El poder y la prensa

ANTONIO PAPELL

El presidente del Gobierno ha anunciado demandas contra los medios de comunicación que le han acusado de plagiario por su tesis doctoral que, posteriormente, superó las pruebas de originalidad realizadas mediante los dos programas informáticos homologados en la comunidad científica. Como es conocido, los límites jurídicos a la libertad de expresión vienen establecidos en vía civil por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y por las previsiones del Código Penal, que castiga unos llamados «delitos contra el honor». En el campo de la política, en concreto, el común de los conflictos ha de resolverse por vías políticas, deliberativas, parlamentarias, democráticas. Luego, si el disenso prosigue, habrá que acudir a procedimientos arbitrales, y sólo en última instancia podrá tener cualquiera de las vías contenciosas.

En el caso que nos ocupa, Sánchez ha sido acusado de plagiario, en el ambiente enrarecido del escándalo provocado por los másteres de la Universidad Rey Juan Carlos, que eran al parecer ofrecidos y entregados como dádivas a personas de relevancia política. La acusación contra el presidente del Gobierno es hiriente, en efecto, y cabría en Derecho una respuesta en vía judicial, pero es evidente que la acusación que le formulan sus adversarios no pretende denigrar a la persona sino causar un demérito político. Por tanto, el supuesto plagio de Sánchez, inscrito en un colosal rifirrafe sobre los másteres no es una infracción que atente contra el honor de las personas sino una cabriola más en la lucha despiadada por el poder. Como dijo la portavoz del Gobierno, hay quien pretende «abatir» al Gobierno, algo que en democracia hay que aceptar con deportividad.

En definitiva, la disputa entre el poder y la prensa habría de mantenerse en el terreno incruento de las palabras, de las declaraciones y de la autorregulación. La profesionalidad de unos y otros, políticos y periodistas, debería hacer que el caso desembocase en una conciliación pacífica entre las partes. Y ello por dos razones: en primer lugar, prensa y poder son dos actores esenciales de la dialéctica democrática ya que el sistema mediático participa en el saludable control democrático del poder, que ejercita en nombre de la ciudadanía, de la opinión pública. Es bueno por tanto que exista un fair play entre ambos.

De otro lado, en esta disputa entre el poder y la prensa hay unos árbitros inapelables que siempre dirán la última palabra: los ciudadanos, que son a la postre los que darán y quitarán razones mediante las poderosas armas que poseen: el voto, y la audiencia, siguiendo o no a los medios de comunicación que lo merezcan a sus ojos. Este es el gran arbitraje que importa y el que deberían temer/apreciar quienes están sometidos inexorablemente a su tiempo.