Borrar
Urgente Mueren una mujer y un hombre en Asturias arrastrados por el oleaje
Un momento de la protesta de este miércoles a las puertas del Palau de la Generalitat. Irene Marsilla
La protesta por el recorte de ayudas en salud mental y el encarecimiento de las residencias llega al Palau

La protesta por el recorte de ayudas en salud mental y el encarecimiento de las residencias llega al Palau

Decenas de profesionales y usuarios recurren a la Presidencia de la Generalitat ante la negativa de la Conselleria de Igualdad a modificar el nuevo decreto de tipologías de servicios sociales

D. GUINDO

Miércoles, 10 de mayo 2023, 12:57

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

«No se juega con la salud mental», «No nos dejéis solos», «Queremos una calidad asistencial sin esperas para las ayudas» o «Trabajemos juntos en un proyecto viable» son algunas de las consignas que se han podido leer o escuchar este miércoles en la protesta convocada por la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte) con el respaldo de medio centenar de entidades del sector frente al Palau de la Generalitat. Los asistentes han recurrido directamente a los responsables de Presidencia después de que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas no atienda las reivindicaciones y quejas del sector, que se opone al nuevo decreto de tipologías aprobado por el departamento de Aitana Mas y que genera, entro otros problemas, «un recorte de las ayudas para viviendas supervisadas en salud mental, la limitación de ayudas a la dependencia para residencias, y el aumento del copago en los centros», como denuncian desde Aerte.

Poco antes de arrancar la concentración, desde el Palau han trasladado a los convocantes la posibilidad de reunirse con responsables de Presidencia, entre ellos el comisionado de Salud Mental, Rafael Tabarés. En el encuentro, según fuentes de Aerte, la Administración ha instado al sector a remitir «propuestas» y le ha trasladado que existe «un compromiso firme con la salud mental».

Esta reunión, sin embargo, no ha evitado los cánticos, los pitos y una atronadora batucada con la que los afectados han querido poner de manifiesto su malestar por una nueva organización del sector que genera serias dificultades para conseguir plaza en pisos tutelados de salud mental (que cuentan ya con plazas libres, pero los nuevos usuarios no cuentan con ayudas suficientes para hacer frente al coste), encarecerá los precios de residencias y centros de mayores, al prácticamente duplicar los ratios de profesionales y no tener en cuenta, por ejemplo, el coste del transporte y, en definitiva, genera «un bloqueo del acceso al sistema de salud mental y de dependencia», como lamentan desde Aerte.

«El decreto exige una serie de requisitos que tienen un coste y se va a tener que repercutir en la tarifa que pagan los residentes mientras las ayudas de dependencia no suben desde 2007»

Laura Hernandiz

Trabajadora social de residencia de mayores

«Desde el mes de agosto, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha reducido los importes de ayuda que ofrecía a los usuarios de pisos tutelados para acceder a una plaza en una vivienda supervisada. Argumenta que hay otros servicios compatibles para apoyarlos, desconociendo que el personal que está en las viviendas está para ofrecer ese servicio, como han venido haciéndolo hasta ahora. Esto está provocando, desde hace ya ocho meses, el bloqueo del acceso al sistema. Las trabajadoras sociales de los hospitales o de los municipios no pueden enviar a estas personas a los servicios que necesitan porque la prestación que le ofrece no cubre el importe total de la plaza y no tienen capacidad de pagar la diferencia. Sólo pueden permitírselo las personas con gran capacidad económica y esto no es justo. El sector quiere atender a las personas en función de su necesidad, como venía haciendo hasta ahora, y no del dinero que tienen, pero la nueva regulación no lo permite», denuncian los afectados.

«Al mismo tiempo, se impide la transición entre recursos necesaria en el proceso de rehabilitación de las personas con problema de salud mental. Hay que lograr un rápido cambio entre las residencias, las viviendas tuteladas y los domicilios de las personas atendidas, con flexibilidad para avanzar en un sentido u otro y sin tener la inseguridad de que se pueda perder el total de la ayuda en cada cambio. Si no, paralizaremos el proceso de rehabilitación de las personas que lo necesitan lo que resulta absolutamente irresponsable por parte de la Administración y no podemos aceptar de ningún modo», añaden.

La propia Ley de Presupuestos recoge lo que cuesta según la Conselleria de Igualdad una plaza en una vivienda de este tipo, exactamente 1.973 euros, sin embargo, sólo concede un máximo de 715 a la persona que lo necesita. «¿Por qué esa contradicción? ¿Esta decisión ha priorizado realmente la salud mental?», se preguntan desde Aerte.

«Han aumentado tanto las ratios de profesionales que se van a amontonar y obligan a que el transporte sea gratuito, por lo que no salen los números»

Carmen Betoret

Directora de centro de día

Con el Decreto 102/2022, señalan, también «se ha limitado la posibilidad de elección de centros residenciales a muchas personas mayores o con problemas de salud mental que han solicitado una plaza pública de las escasas que hay y que no pueden acceder a ella».

«Hasta ahora, se les resolvía una prestación vinculada de garantía que les permitía elegir entre todos los centros autorizados de la Comunidad, incluso disponer de servicios añadidos, como una habitación individual, si así lo deseaban. Ahora, el tope de la ayuda impide acudir a muchos centros ya que la ayuda máxima es inferior a la tarifa que tienen esas residencias y la persona no puede pagar la diferencia aunque tenga capacidad para abonarla. Con esta medida se pretendía facilitar el acceso de las personas a una plaza en situación similar a la plaza pública pero lo que se ha conseguido es impedir que puedan ser atendidas en muchos centros. Han sido más de 100 residencias las que han informado a la conselleria de la imposibilidad de poder atender a personas con esta limitación», agregan.

En definitiva, el sector defiende la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de atención en residencias, centros de día, viviendas tuteladas, servicios de ayuda a domicilio y servicios de promoción de la autonomía que sea capaz de ofrecer en cada momento el servicio adecuado a las personas que apoya, «pero hay que hacerlo conservando las plazas existentes, generando nuevas y sin que le cueste un euro más a nadie. Hay que mejorar los ratios de personal y condiciones del servicio pero de una manera viable y sostenible que nos permita avanzar de verdad», argumentan.

«Tenemos plazas libres y los servicios sociales diariamente nos piden plazas, pero no pueden tramitarlo porque han desaparecido las ayudas»

Raúl Planells

Trabajador en viviendas tuteladas

Pero, frente a ello, tras el estudio de la memoria económica del decreto recientemente aprobado, los afectados han observado que el incremento de las ayudas previsto «es insuficiente para cubrir el coste de los nuevos requisitos exigidos lo que provocará que aumente el copago que llevan a cabo las personas usuarias y sus familias. Esta situación puede provocar que muchas personas tengan que abandonar estos centros por la incapacidad de hacer frente a las nuevas tarifas».

Réplica de Igualdad

Por contra, desde la Conselleria de Igualdad afirman que la aplicación del decreto se está haciendo de «forma dialogada y consensuada con sindicatos, entidades del tercer sector y patronales, entre las que figura Aerte que ha participado en la ronda de reuniones para implantarlo» y señalan que las fechas de aplicación que se alargan, en algún punto, hasta 2029.

Por lo tanto, aseguran que «no hay razón para la alarma excepto si las empresas de las residencias de personas mayores quieren mantener su nivel de lucro en niveles muy elevados». Al respecto, consideran que, tras la pandemia, «también deben arrimar el hombro para mejorar la calidad de sus servicios».

«Si seguimos aumentando el precio de las plazas va a haber familias que no van a poder optar al recurso pese a ser personas dependientes que necesitan cuidados especializados»

Patricia Cuesta

Trabajadora social de un centro de mayores

Asimismo, recuerdan que la implantación del decreto «irá acompañada de 137 millones para facilitar que las residencias del sector público o con plazas concertadas tengan garantizado el apoyo financiero de la Generalitat para acometer los cambios previstos».

Por último, destacan que la Comunitat Valenciana es «la primera» en incorporar, mediante este decreto, todas las mejoras consensuadas en el acuerdo estatal sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios de promoción de la autonomía y atención a personas en situación de dependencia de la Comisión Interterritorial del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios