Peticiones al nuevo Consell: menos listas de espera, más pisos

El abanico de exigencias cubre otros frentes muy delicados para la vida diaria. Es el caso de la sanidad, de donde llega un clamor coincidente: solucionar el endémico tapón en las listas de espera mejoraría de manera radical el día a día de la población. En esta recopilación de peticiones, que algo tiene de carta a los Reyes Magos, se incluye el parecer procedente de quienes manejan la administración de Justicia (y se quejan de la perenne falta de medios) y del mundo educativo: de nuestra red escolar procede la demanda de mejorar las condiciones laborales del profesorado, unida a otra reivindicación añeja: perfeccionar el modelo de financiación universitaria.

El dinero, de nuevo. Que esas reclamaciones se recorten contra las previsiones presupuestarias no deben extrañar, igual que suenan convincentes otras como el ruego de frenar la creciente burocratización, concluir las infraestructuras pendientes (el puerto, el by-pass) y, en resumen, alcanzar un nivel superior en las condiciones de vida: un propósito para el cual resultará clave combatir la pobreza mediante prestaciones más adecuadas, en tiempo y forma, y cuidar mejor a los más vulnerables; entre ellos, la población de mayor edad.

Las competencias en Justicia están repartidas entre la Generalitat y el Gobierno central. Una de las obligaciones del gobierno autonómico consiste en proporcionar las mejores sedes judiciales. Y en este apartado, destaca, sin duda, la rehabilitación del TSJ. Lo dijo el presidente del TSJ, Manuel Baeza, en un lamento cargado de reivindicación: «Dijeron que la reforma de la sede del TSJ duraría dos años, llevamos siete fuera». Desde entonces, magistrados y funcionarios ocupan unas dependencias junto a Les Corts, lo que antiguamente fue la Conselleria de Justicia. No está a la altura de la dignidad de la institución. De igual modo, la segunda Ciudad de la Justicia necesita un 'empujón' administrativo.

Uno de los grandes caballos de batalla de la Administración de Justicia ha sido siempre la dependencia del papel. La llegada del expediente electrónico se presentaba durante años como la solución a buena parte de los males. Y puede que lo sea. Pero, de momento, el sistema que gestiona los expedientes, bautizado como Justa, está generando más incidencias de las esperadas. Este ha sido el primer año de implantación. Se ha efectuado de manera paulatina, por partidos judiciales y diferentes órdenes. En el uso influyen diferentes aspectos. Por un lado, algo de 'pereza' de los profesionales. Pero la parte más flagrante reside en las propias limitaciones de la aplicación.

Los tribunales de instancia, la nueva organización de los juzgados, implica, además, un nuevo modelo de oficina judicial. Los funcionarios se integran en unas macrooficinas bajo el mando de los Letrados de la Administración de Justicia. El sindicato STAJ lamenta, por una parte, la falta de espacio en las sedes. Por otro, que la conselleria se haya desentendido de la organización. La Ley les autoriza a crear equipos funcionales que permitiría ubicar a los empleados en aquellos cometidos para los que tienen mayor experiencia. Pero no ha sido el caso. Además, los funcionarios reclaman el incremento del complemento específico, que es el más bajo de España. El resto de autonomías sí han aumentado esta compensación.

Si hay una cuestión en la que coinciden los distintos agentes sociales relacionados con el mercado inmobiliario es la necesidad de incrementar el parque de vivienda, tanto el público como el privado. Sin el aumento de la oferta, coinciden los expertos, los precios seguirán disparados, especialmente en las grandes ciudades. Una de las voces que lleva repicando esta cantinela desde hace meses es la del vicepresidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia (Coapiv), Vicente Díez. «Es imprescindible aumentar la oferta, tanto la privada como la pública y, especialmente, la protegida», expresa, y agrega que es necesaria una coordinación entre las distintas administraciones.

También la vicepresidenta del Consell de la Joventut de València (CJV), Noelia Rojas, apunta en la misma dirección, aunque con el foco puesto en los más jóvenes. «Necesitamos un plan integral de acceso a la vivienda joven, con la ampliación real del parque público y programas eficaces de emancipación», menciona, ya que solo el 15% de los valencianos de entre 16 y 29 años lo ha conseguido. Así, que la oferta se incremente, ya sea con mayor o menos regulación, es una de las exigencias comunes de todos.

Aplicar la Ley de Vivienda aprobada en 2023 y decretar zonas tensionadas en las grandes ciudades. Esta petición es común entre Juntes per l'Habitatge y el Consell de la Joventut de València, que opinan que el Gobierno liderado por el PP no está utilizando todos los recursos a su alcance para topar los precios del alquiler. «La vivienda es un derecho, no tendría que estar mercantilizado como lo está ahora», señalan desde la plataforma de organizaciones por la vivienda. Por su parte, la vicepresidenta del CVJ, Noelia Rojas, reclama que se aplique la Ley de Vivienda estatal para «frenar la especulación y limitar aumentos desproporcionados que expulsan a la juventud de sus propios barrios».

No caer en la maraña burocrática de la vivienda es otro de los retos a los que se enfrentan diariamente los agentes encargados de construir más casas. Así que reducir estas complejidades es una de las demandas que elevan al nuevo Consell, encabezado ahora por Juanfran Pérez Llorca. La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) exige, pues, que «se reduzcan las trabas burocráticas». Coincide en esta petición el vicepresidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia (Coapiv), Vicente Díez, que ya que considera que es una medida necesaria para aumentar la oferta. En su caso, pone el foco en ayudar a los ayuntamientos con más recursos.

Una de las consecuencias más trágicas de la crisis de vivienda que asola a la Comunitat Valenciana y al resto del país es el desahucio de familias sin alternativa habitacional. Así lo considera Juntes per l'Habitatge, por lo que remarca la necesidad de que no se produzcan estas expulsiones. «Antes de llegar a la situación de desahucio, se tendría que permitir la cesión de uso. Es una medida factible para la Generalitat», apuntan. En la misma línea, la vicepresidenta del Consell de la Joventut de València (CJV), Noelia Rojas, pide «fortalecer los servicios de mediación y ampliar las ayudas específicas para jóvenes en riesgo». «Nadie tiene que quedar fuera del derecho a la vivienda por razones económicas».

Conseguir más espacio para construir. Esta es una de las reivindicaciones comunes entre la patronal de empresarios de la Comunitat Valenciana, la CEV, y los promotores. «Sin suelo transformado y finalista es imposible incrementar la oferta de vivienda y reducir las tensiones actuales del mercado», apuntan desde la CEV. En la misma línea se expresa el vicepresidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia (Coapiv), Vicente Díez, que pide facilitar las políticas de suelo, mejorar la gestión de las licencias y agilizar los plazos. Este aumento, defienden ambas entidades, ayudaría a agilizar los trámites administrativos necesarios para construir el parque de viviendas.

Otra de las batallas inmobiliarias que se están librando en las grandes ciudades como Valencia es la del control de los apartamentos turísticos ilegales. La vicepresidenta del Consell de la Joventut de València, Noelia Rojas, reclama un mayor control y una reducción del impacto del alquiler turístico y de los apartamentos ilegales, que «están presionando al alza los precios y deteriorando la convivencia en los barrios».

Que los jóvenes puedan acceder al mercado inmobiliario es una de las exigencias más repetidas. Para ello, desde la patronal valenciana exigen incentivos fiscales que faciliten el acceso a la vivienda. Una posición que comparte el vicepresidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia (Coapiv), Vicente Díez, para quien esta tiene que ser «benevolente y generosa» con la compra de vivienda.

Mari Carmen Ortí hereda un conflicto que tiene visos de enquistarse. La relación con los representantes del profesorado de la enseñanza pública es extremadamente tensa, y sobre la mesa hay una batería de medidas de presión inéditas en la Comunitat: al menos siete huelgas con la posibilidad de que en mayo sea indefinida. De confirmarse el final del curso sería extremadamente complicado. Detrás del órdago está la exigencia de la mayoría sindical de que se mejoren las retribuciones del profesorado -su salario mínimo es de 2.400 euros brutos, de los más bajos de España- y también las condiciones laborales: ratios de alumnos por aula más bajas o un plan realmente efectivo para reducir burocracia. Cuando se le pregunta al sindicato mayoritario, el STEPV, sobre qué le pide al nuevo equipo, se remite al comunicado enviado pocas horas después del nombramiento, en el que se le insta a sentarse a negociar. La Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, un conglomerado de organizaciones de familias, alumnos y sindicatos, apoya los paros, aunque sin aludir tan claramente a la cuestión salarial. Se limita a hablar de condiciones dignas. Anpe, única organización que se desmarca de las medidas de presión, comparte la exigencia retributiva.

El presidente de la Confederación de Ampas Gonzalo Anaya, Vicent Gumbau, plantea «recuperar el diálogo con la comunidad educativa». Y no es la única voz que se pronuncia en términos más o menos parecidos, en el sentido de tener en cuenta el parecer de los diferentes actores. Sonia Terrero, presidenta de Covapa, pide que «escuche a las familias», en una clara referencia a medidas que apoya su organización como la elección del modelo lingüístico -que la anterior organización rechaza de plano, por cierto-, mientras que Vicenta Rodríguez, presidenta de la patronal concertada Escuelas Católicas, apuesta por «un trabajo colaborativo, conjunto y con dialogo con todos los sectores».

La postura de las universidades públicas es unánime: una vez aprobado el nuevo modelo de financiación, que garantiza una inversión de más de mil millones de euros anuales hasta 2030, sería importante avanzar en su desarrollo, pues se quedaron algunos aspectos pendientes. Como establecer una serie de indicadores y criterios que influyan a la hora de repartir parte de las transferencias (por objetivos) o que el acuerdo recoja determinadas singularidades de las instituciones, de manera que estén cubiertas por la inversión necesaria. Dos buenos ejemplos sobre la cuestión: para el mantenimiento del patrimonio de la Universitat de València o por la dispersión de los campus de la UMH.

Alberto Villanueva, presidente de Feceval, la otra patronal concertada, recuerda que Ortí es «buena conocedora» de las necesidades de la red, pues hasta mayo fue subdirectora de la Dirección General de Centros. «Esperamos seguir avanzando en la reducción de la brecha entre los centros sostenidos con fondos públicos», señalan, algo que afecta directamente a la dotación de plantillas, por ejemplo en FP. También alude a la revisión de la partida para cubrir los gastos de funcionamiento de los centros, pues la actualización incluida en los presupuestos de 2025 (un 3%) es insuficiente. Hay que tener en cuenta que la última vez, hasta el ejercicio pasado, en que se actualizó la cuantía fue en 2009.

Las dos confederaciones de Ampas destacan la cuestión de las infraestructuras de los centros públicos. «Pedimos que se ejecuten las obras de adecuación y reforma previstas y se apliquen criterios de adaptación al cambio climático, con especial atención a los centros afectados por la dana», dice la Gonzalo Anaya. Covapa coincide: «Es fundamental que se saquen adelante las obras de manera ágil, así como el plan de climatización anunciado».

Deben garantizarse los recursos para la educación Especial». Son palabras de Terrero (Covapa), que pone voz a una crítica extendida: la infradotación de las aulas Ueco en cuanto a especialistas o su exceso de alumnos y la demora en la sustituciones de personal complementario. En la concertada Villanueva dice que es básico revisar las plantillas de Especial y, en general, mejorar la asignación de profesionales para atender necesidades especiales.

Si algo piden los agentes sociales y el sector empresarial valenciano al nuevo presidente de la Generalitat eso es que se les tenga en cuenta en la toma de decisiones. Llorca ya prometió en su discurso de investidura que en su mandato la escucha iba a tener un enorme protagonismo. Los empresarios esperan que cumpla con su palabra para «reforzar la estabilidad económica y social». La patronal valenciana sí que pone el foco en la necesidad de presentar unos presupuestos que le permitan gobernar en condiciones «en el corto plazo», siempre con una «consulta previa a los agentes sociales» con el propósito de «incorporar la visión de empresas y trabajadores».

El diálogo «sereno y continuo» también se cuela en la lista de deseos de Cámara Valencia, que reclama a Pérez Llorca «incrementar la proximidad institucional». José Vicente Morata, presidente de la Cámara, ya reclamó «un proyecto común» entre el gobierno valenciano y las empresas de la región. Una propuesta que debe ir acompañada de una «previsibilidad en la acción de gobierno» que solo será posible si los números cuadran.

Entre la principales reclamaciones que la Confederación Empresarial de la Comunitat (CEV) traslada a Llorca se encuentra la defensa de los intereses de la Comunitat, por encima de los del partido. La mejora urgente de las infraestructuras es clave para ello. Desde el sector del transporte reclaman agilidad y una mayor presión al Ejecutivo central para que se ejecuten obras clave como la del acceso norte puerto o el by-pass.

Mientras la patronal pide a Llorca una «defensa activa del diálogo social como herramienta de consenso y estabilidad para políticas económicas y laborales», desde Cámara Valencia consideran importante «recuperar el diálogo entre administraciones». El diálogo debe ser un elemento indispensable en la gestión de un Consell al que también se le exige una mayor colaboración público-privada.

Conseguir una financiación más justa para la Comunitat es uno de los retos más complejos a los que puede enfrentarse el nuevo president. Desde la CEV insisten en la necesidad de luchar por un cambio de modelo de la financiación, que no solo ayude a crecer a la Comunitat, sino también a las empresas. «Un marco fiscal competitivo y estable», piden desde la CEV, ya que la estabilidad es clave para que las empresas puedan invertir.

La estabilidad normativa, la agilización de procesos burocráticos o la facilidad para acceder a líneas de financiación son algunas de las peticiones del sector empresarial valenciano para Llorca. En definitiva, seguir por el camino que inició Mazón en simplificación administrativa para no solo beneficiar a las empresas, sino también a los trabajadores. Los ingenieros industriales, por ejemplo, desean una mayor facilidad para acceder a expedientes.

Las listas de espera son el gran caballo de batalla de la Conseleria de Sanidad. Los pacientes deben esperar meses para ser operados o para que les hagan prueba del médico especialista y cada vez más miles de personas agrandan estas listas en los hospitales. El Comité de Pacientes de la Comunitat solicita que los diagnósticos sean «certeros y rápidos» y que la derivación a los facultativos especialistas «deben acortar las listas de espera que tenemos actualmente, de muchos meses en algunas especialidades», lamenta Santiago Llopis. Desde el sindicato CCOO siguen reclamando «la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales, así como la mejora de las agendas médicas y la reducción de las listas de espera, para lo que consideran que se deberían evaluar los departamentos con plazas de difícil cobertura para garantizar la asistencia sanitaria. Y la Asociación Contra el Cáncer pide que los pacientes oncológicos «sigan teniendo un trato preferente» en los hospitales valencianos, desde las urgencias a los servicios de Oncología. «La humanización del paciente es uno de los pilares que se deben cuidar de manera especial. Se debe potenciar el diagnóstico precoz, a través de los cribados y la atención al paciente».

Reducir la cantidad de pacientes diarios que se ven en los centros de salud es una prioridad para el Sindicato Médico. «Sobre las agendas de Atención Primaria, menos pacientes supone más calidad, debe haber una limitación efectiva. Exigimos un tope de pacientes de 35 diarios», apuntan. Y UGT añade: «Hay que evaluar la calidad asistencial y la repercusión del uso de la Inteligencia Artificial en las pruebas diagnósticas».

La derogación delos módulos de refuerzo ha motivado las críticas de los médicos, que quieren que Sanidad los recupere para reducir las listas de espera. UGT pide retomar los programas específicos y eliminar la nueva productividad complementaria. Y desde CESM también piden estos módulos para reducir la demora, porque sin ellos «se aumenta la lista de espera y también la derivación hacia centros privados concertados».

La falta de médicos, pero también de enfermeros, es uno de los grandes problemas del sistema público valenciano. Desde CCOO exigen «un modelo más participativo, con plantillas adecuadamente dimensionadas e incrementadas según las necesidades de la población para unos tiempos de consulta suficientes». UGT también considera «esencial» que se aumenten las plantillas de profesionales para una adecuada atención.

El sector audiovisual tiene una clara preocupación: la de su visibilidad. Esto es a nivel internacional, y al de las oportunidades de exhibir sus producciones. Ambas afectan directamente a los ingresos. «Pero como la más importante diría la gestión del IVC (Institut Valencià de Cultura), pues las ayudas han salido este año muy tarde y con los plazos muy justos. Por ejemplo, en las de escritura de guiones las comisiones apenas han tenido tiempo para valorar la documentación. Dudamos que las resoluciones con esos plazos hayan sido todo lo adecuadas que deberían», afirma Teresa Cebrián, presidenta de la Academia Valenciana del Audiovisual.

En cuanto a la proyección internacional, lamenta la ausencia del sector valenciano en los grandes festivales: «Todo lo que es promoción exterior está como asignatura pendiente. Durante unos años sí se salía a Berlín, y uno a Cannes. Esto cada vez brilla más por su ausencia, imagino que es por falta de medios».

Teresa Cebrián también pone el dedo en la llaga del ente público: «Está infrafinanciado y no por este gobierno, es algo histórico de la cadena. Debería ser el motor que dé impulso al sector. No se produce ficción y eso supone una pérdida enorme de empleos».

Los actores y actrices lanzan un grito agónico: «¡Lo que queremos es poder trabajar!». Es el denominador común de todas las ocasiones en las que este colectivo ha podido mandar un mensaje al IVC (Institut Valencià de Cultura). «Al final están gestionando dinero público, que es de todos... también nuestro», argumenta María Almudéver, presidenta de la AAPV. Lamentan que, respecto a los teatros gestionados por la Generalitat, las producciones valencianas están casi relegadas al Rialto y con una media de 8 apariciones como máximo: «El año pasado, en el Principal fueron 0, y este, 'Goya' en el último trimestre». También censuran la decisión de À Punt de no haber contratado doblajes en valenciano en este 2025.

Los teatros esperan un sector de las artes escénicas «fuerte». Así lo indica Mari Ángeles Fayos, presidenta de AVETID, la asociación que representa a los teatros: «Necesitamos más visibilidad de la cultura, y una industria y un sector creativo valenciano que sean potentes. Que se fomente y se respalde a las artes escénicas». En ese sentido, reclaman al nuevo Gobierno autonómico el mantenimiento de las ayudas en tiempo y forma.

Desde el Gremi de Llibrers esperan que la estructura orgánica se mantenga: «Iniciamos una etapa de diálogo fructífera, que se mantenga». Así se expresa el presidente de la entidad, Juan Pedro Font de Mora, que pone el foco en las pequeñas librerías y las independientes: «Que nos apoyen más porque hace un par de años las ayudas no se convocaron a tiempo y a algunas asociaciones nos dejaron con problemas de financiación.

En LaVAC (Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de la Comunitat) esperan que se mantengan las ayudas para asistir a ferias nacionales. Así lo expresa Reyes Martínez, presidenta de la asociación, que pide retomar las adquisiciones por parte de la Generalitat y el impulso a la ley de mecenazgo: «Continuaremos reivindicando una a la Asociación para profesionalizar su gestión y a las galerías para mantener la calidad de las exposiciones».

La falta de personal en los servicios y administraciones provoca retrasos en la concesión de ayudas y expedientes sin valorar, como ocurre con los más de 61.000 de discapacidad. Desde el sindicato CCOO piden reforzar el sistema público para que se aceleren y se desatasquen los procesos vinculados a la Ley de Dependencia. La falta de servicios profesionalizados y el insuficiente desarrollo de todas las prestaciones provocan retrasos que afectan directamente a miles de personas, indican. Desde la Asociación Alanna añaden en cuanto a la Ley de Renta Valenciana de Inclusión, que se debe seguir con su tramitación, y una vez aprobada, asegurar la agilidad en las resoluciones de renta y la garantía de derechos.

La atención a las personas mayores más vulnerables en las residencias públicas es otro de los grandes retos del Consell. Desde Lares, que agrupa a 46 entidades entre residencias de tercera edad y centros de día, destacan que es clave la continuidad del concierto social. Este modelo, que concluye en 2026, «ha supuesto una conquista histórica para el sector, pero e concierto social necesita una revisión profunda que lo adapte a la realidad actual de los centros y a las demandas crecientes de una población cada vez vive más años», señalan. Apuntan a que se actualicen sus condiciones, revisar la financiación y ajustar los requisitos para que las residencias puedan seguir prestando servicios con profesionalidad.

La integración de las personas en el umbral de la pobreza es un punto clave para Servicios Sociales. Desde Casa Caridad piden al nuevo Consell que trabaje en favor de las personas en situación de vulnerabilidad, con políticas sociales que favorezcan la integración. «Es de vital importancia fomentar y facilitar el acceso a la vivienda que, un problema para cualquier persona y que aún lo es más para las más vulnerables», exponen. Y desde CCOO reclaman una estrategia clara y ambiciosa de lucha contra la pobreza y la exclusión social. La emergencia habitacional, la soledad no deseada, la atención a la infancia vulnerable y la violencia contra las mujeres no pueden quedar al margen de las prioridades.