Pobres diputaciones

Por más que se empeñen los nacionalistas periféricos, el sentimiento de pertenencia a la provincia sigue gozando de muy buena salud en la mayor parte de España. En muchas autonomías es habitual la convivencia pacífica y sin aristas entre la identidad regional y la provincial, de tal manera que, por ejemplo, un jienense dirá que él es andaluz y de Jaén. En la Comunitat Valenciana -territorio escasamente vertebrado pese a su dilatada historia-, alicantinos y castellonenses consideran su provincia como algo muy suyo porque, para empezar, les distingue respecto al gentilicio regional -valenciano-, que es el mismo para el antiguo Reino, la provincia y su capital. A pesar de que ya está cerca de cumplir los dos siglos de antiguedad (data de 1833), el nacionalismo y el separatismo ven en la división provincial de Javier de Burgos una creación absolutamente artificial, castellanizante y españolista, sin pararse a pensar que muchas de las provincias respondían a entidades cuyo sentimiento de pertenencia e integración venía de lejos y simplemente quedaron reflejadas en un mapa que a partir de entonces pasó a tener la consideración de oficial. Sin embargo, en el relato victimista primero y soberanista después, lo realmente existente eran unos viejos reinos con instituciones y fueros propios -derogados por la monarquía hispánica-, troceados en unos entes que para nacionalistas e independentistas son poco menos que la encarnación del diablo: las provincias. Y en eso están, en acabar con la institución que representa las provincias, es decir, las diputaciones, con la siempre inestimable ayuda de la izquierda, tanto socialistas como populistas, los primeros porque necesitan de los nacionalistas para gobernar tanto aquí como en el conjunto del Estado, y los segundos porque todo lo que sea sumarse al derribo del régimen actual les parece bien. Como si el mayor problema territorial de España fuera el de su división provincial y como si los ciudadanos de la Comunitat Valenciana estuvieran reclamando a diario que sean sustituidas por las comarcas con las que sueñan los dirigentes de Compromís. Y como si el problema de la corrupción en las diputaciones se acabara cargándoselas, vaciándolas de contenido, cuando a lo que hay que ir es al fondo del asunto, la financiación ilegal de los partidos. Es como pretender parar las corruptelas municipales atacando directamente a los ayuntamientos y desviando sus competencias a otras entidades públicas de nueva creación. Pero aprovechando que Divalterra pasa por Valencia ven llegada la hora de iniciar la demolición de las corporaciones provinciales, señaladas desde hace años, estigmatizadas y ahora injustamente acusadas por una corrupción que es de los políticos, no de las instituciones.