Entre el puenteo y la sumisión

FERRAN BELDA

La abogacía de la Generalidad. «A bon sant s'encomana Ximo Puig!». Pensará que sus pronunciamientos son como los papales: «Roma locuta, causa finita». Aviado va. Los tres párrafos que le exoneran de lo que lo exoneran distan mucho de ser una bula como la que Alejandro VI le dirigió al rey Manuel I para advertirle de que hasta allí había llegado en lo tocante al reparto de América. Pero allá él si cree que con semejante alegato zanjará el escándalo político empresarial en el que se metió al no desprenderse de sus acciones al acceder al poder y reservarse para sí la adjudicación de la publicidad institucional. Mis preocupaciones van hoy por el lado del peligro que supone que el departamento que está obligado por ley a garantizar la completa observancia de la legalidad en los actos administrativos autonómicos se dedique a expedir certificados de buena conducta (parciales) sin estar facultado para ello. No es que me sorprenda que se ocupe de estos menesteres. Julián Quirós recordaba días atrás que antes que poner la mano en el fuego por Puig la puso por Camps. Es que resulta indignante que se deje puentear hasta por el último mono del penúltimo chiringuito de la Generalidad y en el colmo de los colmos de la solicitud perruna se avenga a redactar un pliego de descargos como el de referencia. Cualquier otro negociado en su lugar habría reaccionado airadamente ante la fiebre externalizadora que empezaron a mostrar las consejerías, empresas y fundaciones de la Generalidad que estaban obligados a acudir a ella, quién sabe si en previsión de la ayuda profesional que pudieran precisar sus responsables en el futuro. La abogacía de la Generalidad, en cambio, no se inmutó. Los acomodaticios avalistas de Puig no rechistaron ni cuando a finales de 2015 se constató que el Botánico aspiraba ya claramente a introducir una modificación legal que les privaría de la exclusividad en materia jurídica. Aceptaron esta ulterior intromisión en sus competencias, esta ofensa a su valía técnica y, a qué negarlo, esta recontraderivación de los dictámenes hacia ámbitos de interpretación menos ortodoxos en según qué disciplinas con una sumisión bovina. Un acatamiento servil puede que plenamente justificado a la luz de los últimos acontecimientos. Porque si con Puig en la picota el Consell ha continuado tramitando la rebaja de la ley de incompatibilidades en lo que atañe ahora a los cargos de libre designación sin inmutarse, a los abogados de casa podrían haberlos dejado embarazados. Entenderán no obstante que los contribuyentes opinemos de manera distinta. Los 7,4 millones anuales que nos cuesta la plantilla oficial -compuesta de 134 personas, de las cuales 80 eran letradas-, sumados a los 12,9 millones que admitió el Consell haberse gastado en bufetes privados entre 2006-2015 tirando muy debajo y a los que se habrá pulido el Botánico por este concepto forman un pico lo suficientemente alto como para contemplemos sus dictámenes con recelo. En especial si no vienen a cuento.