Políticos presos

Si hay un colectivo que debe de sentirse especialmente mal con los incumplimientos constantes de la ley en Cataluña ése es el de los juristas. El sentido de sus profesiones está en la Ley con mayúsculas, ya sea para hacer que se cumpla, para cuestionarla o para sugerir cambios a la luz de la evolución social. En cualquier caso, hasta estas últimas circunstancias son bajo su amparo: si hay que modificarla, ateniéndose a los procedimientos previstos; si hay que criticarla, argumentando por qué es inadecuada y si hay que contemplar una excepción que invite a un cambio, entendiendo que el cumplimiento es más injusto que lo contrario. En ese contexto, no es de extrañar el plante que ayer hizo la cúpula judicial catalana en un acto en el que el presidente del Parlament dio por hecho que hay «presos políticos»: los Jordis, Junqueras y los demás. Si diéramos por buena la interpretación de que hay ilegalidades aceptables y otras que no lo son, cuando existen medios para canalizar intereses que chocan con la norma, no habría manera de distinguir lo legal de lo ilegal. ¿Por qué va a ser más legítimo el afán de declararse fuera de España saltándose la Constitución que rebelarse contra los impuestos? ¿O convocar un referéndum ilegal para la secesión y no otro para incluir como derecho fundamental el acceso a una línea de crédito sin intereses por parte de todos los ciudadanos? Entiendo el deseo de independencia pero exijo que se reclame por vías constitucionales. El suyo es tan legítimo como el mío de que las familias numerosas no paguen impuestos, pero la asociación de esos impulsos con comportamiento ilegales es lo que no resulta admisible. Sobre todo no veo por qué debemos tener una actitud más comprensiva con el alma secesionista que con otras defensoras de causas justas. ¿Solo porque su causa es política? Lo político no hace menos delictivo el delito. El terrorista no es un preso político. Es un asesino sea cual sea su motivación. El secesionista que convoca un referéndum ilegal no es un preso político; es alguien que incumple la ley sea cual sea el contenido del referéndum. Como si mañana Ximo Puig convocara una consulta para saber si los valencianos quieren un sistema de financiación distinto al actual. Sin duda, lo ganaría, pero sería ilegal. Y debería perseguirse. Los jueces no están cometiendo tropelías con los políticos presos; están exigiéndoles lo mismo que al resto de ciudadanos. Nosotros no podemos saltarnos la ley por muy bondadosa que sea la razón para exigir un cambio. De lo contrario, en junio la arriba firmante dejaría de pagar impuestos con los que financiar proyectos que no comparto. ¿Quién puede decirme que no tengo legitimidad moral para negarme a que mi dinero pague abortos? La Justicia. Si quiero que cambie, debo pedirlo por los cauces constitucionales; de lo contrario no sería una presa política activista sino una política activista presa.