Vidas que no parecen importar

La reacción de las administraciones ante los ataques de perros de acreditada peligrosidad es irresponsable

CARLOS FLORES JUBERÍAS

La pasada semana una niña de dos años sufrió graves heridas en la cara, que requirieron cirugía reconstructiva, al ser mordida por un perro american staffordshire en Massamagrell. Tan solo en los últimos meses, una niña de tres años sufrió un ataque similar a cargo de un pitbull terrier en Sevilla; un bebé de quince meses y su abuela fueron heridos de gravedad tras ser mordidos por dos rottweiler en Vizcaya; una anciana de 82 años sufrió la amputación de sus dos piernas como consecuencia de un ataque similar en Pontevedra; un niño de tres años perdió ambas orejas a consecuencia de otro ataque en El Molar, y -de vuelta en nuestras tierras- un hombre de 70 años falleció en Vall d'Uixó tras ser sorprendido en su finca por un grupo de perros sueltos.

La enumeración de incidentes protagonizados por lo que la legislación vigente llama 'perros potencialmente peligrosos' podría ser mucho más larga. Pero las reacciones de las distintas administraciones ante esta creciente oleada de ataques, en cambio, podrían resumirse en tan solo una palabra: irresponsabilidad. Si para las administraciones autonómicas, competentes para legislar sobre la materia, la tenencia de estos animales está perfectamente regulada, de modo que las responsabilidades recaen sobre los ayuntamientos encargados de supervisar que licencias y seguros estén en orden; para estos últimos el problema radica en un marco normativo insuficientemente garantista, que no excluye el riesgo de ataques ni siquiera cuando se cumple a rajatabla -amén de, por supuesto, en la falta de medios para llevar a cabo las inspecciones necesarias-. Las palabras del Director General de Agricultura y Ganadería de Madrid tras el ataque de El Molar, afirmando que «claramente un animal de este tipo no tiene que agredir a una persona si se cumple la legislación», suenan peligrosamente similares a las de quienes en los EE UU separan la recurrencia de los tiroteos en las escuelas del libre acceso a las armas sosteniendo que, en las manos adecuadas, éstas no entrañan ningún peligro para vidas inocentes. Ignorando que las armas, como los perros, no siempre acaban en las manos adecuadas.

El por qué de la querencia de algunas personas hacia este tipo de razas agresivas -solo en la Comunidad Valenciana hay censados 43.361 perros potencialmente peligrosos- es cosa que dejo para los psicólogos. En cambio, corresponde a las instituciones explicar por qué en un país donde están penadas conductas potencialmente peligrosas como conducir bajo los efectos del alcohol, o circular armado por la calle, está en cambio permitido poseer perros de acreditada peligrosidad, de razas que a menudo resultan ser fruto de cruces encaminados precisamente a multiplicar su agresividad. Y si no es un contrasentido ser conscientes de la amenaza que entrañan estas especies, y al mismo tiempo tolerar su proliferación bajo la estúpida asunción de que si los papeles están en regla nada malo puede suceder.

Tal vez nada malo para el concejal de turno... pero pregúntenle a esa niña de dos años.

Fotos

Vídeos