La sobreexplotación del Júcar

La causa no es otra que el hecho de que no hay suficientes recursos en el río para atender a tantas demandas. El voto particular de los ecologistas incide en esta línea.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), por su lado, considera que mientras no se concluyan las obras de modernización de los regadíos tampoco podrá llegar más agua a la Albufera.

Los agricultores estiman que las obras tendrían que estar finalizadas máximo en un plazo de dos o tres años teniendo en cuenta que los regantes están esperando que se terminen desde hace más de dos décadas.

En este sentido, su presidente, Cristóbal Aguado, ha subrayado que «hay que priorizar los fondos públicos a inversiones que de verdad tienen un retorno económico, social y medioambiental como es el caso de la gestión del agua necesaria para preservar el parque natural de la Albufera. Si todos queremos salvar la Albufera, habrá que demostrarlo con hechos y no solo con palabras». Además, ha afeado a las administraciones que «esta modernización de regadíos ya debería estar finalizada en 2009, tal como se comprometió el Gobierno central en el convenio de Alarcón».

Ahora el Estado y la Conselleria de Emergencia Climática se han comprometido a terminar estas obra. Pero la Albufera ya sabe de muchas promesas incumplidas. La serie sería larga, pero entre ellas destaca el casi eterno proyecto de ampliación del colector oeste. Con un presupuesto de 70 millones lleva años encima de la mesa sin concretarse. Ahora el Estado se ha comprometido a incluir la construcción de un colector paralelo al actual en las medidas del nuevo plan hidrológico. Todo el mundo espera que esta nueva actuación sea una realidad antes de 2027. Pero los precedentes no invitan precisamente al optimismo.

El parque natural debería recibir agua del Júcar pero el problema es que no hay suficientes, como se encargan de resaltar los ecologistas. Y ponen el dedo en la llaga. Nadie quiere abrir una guerra entre comunidades pero en su escrito las asociaciones conservacionistas advierten de la sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental gracias a la expansión del regadío en los últimos años en Castilla-La Mancha. Señalan que el nuevo plan de cuenca perpetúa esta situación.

Denuncian que el documento establece unas extracciones de 300 hectómetros cúbicos cuando los recursos disponibles son de 274,8 «y siguiendo la instrucción de planificación hidrológica las extracciones no deberían superar los 220». Calculan que entre 2013 y 2018 se han extraído 45,8 hectómetros por los bombeos por encima de la capacidad del río.

Lejos de reducir las extracciones, según alertan los conservacionistas, se pretende sustituir estas por aguas superficiales. Y es aquí donde puede haber un problema porque afectan al pantano de Alarcón desde donde se proveen también las necesidades de los agricultores valencianos. Por otro lado, señalan que lo que se está propugnando es que continúe la sobreexplotación del río.

Nadie quiere una guerra del agua. Pero parece que el Gobierno actúa con una vara de medir diferente y trata de manera desigual a los regantes valencianos y a los manchegos. Y, mientras, ninguna administración valenciana se atreve a poner el dedo en la llaga.