Padres exigen a Puig el cese de Marzà tras los varapalos judiciales

El presidente Puig junto a Vicent Marzà, el pasado miércoles, durante la presentación de un ciclo formativo. / domenech castelló/efe
El presidente Puig junto a Vicent Marzà, el pasado miércoles, durante la presentación de un ciclo formativo. / domenech castelló/efe

Las organizaciones afean al conseller que legislara «contra mandatos constitucionales» o actuara para sortear la suspensión del decreto

JOAQUÍN BATISTA VALENCIA.

Las organizaciones de padres y madres de alumnos que en los últimos años se han opuesto al modelo lingüístico del Botánico, plasmado en el decreto aprobado en febrero de 2017, coincidieron ayer en que los primeros autos del Supremo que avalan las decisiones adoptadas por el TSJCV deberían provocar reacciones en el Consell.

Desde la Fapa Gabriel Miró de Alicante, mayoritaria en la escuela pública de la provincia, pidieron al presidente Puig que «reflexione sobre la conveniencia de mantener a Vicente Marzà en el cargo», mientras que Concapa, Defensa del Castellano e Idiomas y Educación se mostraron más contundentes al pedir su cese si no presenta la dimisión.

Como informó LAS PROVINCIAS, los dos autos emitidos por el Supremo se refieren a las primeras resoluciones del tribunal valenciano en relación al decreto: la suspensión cautelar de su aplicación conocida en mayo de 2017 y reafirmada en junio y la sentencia que en julio del mismo año anuló la disposición que otorgaba títulos de inglés al alumnado que estudiara en centros con más presencia del valenciano. El Supremo inadmitió los dos recursos de casación presentado por la Abogacía de la Generalitat, lo que supone, según fuentes jurídicas, que los autos del TSJCV quedan bendecidos.

«Puig debe pensar si le conviene tener a un conseller que fomenta la judicialización», dice López

Para Julia Llopis, la presidenta de la sección valenciana de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa cv), el conseller debería presentar su dimisión aunque asume que no llegará a dar ese paso. «Por lo tanto debería ser cesado del cargo por el presidente Puig. ¿Qué más necesita el partido socialista para darse cuenta del daño que está provocando?», dijo la representante de la organización de familias más representativa en la concertada.

«Además debería existir algún tipo de castigo por prevaricación, pues se ha saltado leyes y no ha acatado las sentencias», dijo Llopis, en referencia tanto a la polémica sobre la aplicación de la suspensión cautelar del decreto -una maniobra que por cierto está pendiente del Constitucional- como a los reiterados fallos judiciales que han afeado que se dictaran normas contrarias a leyes orgánicas e incluso a mandatos constitucionales, algo que ha sucedido tanto en relación al modelo lingüístico como a la supresión de conciertos educativos.

Con la aprobación del decreto de plurilingüismo de 2017 se creó la asociación Defensa del Castellano en la Comunitat (DDC). Eva Tena, portavoz de la organización, se pronunció en términos similares. «Un conseller que se permite legislar contra mandatos constitucionales no puede ser representante de esta sociedad. Debe dimitir o ser cesado», señaló. La organización no sólo pleiteó contra el decreto de plurilingüismo -además de otras organizaciones, partidos o sindicatos-, sino que también consiguió la anulación parcial del decreto de usos institucionales de las lenguas oficiales.

Idiomas y Educación es otra de las entidades nacidas al calor del decreto lingüístico y lo recurrió junto a Concapa y Covapa. La sentencia fue similar a la conseguida por la Diputación de Alicante y DDC, aunque sobre estas, conocidas el pasado abril, no se ha pronunciado el Supremo, que de momento sólo ha valorado (y apoyado) la decisión del tribunal valenciano de suspenderlo cautelarmente y el primer fallo referido a los títulos de idiomas.

Desde la organización dijeron que Marzà «no sólo debería dimitir ahora, sino desde el momento en que se aprobó el decreto ley para esquivar la cautelar, pues había motivos para pensar que se cometió prevaricación». Se refería a que con la norma se mantuvieron aspectos del decreto pese a su paralización.

División de opiniones

Por su parte, Ramón López, de la Fapa Gabriel Miró, planteó «una reflexión» al presidente Puig sobre si «es conveniente o no tener como representante educativo a un conseller que más allá de profundizar en la politización de la enseñanza ha colaborado en su judicialización». Además, reclamó la paralización de la ley plurilingüe y su sustitución por otra que cuente con al menos el 75% de apoyos en Les Corts para que sea «una ley de todos».

Las peticiones de dimisión o cese no son compartidas por toda la comunidad educativa. Centrándose en el colectivo de padres, la Confederación mayoritaria de Ampas en la escuela pública apoyó el contenido del primer modelo lingüístico del Consell, así como la nueva ley. Lo que no quita que un sector amplio, con mucha presencia en Alicante, el área metropolitana de Valencia y otras zonas castellanoparlantes, haya declarado la guerra a las políticas aplicadas en materia lingüística.

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