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La reforma (educativa) constitucional

PABLO ROVIRA

Martes, 17 de octubre 2017, 09:56

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Si el agua vuelve al río en el conflicto catalán, y si no como etapa post conflicto, el horizonte traza una reforma constitucional. Es, dicen, la prenda solicitada por los socialistas para salir al lado y no enfrente del gobierno y es el camino de la legalidad abierto al independentismo. Quien sabe si éste será el camino pero en cualquier caso, la hipotética reforma se plantea para reencajar el 'problema territorial'.

Está claro que así se plantea, aunque vaya usted a saber si ya de paso de una reforma focalizada se pasa a revisar cada consenso anterior, pues así son los diálogos actuales, en política, en la lengua y en Twitter: uno antepone escucharse que ser comprendido, por lo que el diálogo es diferencial y no convergente.

En cualquier caso, es bueno plantear qué podría afectar en materia educativa una reforma constitucional. Veo tres debates principales: la ampliación del derecho a la Educación, la revisión del derecho a la elección y la profundización en la descentralización educativa. Sobre el primero, el derecho a la educación reducido al de escolarización, a lo lectivo y a la edad, no acoge el nuevo paradigma educativo. También, que la igualdad de recursos independientemente del territorio y titularidad del centro debería formar parte de tal derecho a la Educación. Otro asunto recogido en la Constitución que es el respeto a las decisiones de las familias aunque según necesidades pueda ser limitado se podría debatir en tal reforma. El derecho preferente de las familias a elegir la educación de sus hijos, que debería reforzarse en una democracia avanzada de derechos civiles e individuales, todavía requiere defensa ante otras posturas colectivizadoras de la Educación.

Sin embargo, y ya que la 'cuestión territorial' sería la que forzara la apertura del 'melón constitucional', la exclusividad autonómica de la competencia educativa sería el principal asunto que en esta materia se abordaría en esta reforma. Así, la tendencia federal, si no confederal, se abriría camino para profundizar en un modelo canadiense en el que ni siquiera hiciera falta un Ministerio de Educación.

Yo soy de los que piensan que más que una dificultad en el reparto de competencias, existe una falta de lealtad, de tal forma que la habitual descentralización de la cosa educativa que hay en gran parte de los países (sea hacia las regiones o hacia los municipios) aquí se vive con una tensión 'nacional' y no administrativa. Así mismo, la única recentralización también llegó con cierta deslealtad, 'socializando' la crisis a través de la reducción de los recursos autonómicos destinados a ámbitos como el educativo, por lo que las principales medidas estatales en materia educativa han sido económicas. Y sobre los dineros volvió ayer a hablar otro informe, esta vez del IVIE: nuestros niños reciben menor financiación educativa a pesar de que la Comunitat requiere de mayor esfuerzo presupuestario autonómico. Esto es ahora y era antes.

¿Conviene pues aumentar la descentralización del sistema educativo? No está claro. Descentralizar la gestión se ha demostrado positiva para canalizar mejor las inversiones y gestionar los recursos humanos; sin embargo, descentralizar la política educativa ha creado ficciones sobre la escuela única. Los títulos académicos tienen distinto grado de dificultad, los docentes cobran diferente y aunque comparten cuerpo estatal, su movilidad ha quedado fragmentada; los currículos escolares también están fragmentados y entre eso y otros cambios la movilidad escolar de nuestros hijos dificulta cualquier cambio de residencia entre autonomías y tras 40 años constitucionales, todavía es una constante la reforma lingüística en las autonomías bilingües.

Tal y como terminaron las reválidas de la Lomce, la descentralización sin elementos comunes estandarizables es una quimera, además de que avanzaría en hacer menos común la lengua común y mayoritaria.

¿Hay que recentralizar? No creo, al menos la gestión, pues no nos irá mejor pedir la eliminación de barracones en el Ministerio que en Conselleria, ni que nuestros interinos cobren septiembre a tiempo. Lo que necesitamos es la lealtad suficiente para que esta descentralización sirva para converger, tanto en presupuestos destinados a educación como en la igualdad normativa. Que tu título académico valga en Francia es una ventaja; que deje de valer en otra autonomía, no le encuentro la ventaja.

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