El presidente de la Audiencia, sobre el caso de la dana: «La crítica es legítima, pero buscar el desequilibrio del juez, no»

Una de las primeras cuestiones del encuentro, lógica por otra parte, ha sido la la labor de la jueza instructora de la dana. Él, por ejemplo, en su etapa de juez instructor comandó las diligencias del caso Maeso. Conoce de primera mano qué comportan estos macrosumarios. Son frecuentes los ataques contra quien lleva la instrucción en asuntos de esta naturaleza, ha admitido. Especialmente en aquellos que incorporan una evidente carga política. «La crítica es legítima. Somos un poder y estamos sometidos a la crítica y a la mirada de todos aquellos que tengan interés. Las críticas serán más o menos fundadas según los argumentos». En ocasiones -quiso precisar- se ven actuaciones destinadas «a generar una especie de desequilibrio para modificar su conducta procesal». Y esto excede del espacio de la crítica a cualquier poder, resumió.

En esos escenarios, ha recordado que está la posibilidad del juez de pedir amparo ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): «Este es el mecanismo estructural de defensa del juez ante los ataques». «Muchas veces, no obstante, la posición de un juez en estas situaciones es vulnerable. No tiene capacidad de respuesta, su trabajo es el que le corresponde y su investigación la sigue conforme a criterios de la ley». La magistrada de la dana tiene abiertas unas diligencias informativas en el Poder Judicial por las quejas presentadas por los dos principales investigados.

Algunas cuestiones han girado alrededor de la figura de Mazón y la reciente decisión de la Audiencia de ordenar la citación de la periodista Maribel Vilaplana. Ortega fue cauto y habló siempre de generalidades evitando descender al detalle y el caso concreto. Evidentemente no puede hacerlo porque forma parte del tribunal que resuelve los recursos del juzgado de la dana. Apuntó, por ejemplo, qué circunstancias se deben apreciar en un aforado para elevar la causa al TSJ. «Indicios sólidos para atribuirle una persona en concreta hechos con una apariencia delictiva».

Ortega recordó que las decisiones sobre la dana se adoptan en Pleno, es decir, con la deliberación de los seis magistrados de la sección para ofrecer «mayor calidad de todos los argumentos». Ha reconocido que existe una enorme expectativa de la ciudadanía alrededor de este asunto «pero eso es ajeno al trabajo del tribunal».

El presidente de la Audiencia, que en anteriores procesos había optado incluso a presidir el TSJ, defendió la absoluta «independencia» de las resoluciones de todos los profesionales. «Llevo 37 años en esto», señaló. A continuación, planteó una reflexión. «No estamos a salvo de vernos afectados por nuestros sesgos. Pero es nuestra obligación. Hay jueces mejores y peores, como en cualquier profesión». Ortega abordó la supuesta politización de los órganos de Gobierno de la Justicia. «Vemos el panorama y parece que sí, pero lo que conozco con fundamento en lo que se resuelve en los tribunales». Y ahí este contagio desaparece.

Ortega es un histórico de Jueces para la Democracia, la asociación de carácter progresista. En ocasiones se han vinculado determinadas decisiones judiciales de la Audiencia a la adscripción ideológica de los magistrados. Ha ocurrido, por ejemplo, con Pedro Castellano, presidente de la sección Cuarta de Valencia, el que fuera presidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

No le preocupa que ahora, en un asunto como la dana, se le pueda atribuir o reprochar un criterio en base a una determinada sensibilidad ideológica. «No lo tomo en cuenta en absoluto y lamentaría que la lectura estuviera por algo que no afecta. Cada uno somos de nuestra madre y padre. La herramienta que se nos debe exigir es la calidad de la motivación de las resoluciones que adoptamos. Esa es la garantía y lo que debo darle al ciudadano».