El profesorado de la concertada también protesta por sus salarios: reclama una actualización pendiente y la equiparación con la pública

También reclaman a la Conselleria de Educación que actualice las nóminas de acuerdo con el último convenio colectivo, firmado en diciembre de 2024 y que mejora algunos conceptos como el salario base, el complemento de homologación, los trienios por antigüedad y los de cargo. Además, el acuerdo tiene efectos retroactivos, en el sentido de que estos incrementos, que varían mucho en función de los servicios prestados del interesado, surten efectos desde enero de 2023. La situación ha llegado a tal punto que, según explican fuentes de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de la Comunitat (FSIE-CV), se ha generado una deuda acumulada de más de doce millones de euros, resultantes de no haber pagado la actualización en los últimos 34 meses.

La organización, que es la mayoritaria de la enseñanza concertada, ha lamentado este jueves que la deuda contraída se suma a «la desigualdad en la carga lectiva y las condiciones laborales» entre redes. Así, destacan que mientras que los docentes de la concertada imparten hasta 25 horas lectivas semanales, en la pública la carga máxima es de 18 en Secundaria (23 en Infantil y Primaria). También advierten de otras diferencias, como que los equipos directivos públicos disponen de reducciones horarias (en los concertados, en cambio, ven incrementada su jornada anual en 210 horas), o que el complemento salarial por estas funciones es superior entre los primeros.

FSIE-CV también destaca que pese a que existe un acuerdo de homologación retributivo entre redes, los segundos no disponen de sexenios, el complemento por formación continua de la pública que oscila entre 122 y 657 euros mensuales, en función de si se suma uno o seis, que es el máximo que se puede reconocer (se generan cada seis años acreditando haber cursado cien horas de formación).

La organización considera «inaceptable» que sigan existiendo «agravios económicos, laborales y de reconocimiento profesional a pesar de desempeñar las mismas funciones educativas y contribuir de igual manera al sistema público valenciano», por lo que se reclama «el abono inmediato de las diferencias salariales pendientes, la reducción de la carga lectiva en condiciones de equidad con la pública y el reconocimiento de los sexenios y complementos de cargo, pues no hay educación de calidad sin condiciones laborales justas», en palabras de Vicente Cabanes, presidente de la organización. En este sentido, se insta a la conselleria a «abrir un diálogo eficaz que permita avanzar hacia la equiparación retributiva y laboral del profesorado de la enseñanza concertada de la Comunitat».

La exigencia de homologación real es cíclica, y en esta ocasión ha coincidido en el tiempo con la petición unánime de los sindicatos de la red pública para que se mejore su salario, alegando que los valencianos están entre los peor pagados de España: entre 2.400 y 2.700 euros al mes, aproximadamente, cuantía similar para la concertada valenciana, pues estas cifras son iniciales, sin incluir sexenios o pluses por cargo. Incluso está prevista una huelga para el 20 de noviembre, pendiente de oficializar y en la que también se reivindican una serie de mejoras laborales, como bajadas de ratios y ampliación de plantillas.

En cuanto al impago de las actualizaciones salariales, FSIE-CV ha recordado que la conselleria está obligada a abonarlas tras la publicación de las nuevas tablas salariales, por lo que no hacerlo «genera un perjuicio económico injustificado a los trabajadores afectados». Según la organización, en el último año ha presentado cinco escritos ante la administración, el último la semana pasada, instando al abono sin obtener respuestas favorables.

«La administración no puede seguir demorando el pago de lo que legalmente corresponde al profesorado de la enseñanza concertada. Llevamos casi dos años esperando un derecho reconocido y publicado en el BOE», ha lamentado Cabanes.

Además, «ante la inacción de la conselleria y la falta de respuesta», se ha presentado una queja al Síndic de Greuges, «para garantizar los derechos salariales de los docentes afectados» se presentarán reclamaciones administrativas individuales para cada trabajador que lo solicite «como paso previo a la interposición de una demanda judicial».