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Los tiempos de la Justicia

La guerra por mi cuenta ·

El PP debería pagar por sus casos de corrupción. Pero parece que algunos prefieren tenerle en la cola tanto tiempo como sea posible

CARLOS FLORES JUBERÍAS

Miércoles, 26 de diciembre 2018, 08:43

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No soy juez, y mis conocimientos de Derecho Procesal se remontan -literalmente- al siglo pasado. De modo que no sé como se instruye un caso, y probablemente tampoco sea capaz de entender debidamente hasta qué punto la falta de medios de la Justicia llega a traducirse en un colapso en los juzgados. Pero aun con esas prevenciones, siguen habiendo cosas que no me cuadran, y decisiones que escapan a mi comprensión.

Por ejemplo, la de que cuando apenas restaban dos semanas para que terminara el año 2018 un juez de la Audiencia Nacional haya decidido imputar por prevaricación y fraude al expresident Francisco Camps en virtud de hechos -la famosa contratación del montaje del pabellón de la Generalitat en Fitur- que se remontan nada menos que al año 2009. Al parecer, casi una década investigando los pormenores del caso, bajo la atenta mirada de la opinión pública, y con la impagable ayuda de esa miríada de medios, partidos e instituciones que nada desearían más que ver a Camps entre rejas, no había dado lugar a un solo indicio de culpabilidad hasta que el pasado mes de enero cantara la gallina, y no había justificado hasta ayer mismo la formalización de una imputación. Raro.

Por ejemplo, que un asunto tan absolutamente de cajón como el caso Taula -la supuesta financiación ilegal de la última campaña municipal del PP en la ciudad de Valencia-, en el que el quid de la cuestión radica en demostrar si los concejales y asesores populares ayudaron a blanquear 50.000 euros recibiendo bajo mano las cantidades que declararon haber donado a su partido, lleve instruyéndose desde el 2016, y vaya camino de la tercera prórroga en los plazos legamente previstos para la conclusión del sumario, con el consiguiente daño a la presunción de inocencia -y al futuro político- de los implicados y de su partido. Sospechoso.

O, por ejemplo, que en los ocho meses transcurridos desde que Eduardo Zaplana fuera detenido el pasado mes de mayo, la titular del Juzgado número 8 de Valencia no haya sido capaz, no digo de concluir la instrucción y permitir la apertura de juicio oral, sino ni tan siquiera de asegurarse los medios de prueba cuya hipotética destrucción por parte del acusado justifica el mantenimiento en prisión preventiva y con severas limitaciones a sus comunicaciones de un enfermo grave de leucemia. Lamentable.

Los valencianos llevamos no sé ya cuántos años oyendo que el Partido Popular debería pagar por sus casos de corrupción. Pero visto lo visto, parece que antes de hacerle abrir la cartera y pasar por caja, algunos prefieren tenerle en la cola preguntándose a cuanto subirá la dolorosa tanto tiempo como sea posible -y, como mínimo, hasta las próximas elecciones-. Lo que hace legítimo sumar al interrogante clásico de si la justicia tardía puede en verdad ser llamada justicia, otro no menos inquietante: la de si de verdad es justicia lo que se persigue con todo esto.

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