentadas aunque se invitó a ocho empresas, según la información recogida en la Plataforma de contratación del sector público y en el Registro de Contratos de la Generalitat.

El segundo contrato menor tiene un importe de 8.700 euros y se solicitaron seis ofertas aunque finalmente sólo se presentó una. El encargo era la elaboración de informes, esta vez, para la aprobación de proyectos constructivos. Según las fuentes consultadas por LAS PROVINCIAS, el contrato se hizo para la línea 9 del Tram de Alicante y para la línea 10 de Metrovalencia, cuyas obras se reactivaron en abril con los primeros trabajos topográficos y, ya en junio -una vez pasadas las convocatorias electorales-, con la llegada de las máquinas.

La adjudicataria de los dos contratos es la empresa de ingeniería y consultoría Exceltic, con sede en Madrid y especializada en evaluaciones de seguridad. Así, esta compañía es la que ha asumido las funciones que debería haber ejercido la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria.

De hecho, debido al retraso de su puesta en marcha, la conselleria ya introdujo varias modificaciones en la normativa valenciana de seguridad ferroviaria aprovechando la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2019. Entre ellas, asignó las labores de la agencia a la Dirección General de Transportes, encabezada por Carlos Domingo, quien, a su vez, «podrá recabar para ello el asesoramiento de personal técnico especializado en seguridad de la circulación ferroviaria», según la disposición transitoria cuarta de la ley presupuestaria. Dado que la dirección general no cuenta con la estructura para los informes de seguridad, la conselleria optó por una adjudicación externa con una inversión, hasta ahora, de más de 22.000 euros.