Qué pide a los partidos el sector de las infraestructuras ante las elecciones del 28-A

La promoción de infraestructuras públicas es esencial para el crecimiento económico, la competitividad y el bienestar social de los ciudadanos. La provisión eficiente de infraestructuras es un aspecto fundamental de las políticas de desarrollo, especialmente en aquellos países que, como España, han orientado gran parte de su crecimiento hacia el exterior a través del turismo y las exportaciones. La ausencia de una infraestructura adecuada constituye un importante obstáculo para la eficaz puesta en marcha de políticas de desarrollo y la obtención de tasas de crecimiento económico superiores a los promedios internacionales.

Cada euro invertido en infraestructuras duplica su valor en actividad económica debido a la gran demanda de bienes y servicios que induce y a su elevada generación de empleo. Las infraestructuras son, además, fiscalmente rentables. Un impulso de un euro sobre el gasto en infraestructuras permite al Estado recuperar fiscalmente la mitad del euro gastado.

Seguir avanzando en la modernización y mejora de nuestras infraestructuras debe constituir un compromiso irrenunciable para garantizar la competitividad de nuestra economía y el bienestar de nuestros ciudadanos.

Recuperar la inversión en infraestructuras es una prioridad para España. La idea equivocada de que en España está ya todo hecho en materia de infraestructuras puede conducir a nuestro país al inmovilismo y al retroceso económico. Aunque en autovías, puertos, aeropuertos y tren de alta velocidad, contamos con una extensa y moderna red, existen otras áreas, de marcado contenido social, en las que somos altamente deficitarios, como en infraestructuras de abastecimiento, depuración del agua, de tratamiento de residuos, y regeneración del medio ambiente, movilidad urbana, de transporte de mercancías y logística, accesibilidad, redes secundarias.

A pesar de ello, España, durante la última década, caracterizada por la recesión económica, ha disminuido su esfuerzo inversor en infraestructuras prioritarias, situándonos a la cola de la Unión Europea, con una inversión que alcanza apenas el 40% de la media de las 4 mayores economías europeas.

Para no perder el tren del desarrollo económico y el bienestar social es imprescindible incrementar la inversión en infraestructuras públicas hasta recuperar un nivel suficiente para satisfacer las necesidades que nuestra sociedad demanda.

Es necesario consensuar entre las principales fuerzas políticas un modelo nacional de infraestructuras prioritarias. España, a pesar de haber contado con tres planes de infraestructuras en los últimos 12 años, no ha conseguido fijar en el medio y largo plazo las prioridades de inversión que nuestro país necesita. Por ello, es necesario alcanzar un amplio acuerdo entre las distintas fuerzas políticas que, ajeno al ciclo electoral, acote nuestra hoja de ruta de inversiones prioritarias. La prioridad a la hora de acometer una infraestructura deberá siempre basarse en su mayor rentabilidad económica y social, atendiendo únicamente al interés general de la mayoría de los ciudadanos y prescindiendo de razones de oportunismo político o interés particular.

El acuerdo deberá garantizar, además, la sostenibilidad de su financiación, replanteándose la actual distribución de las cargas que los ciudadanos soportan por la construcción de sus infraestructuras y su conservación.

La inversión sostenible en infraestructuras es compatible con las necesidades del gasto social y la disciplina presupuestaria. Las crecientes necesidades de gasto público en protección social y de reducción de la deuda pública evidencian que España, en los próximos años, no podrá financiar con cargo a los Presupuestos públicos todas las inversiones prioritarias que el país necesita. Pero ello no puede servir de excusa para eludir nuestro compromiso. España no puede permanecer pasiva ante la falta de recursos presupuestarios suficientes, pues la reindustrialización y modernización del país son objetivos prioritarios para preservar el desarrollo, la competitividad y el bienestar de los ciudadanos.

Afrontar esta realidad económica requiere revisar nuestro modelo de financiación de infraestructuras. Los poderes públicos deben apostar decididamente por las fórmulas de colaboración público-privada, ampliamente extendidas en los países de nuestro entorno, promoviendo los proyectos concesionales.

Los poderes públicos deben impulsar la seguridad jurídica y máxima trasparencia en los procesos de contratación pública para garantizar la eficiencia y equidad del sistema. La contratación pública, en su conjunto, representa alrededor de 20 % del PIB de España. La transparencia en la administración de los fondos públicos es imprescindible para garantizar su adecuada y eficiente utilización.

Los poderes públicos deben garantizar la seguridad jurídica e impulsar la máxima transparencia en los procesos de contratación, tanto desde la fase de, planificación, preparación y adjudicación del contrato, preservando de forma efectiva que los precios de los contratos se adecuen a los reales del mercado y que las ofertas seleccionadas sean las que presenten la mejor relación calidad-precio,

El apoyo público a la modernización del sector de la construcción debe constituir un objetivo de las políticas públicas. La actividad de la construcción representa el 10,8% del PIB nacional, y da empleo directo e indirecto a más de un millón ochocientos mil trabajadores. La necesaria adaptación de sus empresas y trabajadores a las nuevas tecnologías y especializaciones, por su importante incidencia en la economía española y en el empleo, debe contar en su esfuerzo formativo con el apoyo de los poderes públicos.