No es la primera vez. El Reino Unido a vuelto a decir no a un acuerdo concluido con la Unión Europea, tras largas y difíciles negociaciones. Negociaciones a las que el Reino Unido ha arrastrado a la UE, de manera innecesaria y artificial, en contra de su voluntad, y en las que la UE ha tenido que hacer grandes concesiones para satisfacer las exigencias caprichosas del Reino Unido. Y, sin embargo, después de lo costoso de los acuerdos y a pesar de las concesiones hechas, el Reino Unido vota finalmente no al acuerdo conseguido: primero mediante un referéndum, y ahora mediante un voto de su Parlamento.

En el primer caso, el entonces Primer Ministro Cameron, manifestando una flagrante insolidaridad con una Unión afectada por la grave crisis económica y financiera de los años 2009-2015, decidió desvincularse aún más de la misma exigir una renegociación de tos términos de la adhesión del Reino Unido a la UE. Las negociaciones, en este caso, fueron cortas pero muy duras, dado el carácter de las exigencias del Reino Unido, que ponían en cuestión principios y valores básicos de la Unión. Y, sin embargo, gracias a las cesiones de la UE, se llegó a un acuerdo que fue sellado en el Consejo Europeo de 18-19 de febrero de 2016. Ese acuerdo fue precisamente lo que Cameron decidió llevar al referéndum del pueblo británico el 23 de junio de 2016. Y los ciudadanos británicos, movidos por una feroz campaña antieuropea, plagada de falsedades y burdas manipulaciones, liderada por grupos populistas y ultranacionalistas, como el UKIP y otros, que no fue contrarrestada debido a la tibia actitud del Gobierno y la del propio partido laborista, que, además, se dividió a este respecto. En esas condiciones, el resultado no podía ser otro que la decisión de abandonar la UE, si bien poco más de la mitad de los votantes decidieron respaldar el Brexit.

Y fue precisamente el resultado de ese referéndum lo que nos ha traído a la situación actual. El Gobierno británico, sin embargo, aunque decidió asumir, sin pestañear, el resultado del referéndum, no fue muy diligente en la gestión de un asunto de una transcendencia tan dramática como es éste. En primer lugar, tardó casi un año -desde el referéndum de junio de 2016- en presentar la carta en la que anunciaba formalmente su deseo de abandonar la UE, necesaria para poder activar el procedimiento de separación previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. En segundo lugar, se presentó a las reuniones de negociación con la UE sin ideas ni papeles sobre los que negociar; fueron los documentos presentados por la UE los que sirvieron de base para la negociación prácticamente durante todo el proceso y en casi todos los temas. En tercer lugar, el equipo negociador británico careció de coherencia y los enfrentamientos entre Theresa May y los negociadores jefes de la delegación británica fueron frecuentes y no tardaron en aparecer (la delegación británica llegó a tener tres negociadores jefes diferentes). En cuarto lugar, el Gobierno May trató de mantener al Parlamento británico al margen de este asunto, pretendiendo llevarlo como un asunto de responsabilidad exclusiva del ejecutivo. Ello, provocó el enfrentamiento con el Parlamento que -como es propio del Reino Unido- terminó ganándole la batalla al Gobierno, con tres graves enfrentamientos sucesivos, el primero de los cuales requirió incluso un pronunciamiento del Tribunal Supremo. Y, en quinto lugar, en esta línea, el Gobierno May ignoró a la oposición y no consultó con ella -ni le informó adecuadamente- en un asunto de Estado que requería un amplio apoyo parlamentario, como era éste.

El resultado de la votación del día 15 de enero no debe sorprender y, desde luego, no sorprende a quienes hayan seguido de manera estrecha este proceso: era un resultado anunciado. Pero, ¿y ahora qué?

La verdad, la solución al problema creado por la votación negativa del Parlamento británico del día 15 no es fácil. No lo es en términos jurídico-formales, pero, sobre todo, no lo es en términos políticos. Y no es que sea difícil la solución porque la UE haya adoptado una posición rígida, contraria a reabrir una negociación que fue costosa, detallada y que difícilmente puede producir un resultado diferente del ya obtenido; sino que es difícil porque el campo británico se encuentra muy dividido, polarizado, entre quienes quieren la separación a toda costa y que están dispuestos a irse sin más, dando un portazo, y quienes desean permanecer en la UE, bien revocando la decisión de abrir el proceso de separación tomada en marzo de 2017, permaneciendo en la UE sin más, y quienes desean que se convoque un nuevo referéndum, que, según las encuestas, en este momento lo ganarían quienes desean permanecer en la UE.

Lo que parece evidente es que la señora May no está dispuesta a abandonar y que pretende seguir adelante con su plan, pidiendo más tiempo a la UE para decidir y poder llevar la cuestión de nuevo al Parlamento. Su triunfo en la votación de censura que tuvo lugar ayer, día 16, fortalece de nuevo su papel y puede facilitarle las cosas. Ello, sin embargo, presenta graves problemas jurídico-formales (el acuerdo ya ha sido aprobado por el Consejo Europeo; las elecciones al Parlamento Europeo son en mayo de 2019 y los 73 escaños británicos ya han sido redistribuidos entre los demás Estados de la UE -a España le han correspondido 5-; Irlanda no está dispuesta a renunciar a la garantía de que su frontera con Irlanda del Norte permanezca abierta de manera indefinida...), pero, sobre todo, problemas políticos: May jamás llevará adelante su plan de Brexit suave sin el apoyo del partido laborista. Aquí es donde está de verdad la llave para la solución del problema.

 

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