La PAH pide que los pisos vacíos de bancos pasen al parque público

Martínez Dalmau, ayer, con los representantes de la PAH. / EFE/Biel Aliño
Martínez Dalmau, ayer, con los representantes de la PAH. / EFE/Biel Aliño

La plataforma ciudadana reclama a la Generalitat «decisiones valientes» como poner límites al precio del alquiler

ISABEL DOMINGOVALENCIA.

«Decisiones valientes para garantizar el derecho a la vivienda». Es la petición que ayer realizaron los representantes de la Plataforma de afectados por las hipotecas de Valencia (PAH) al vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, con quien mantuvieron una reunión para denunciar la situación de la vivienda pública.

Para la PAH son varias las «decisiones» o medidas que podría adoptar la Generalitat, como paralizar los desahucios, impulsar el parque público de viviendas mediante la expropiación de uso de los pisos vacíos que estén en manos de las entidades bancarias (aquí reclamaron que las viviendas de Bankia y la Sareb pasen a ser propiedad de la administración) o poner límites a los precios del alquiler, que, según un informe del Banco de España, han subido un 45% en Valencia desde diciembre de 2013.

En este sentido, los portavoces del colectivo denunciaron que muchos inmuebles «están en manos de pocos propietarios que los retienen para ganar dinero» y criticaron que «gente trabajadora no pueda llegar a pagar el alquiler». «Un porcentaje muy significativo de familias dedican más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler», añadieron.

Por ello, también abogaron por una modificación de las normas burocráticas para que la administración pueda adquirir viviendas. Precisamente uno de los objetivos incluidos por la Conselleria de Vivienda en su plan de trabajo para los próximos seis meses es el lanzamiento del segundo Plan de Adquisición de Viviendas, destinado a comprar pisos a los particulares para destinarlos a alquiler social.

La PAH también recordó las cifras de los desahucios: 2.119 en el primer trimestre de este año en la Comunitat, con un «importante aumento» de los relacionados con los impagos por el alquiler. En el caso valenciano, representan el 60% del total, según alertaron con datos del Consejo General del Poder Judicial. Apuntaron, además, que 109.000 familias valencianas han padecido un desahucio desde la crisis.

Otra de las medidas que plantearon a la nueva conselleria de Vivienda fue el desarrollo de la Ley de la Función Social de la Vivienda, aprobada en la pasada legislatura pero que tiene pendiente, por ejemplo, «los protocolos, especialmente el que hace referencia a las viviendas vacías de las grandes inmobiliarias», o el régimen sancionador contemplado en la normativa.

Dentro de sus reivindicaciones, la PAH pidió a Martínez Dalmau que medie para que haya una prórroga de la moratoria de los alquileres sociales. Aprobada en 2017 por el Gobierno central para familias en situación de vulnerabilidad por la crisis económica, el plazo vence en mayo de 2020 y 27.900 familias «podrían verse afectadas».