La retirada y multa por el vertedero ilegal de plástico costará 1,7 millones

Una parte del vertedero. / j. monzó
Una parte del vertedero. / j. monzó

La Generalitat quiere que la responsabilidad sea asumida en su totalidad por las empresas que acumulaban toneladas de residuos en Utiel

MAR GUADALAJARA VALENCIA.

«El que contamina la paga». Así de claro es el principio en el que se basa la Ley de Responsabilidad Ambiental en España. Esa es la intención de la Conselleria de Medio Ambiente: obliga a pagar una sanción económica y los gastos de la retirada de miles de toneladas de plástico a las empresas que cobraban por almacenarlos en un vertedero ilegal en Utiel. El coste de la infracción asciende a 1.760.000 euros.

La conselleria abre así un expediente de responsabilidad ambiental a los infractores. Incluye multa y restauración del espacio afectado. Pero la cantidad podrían aumentar ya que «el importe concreto dependerá del coste de los destinos definitivos de todas las toneladas, así como del coste de transporte a destino», dijo ayer el director general de Calidad Ambiental, Joan Piquer.

La Generalitat quiere que la responsabilidad sea asumida por las mercantiles pero la Dirección General de Calidad Ambiental no descarta a actuar en caso de que se eludan las tareas de limpieza por parte de las empresas. Aunque su objetivo principal ahora es «el que contamina, paga», insiste Piquer.

Medio Ambiente sólo cuenta con seis inspectores para recorrer toda la Comunitat

Tres meses después del inicio de la limpieza, los plásticos parecen no desaparecer. Desde que la Conselleria de Medio Ambiente ordenara el inicio de los trabajos de retirada, el pasado 28 de enero, se avanza poco a poco: sólo 8.400 de las 43.000 toneladas acumuladas en el vertedero ilegal de Utiel han sido retiradas hasta ahora, según la propia administración. «Los trabajos de retirada continúan en marcha y las medidas adoptadas son las correctas según determina el propio Síndic», alega Piquer.

Por el momento, las empresas asumen las tareas, que están siendo supervisadas por el Consistorio de la localidad y la Policía de la Generalitat, «comprobando los datos necesarios para conocer el destino de los residuos», asegura el Síndic de Greuges. El defensor del pueblo recibió ayer el compromiso de la Conselleria y del Ayuntamiento de Utiel de asumir las funciones de limpieza si la empresa no respondiera a su labor. Asimismo, ambas se han comprometido a acabar con la totalidad de los residuos almacenados en la parcela y a seguir las recomendaciones recibidas.

Los deficientes servicios de inspección en la Comunitat podrían ser parte del problema. Tan sólo seis inspectores medioambientales para toda la Comunitat, una cifra que el propio director general de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat, Joan Piquer, reconoce que está por debajo de otras autonomías como Cataluña, Galicia, Navarra o el País Vasco. Por ello asegura ya se ha determinado «la necesidad de continuar con el incremento de medios humanos y materiales en el servicio de inspección ambiental de la Generalitat».

Aumentar los recursos humanos y materiales es una de las patas necesarias para el control de los delitos medioambientales y evitar que acciones como estas se cometan. Calidad Ambiental pide una reforma de la gestión del plástico. «Hay que trasladar un claro mensaje; la economía nacional de la gestión del plástico necesita una profunda remodelación y reforma que debe ir hacia plásticos que sean completamente reciclables», explica Piquer.