LA TRACA FINAL DEL DECRETO PLURILINGÜE

En la política, las derrotas y victorias se amortizan tan rápido que los estertores de los hechos merecen apenas un pie de página. Esta semana hemos conocido que el Tribunal Supremo avala las sentencias del Tribunal Superior de Justicia valenciano que tumbaron el decreto sobre plurilingüismo. Es el punto final de un tema que ya está en otra fase, por lo que este artículo también puede servir para dar por finiquitada en esta tribuna aquella reforma fallida. Sin embargo, este fallo del Supremo representa los tres cohetes finales de toda mascletà que la dan por concluida. Estallan cuando el espectáculo ya ha sido incluso aplaudido, pero son un protocolo indivisible, una coda innecesaria y puntual.

La sentencia del Supremo nos permite echar un momento la vista atrás y aprovechar la lejanía de los hechos para resumir, más allá de las verdades judiciales y las consecuencias políticas, los errores que aquel decreto planteaba. El Consell rectificó -puede decirse que obligado por los tribunales- pero también requiere que sus corazones -permítanme- acepten los argumentos que tumbaron el decreto. Ahora que el impacto político y mediático está amortizado, cabe la introspección sincera.

Desde la distancia, como entonces comentábamos, aquel decreto planteaba una injusticia que era un distinto trato en cuanto a la lengua extranjera según el modelo lingüístico por el que optaba ­- y peor, el que le tocaba- la familia del alumno. No es tanto una ilegalidad, que para los tribunales también, sino una decisión que no era justa. La Comunitat es bilingüe y no sólo sus habitantes sino también territorialmente, algo relevante para el caso que nos ocupa pues la distribución de los niveles no se debía a la libre elección de las familias sino a la realidad sociolingüística de la localidad, en el mejor de los casos. Por tanto, las opciones eran limitadas de tal forma que en las zonas valencianohablantes había una preponderancia en la pública de los niveles avanzados pero con más o menos acceso a los niveles con más valenciano en la escuela concertada. Sin embargo, en la zona castellanohablante esta multiplicidad de oferta era tremendamente limitada por lo que sus habitantes, en el caso de que lo desearan, no tenían posibilidad de matricularse en los llamados niveles avanzados.

De esta forma, el decreto sólo se veía, según sus promotores, completo si alcanzaba sus objetivos sin considerar que hasta llegar a la meta creaba desigualdad. Lo dicho, de golpe, buena parte del territorio quedaba excluido de la mayor inmersión en inglés y la posibilidad de obtener certificaciones automáticas en su colegio. El decreto así no respetaba la diversidad de la Comunitat, negaba la doble identidad valenciana que a veces complementa y otras simplemente suma. Este es quizás el pecado original del nacionalismo de raíz fusteriana que se traslucía en este decreto.

El decreto era injusto porque sólo daba los máximos recursos -horas de impartición y certificaciones- en lengua extranjera a los niveles avanzados y no a los llamados básicos, de tal forma que sólo se abría esta puerta una vez el valenciano fuera imperante en el modelo lingüístico. Así, aunque se aceptase que el objetivo deseable es que todos los centros alcanzaran los niveles avanzados, seguiría siendo injusto que durante el tránsito a los niveles inferiores se les negase las mejores oportunidades sobre el inglés. Hagamos la equivalencia: es deseable que todos los alumnos aprueben Matemáticas y en paralelo se implementa la innovación tecnológica, pero en ningún caso se nos ocurriría que a los que suspenden les quitaran, por ejemplo, las tabletas y los ordenadores hasta que Cuaderno Rubio tras Cuaderno Rubio recuperasen cálculo.

La debilidad del decreto no estaba en la discusión legítima de si respetaba o no la libertad de las familias en elegir la lengua cooficial predominante en la escolarización de sus hijos, sino en la desigualdad entre valencianos, que aquellos que no saben valencianos estaban penados a estudiar menos inglés. El Supremo ha puesto punto final al devenir trágico del decreto de plurilingüismo. Espero que en los gobernantes cale que aquello cayó por ser un error e injusto y no por ningún contubernio contra el valenciano. Ya lo dicen las maestras, es muy triste cuando se reparten invitaciones a un cumpleaños y algunos niños nunca reciben ninguna. Eso se quería con el inglés para los alumnos de Requena.