El polémico informe aún duda de la admisión en la concertada pese a corregir los errores

El estudio cuestiona que en las zonas más ricas de Valencia la mayoría de familias consigan los puntos por renta e insta a Educación a investigar

J. BATISTA

valencia. El informe sobre el mapa escolar de Valencia, en los tribunales tras una denuncia del PP que cuestionaba su encargo directo por parte de la concejalía de Educación a un profesor de la Universitat, ha corregido en su versión definitiva la interpretación que hacía sobre el criterio de renta, que da dos puntos en la baremación que se activa cuando hay más solicitudes que plazas en la admisión de alumnos.

Como informó LAS PROVINCIAS, en el avance presentado ante el Consejo Escolar Municipal en abril y trasladado a la conselleria, se señalaba que los conseguían las familias cuyos ingresos anuales estaban por debajo de 15.039 euros, que es dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), olvidándose de que la normativa de admisión establece que el cálculo debe hacerse per cápita e incluyendo en el mismo a progenitores e hijos.

La idea ya ha sido recogida, explicando que para un núcleo monoparental (madre e hijo) el límite está en 30.039 euros, y en «45.117 al año para familias con dos progenitores». Es más exacto decir que con dos padres y un hijo, pues si la familia tiene dos niños la cuantía límite es mayor -60.156-. Y si tiene tres, sigue sumando los puntos si la renta anual no pasa de 75.195. Es decir, se obtienen siempre que la cantidad -extraída de la declaración de la renta de dos años anteriores al de la petición de plaza-, al ser dividida entre todos los miembros de la familia, quede por debajo de 15.039 euros.

Los investigadores, en el apartado donde se estudia el efecto que tienen los puntos de renta en la admisión, consideraban a las familias que los obtienen como rentas bajas, una apreciación que ha desaparecido en la versión final, aunque en algún caso se les tilda de grupo de población «supuestamente de bajos recursos». Al ser un criterio tan amplio, la gran mayoría de solicitudes (74% en la admisión del curso actual), consigue estos puntos, lo que llevó a los profesores a determinar que podría tratarse de indicios de irregularidades, con mayor intensidad en la concertada, pues en todos los distritos escolares de la ciudad la red tenía más solicitudes con estos dos puntos que la pública.

En la versión definitiva, pese a que ya no se hable de rentas bajas, se mantiene la sospecha. Aunque ya no afirman como en la anterior que si los datos fueran ciertos «se dispararían los índices de pobreza de la ciudad» y sostienen acertadamente que el criterio no prioriza a las rentas bajas y es ineficiente -no ordena las solicitudes y propicia empates-, sí consideran que la concentración de solicitudes con los puntos en la concertada y en distritos con un índice socioeconómico alto -hay más casos que en zonas desfavorecidas- puede ser indicativo de alguna trampa. De ahí que pidan a Educación que investigue. Además, se cita un centro de la zona más rica, sin más precisión, donde el 90% de las solicitudes los obtuvieron.

En la presentación del informe, organizada el jueves en la Universitat, se especuló con la posibilidad de que esta mayor presencia de instancias de admisión con puntos de renta en la concertada y en zonas ricas (con centros tradicionalmente demandados) tuviera que ver con que hay más competencia para entrar, lo que lleva a pedirlos con asiduidad. Puede ser también que haya más información en este sentido desde estas escuelas al ser claves para tener opción de acceder. En cualquier caso, el informe dice que hay que estudiar mejor a este colectivo.