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Política líquida, justicia y ley

La ventana ·

PEDRO ORTIZ

Martes, 17 de julio 2018, 09:57

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El Tribunal Constitucional ha anulado varios artículos de la Ley de Vivienda de la Generalitat y el president Puig, en lugar de aceptar que una ley autonómica no puede contradecir leyes estatales, anuncia que la norma es «absolutamente irrenunciable» pese a la sentencia. Corcuera fue un ministro socialista responsable de la conocida como «ley de la patada en la puerta», uno de cuyos artículos fue declarado inconstitucional por el TC; las consecuencias fueron que la ley se modificó y que Corcuera dimitió. Ahora no, ahora Puig pretende anteponer «la voluntad política de los valencianos» a las sentencias de los tribunales.

No hay político cuya práctica no se mueva en un entorno líquido para su propia conveniencia. Zapatero y su nación como concepto «discutido y discutible» es el mejor ejemplo para entender lo que Bauman definió como modernidad líquida, en contraposición a las estructuras sólidas de valores. La solidez de Corcuera, por ejemplo.

Sánchez, otro socialista tan cerca de Zapatero como alejado de Corcuera, ha ofrecido a los independentistas catalanes recuperar las leyes autonómicas que tumbó el TC, como si la culpa fuera del PP por haberlas recurrido. Otra socialista, Batet, ministra para Cataluña, llega más lejos y pide cambiar de forma «urgente» la Constitución, supongo que por decreto, para recoger el Estatuto catalán censurado por los jueces.

El caso extremo ha sido la condena, porque aunque parezca sorprendente no fueron absueltos, de los miembros de La Manada. Las calles se llenaron de manifestantes y las bocas de los políticos de improperios contra la justicia, incluida la boca de un entonces ministro del PP. De nuevo se apeló a la liquidez de la «voluntad del pueblo». «No hay justicia como la de una turba iracunda», decía uno de los personajes de los Simpson. Y más si a la cabeza de la turba se ponen un par de ministros y unos cuantos paniaguados para gritar consignas y levantar pancartas. Nunca se había visto como ahora a tantos políticos manifestándose contra otros estamentos públicos usando dinero público; nunca tantos políticos quisieron suplantar a los jueces y acabar con la poca separación de poderes que queda.

La última consigna es denunciar la judicialización de la política, que no existe, porque a los tribunales solo llegan la política y los políticos sospechosos de actuar de forma ilegal, que son casi innumerables.

Dejar toda la acción pública en manos del Ejecutivo sin el contrapeso de los jueces y de las leyes -¡que los mismos políticos han aprobado!- es regresar a la justicia feudal. Los políticos, por muy democráticamente que hayan sido elegidos, se deben a la ley y la justicia por encima de su conveniencia y caprichos, aunque tengan a favor a los tertulianos, los tuiteros o las pancartas, a modo de modernas turbas también líquidas.

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