Riesgo de extinción

ROSA RODRÍGUEZ

En este 'impasse' entre el 28-A y las investiduras de Pedro Sánchez y de Ximo Puig se habla de rondas de contacto o encuentros informales de humo para arañar poder y repartirse asientos a futuro. Las miradas de los actores implicados en ese teatro están fijadas en el 26 de mayo mientras los verdaderos problemas se siguen arrinconando salvo para intercambiar mitineras escaramuzas altisonantes sobre la España real pero sin presionar la caja de resonancia que active soluciones. Están tan obsesionados con el CIS, las encuestas y los trackings electorales que rehuyen el análisis comparado de esos resultados con los datos que advierten de que en nuestro país un 12% de la población asalariada está en riesgo de exclusión social y, no sólo eso, porque la cifra se eleva al 52%, la mitad de hogares en los que, con un sueldo, al mínimo revés o gasto imprevisto se caería en esa situación según revela el avance del último informe 'La vulneración del Derecho al Trabajo Decente' de Cáritas. Tener un empleo ha dejado de proteger, de ejercer inmunidad frente a la pobreza. La precariedad laboral va camino de consolidarse como drama estructural al que ningún colectivo es invulnerable. La temporalidad, la mala praxis o el fraude en B engaña a los jóvenes con falsas expectativas de un porvenir prometedor de estabilidad. Una verdad que también los números ponen en su sitio, negro sobre blanco. Números de la OCDE como, por ejemplo, que España es el segundo país europeo, solo después de Eslovenia, en becarios. Muchos tienen más de 30 años y el 70% de ellos confiesa que ese sueldo no le da para vivir. La falta de una regulación propia está normalizando que se utilice esta figura cualificada para sustituir gratis o casi gratis los puestos antaño bien remunerados. Solo uno de cada tres acaba firmando un contrato más o menos de mileurista. Así que la amenaza de quedarse fuera del círculo les fuerza a alargar asignaturas o pagar cursillos para prolongar prácticas con la esperanza de que llegue la oportunidad que evite que sean expulsados del mercado. Permitir encadenar esos contratos basura hasta los 40 manteniéndoles en vilo es una crueldad que se revolverá a largo plazo como un 'boomerang'.

Hace unos días el presidente de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) avisaba de que «estamos erosionando los cimientos de las economías en todo el mundo» ante la alarmante degeneración de los ecosistemas debido a que un millón de los ocho millones de especies conocidas están amenazadas de desaparecer. Lo decía en primera personal del plural porque la causa está en la acción humana que mira a otro lado. Esteban Beltrán sostiene en 'Derechos torcidos' que el de trabajar y elegir un empleo compete a la sociedad pero «sólo los gobiernos, a través de las leyes, pueden hacerlos exigibles o reducirlos a polvo». Su ética también está en riesgo de extinción.