Paraísos e infiernos

Si el derecho al autogobierno tiene algún contenido es la puesta en marcha de políticas fiscales diferenciadas

CARLOS FLORES JUBERÍAS

Si las críticas al anuncio de la sustancial rebaja de los impuestos que hasta ahora pagan los madrileños hecha en los últimos días por la nueva presidenta regional, la popular Díaz Ayuso, hubieran provenido del entorno de Vox, no me habría sorprendido lo más mínimo. Desde sus orígenes, la formación de Abascal ha hecho bandera de la reivindicación de unas mismas leyes, de unas mismas políticas, y de unos mismos derechos para todos los españoles, vivan donde vivan, y debería estar en consecuencia en contra de cualquier intento de implantar regímenes fiscales divergentes en unos lugares y en otros.

Pero, sorprendentemente, la crítica mas feroz al anuncio de que los populares iban a llevar a cabo en la Madrid «la mayor rebaja de impuestos de la historia», ha venido no de un enemigo del Estado de las Autonomías sino de alguien con un pedigrí autonomista tan añejo como el del Presidente Ximo Puig, quien se apresuró a advertir de que en España no podía haber «competencia desleal entre las comunidades autónomas a la hora de poner impuestos», ni mucho menos permitirse que una comunidad se convirtiera en una suerte de «paraíso fiscal».

La cosa tiene su miga. Porque si el derecho al autogobierno tiene algún contenido, más allá de la capacidad para blandir las propias enseñas, potenciar los hechos diferenciales, crear instituciones, entes y chiringuitos de todo tipo y multiplicar el tamaño y el coste de la administración pública, es precisamente la puesta en marcha de políticas diferenciadas, basadas en apreciaciones distintas de cuáles hayan de ser las prioridades de cada gobierno y sostenidas -como es natural-, en políticas fiscales igualmente diferentes.

Si Puig fijó las líneas maestras de su política hace ya cuatro años, proponiendo para la Comunidad Valenciana un modelo basado en la extensión -y hasta la universalización- de las políticas sociales, sostenido en parte sobre un voraz sistema impositivo y en parte sobre la periódica reivindicación de una mejor financiación desde el Estado, nada debería impedirle a Díaz Ayuso hacer hoy exactamente lo mismo -solo que en un sentido diametralmente opuesto- en su Comunidad. Siquiera sea porque cuenta para ello con el mismo aval que el propio Puig, que no es otro que el apoyo mayoritario de su electores y de su parlamento.

¿Acabará esto generando «paraísos» -y, al contrario- «infiernos» fiscales en los distintos territorios del país? Probablemente no, siquiera sea porque en materia de rebajas fiscales suele haber un trecho del dicho al hecho; y -naturalmente- porque para evitar esas excesivas discrepancias están las competencias estatales de control y armonización. Pero que un político valenciano se escandalice de que los ciudadanos de Madrid tengan expectativas diametralmente opuestas a las suyas sobre qué desean dar y qué esperan recibir de su gobierno regional dice muy poco de su fe en el sistema autonómico. O de su capacidad para hacer de nuestra Comunidad un lugar tan atractivo para vivir, trabajar e invertir como pudiera serlo cualquier otro.