La política, oficio de alto riesgo

He tenido oportunidad a lo largo de mi carrera de estar con un concejal o con un conseller o cualquier otro alto cargo de la Administración cuando un auxiliar entra en su despacho con eso que los funcionarios llaman «la firma» y que son los expedientes, resoluciones, certificados, notificaciones, convocatorias, concursos, contrataciones, adjudicaciones y otros trámites que como responsable político debe avalar con su rúbrica. Y los he visto estampar una y otra vez su firma casi sin prestar atención, convencidos de que el proceso que cada documento había seguido hasta llegar a su mesa era el correcto, que estaba todo en orden, que se habían cumplido los trámites preceptivos. No quisiera estar ahora en la piel de cualquiera de estos representantes públicos cuando se ven ante la tesitura de tener que poner su sello personal a cientos y a veces miles de asuntos sobre los que es imposible que conozcan todos los detalles y asuman al milímetro la actuación precedente de sus subordinados. Pero lo tienen que hacer porque de otra manera paralizarían el funcionamiento de su departamento, pondrían un tapón al embudo y acabarían colapsándolo todo. Lo que puede venir después es que se encuentren con que tal vez se dejaron por pedir un informe, o que los plazos no fueron los correctos, o que no se pidió el dictamen de un organismo consultivo, o tantos y tantos otros defectos en la tramitación que no sólo invalidan el acto administrativo sino que lo convierten en sospechoso a los ojos de la oposición y en perseguible a los de la Justicia. Tal vez no deberían ser así las cosas pero así han querido que sean quienes estando en la oposición judicializaron hasta el extremo el ejercicio de la política porque era la mejor manera de acabar con el dominio electoral del PP y ahora se escandalizan y lloran amargamente cuando el juguetito se vuelve en su contra. El barro ensucia ya todas las estancias y los pasillos de la política española, la táctica del todo vale es desde hace años la más empleada por partidos y asesores de estrategia, por lo que dedicarse a la función pública ha adquirido unas dosis de riesgo al alcance de muy pocos estómagos, no desde luego de profesionales bien situados que en semejante aventura tienen mucho más que perder que ganar. No me voy a mojar sobre si Pere Fuset es o no responsable por el accidente de Viveros, como tampoco voy a prejuzgar la presunta prevaricación por la que se le investiga. La presunción de inocencia juega a su favor -como en cualquier otro caso- y la culpabilidad hay que demostrarla. Pero que no se quejen, ni él ni los de su partido, porque esta política-basura es por la que lucharon denodadamente.