¿Es Pablo Casado un 'extraneus'?

El 'caso máster' ha llegado a Justicia penal. En el escrito se plantean dos delitos contra la Administración Pública. En primer lugar, se le imputa un delito de cohecho impropio (artículo 422 del Código Penal) seguido de uno de prevaricación administrativa (art. 404) a título de cooperador necesario (art. 28.b del citado Código). Ambos son delitos especiales, lo que significa que deben ser cometidos por personas con unas características concretas; en este supuesto, que sean autoridad o funcionario público. El Código Penal tiene un concepto material de estos últimos, de forma que los aplica no sólo a quien tiene el título legal estricto de funcionario, sino a quien ejerce un papel en la función pública (art. 24.2 Cp).

Así, en el cohecho impropio Casado -siendo autoridad (art. 24.1 Cp) porque ya era parlamentario autonómico- habría aceptado una dádiva o regalo por ser quien es en la vida pública. Para la jueza queda claro que el director del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ofreció facilidades para obtener el título a gente del Partido Popular por ser de este partido y tener algún cargo en el mismo o en política, y que esas facilidades no se las ofrecía a otros estudiantes. Además, tiene claro que la dádiva es obtener el título sin estudiar. ¿Por qué este cohecho es impropio? Pues porque no se pidió nada a cambio del regalo.

¿Qué problema suscita la imputación de este delito? Que todo esto sucedió hace nueve años y la posibilidad de castigarlo prescribió hace muchos, pues entonces el cohecho impropio tenía una pena inferior a cinco años y, por tanto, su plazo de prescripción es muy corto (art. 131.1 'in fine' Cp). Ésta es una cuestión dudosa, porque la jueza sostiene que el cohecho impropio está aquí interrelacionado con el otro, la prevaricación administrativa, y ésta tiene unas penas más elevadas, por lo que su prescripción sería de 10 años y aún no se habrían cumplido (art. 131.1 Cp).

En cuanto a la prevaricación administrativa, nos encontramos ante la particularidad de que Casado no fue el autor material de esa conducta, puesto que este delito consiste en que un funcionario público o autoridad que tiene competencia para decidir sobre la cuestión (en este caso, el director del Instituto de Derecho Público) toma, a sabiendas, una resolución administrativa injusta. Y esto ocurre cuando es arbitraria, es decir, cuando no se ajusta a los requisitos establecidos por ley. En este caso, se aprecia que la resolución injusta no es la convalidación de 18 asignaturas, ya que existe un marco legal que lo permite, por muy dudoso que ahora nos pueda parecer. La resolución injusta se habría dado al evaluar con un sobresaliente cuatro asignaturas sin haber ido a clase ni presentado trabajos.

Si Casado no ha tomado, ni podía tomar, esa resolución injusta, ¿por qué motivo puede tener responsabilidad penal en los hechos que cometió otro de forma principal? Para Rodríguez-Medel, Casado habría aportado (conociendo que se le iba a facilitar el título) elementos de hecho indispensables sin los cuales el director no habría podido tomar esa decisión injusta. Esos elementos son: matricularse en el máster, presentar su expediente académico completo, solicitar la convalidación de los créditos y aceptar (no sólo recoger) el título y utilizarlo curricularmente. De esta manera, no sólo habría colaborado (art. 28.b Cp).

Al afirmar esto, también se aborda otro aspecto técnicamente difícil. Aunque fuera autoridad en el momento de los hechos, el nuevo presidente del PP no lo era para tomar esa resolución injusta, y eso significa que no tenía las características que la ley pide a quien ha de prevaricar. Si en el precepto del artículo 404 del Código Penal se exige que los sujetos activos sean autoridad o funcionario público competente, ello nos lleva a demandar de todos los intervinientes esa condición porque estamos ante un delito especial. Sin embargo, la realidad nos demuestra que en las prevaricaciones administrativas a menudo concurren terceras personas que no tienen esa característica. A esas personas se las denomina 'extraneus', por eso, en los medios aparece la llamada «participación del extraneus en los delitos especiales».

La regla general para todos los delitos prevé que autor y cooperador necesario sean castigados con la misma pena, la prevista para el autor (art. 28.2 Cp), partiendo de la base de que ambos tienen las características generales y, en estos delitos, las especiales de ser autoridad o funcionario público. Sin embargo, doctrina y jurisprudencia permiten castigar a aquellas personas que participan o aportan algo en un delito especial (prevaricación en este caso) aunque no tengan las características del autor principal (funcionario público competente en este caso). La jueza nos recuerda la extensa jurisprudencia en su escrito (página 35) en el que empieza por aludir a las recientes sentencias del Tribunal Supremo 423/2017 y 816/2018.

Lo clave en la decisión del TS será si verdaderamente existe una conexión tal entre prevaricación y cohecho. Para ello, el Supremo habrá de concluir que ambos delitos están entrelazados y se producen dos lesiones a bienes jurídicos distintos o al mismo bien jurídico, como en este caso. Cuando el sobresaliente es, a la vez, la dádiva u obsequio y el producto de la resolución injusta, está claro que existen dos operaciones que dañan el buen funcionamiento de la Administración Pública, produciéndose un concurso de delitos (más de un delito cometido por las mismas personas en el mismo supuesto de hecho) que tendrá sus reglas propias de determinación de la pena mayor. La jueza ve claramente aplicable el concurso medial (se comete un delito para conseguir el otro) y no sólo eso, sino que nos explica exhaustivamente el acuerdo de la Sala Segunda del Supremo de 26/2/2010 en el que así se admite.

Veamos a qué me estoy refiriendo: hipotéticamente, se podría haber producido la resolución injusta y Casado no haber aceptado finalmente los sobresalientes regalados. Entonces, sólo existiría una afectación a la Administración Pública, la derivada de la prevaricación. O, también hipotéticamente, se le podría haber ofrecido y él aceptado otro regalo que no fueran unos aprobados y, por lo tanto, una resolución administrativa injusta, y en ese supuesto sólo existiría una lesión, la del cohecho. Pero resulta que la resolución injusta fue la manera de generar las notas-regalos (prevaricación) y que Casado aceptó esos regalos aceptando el título y haciendo uso de él. Por eso, existen dos lesiones contra el bien jurídico Administración Pública con un solo paquete de hechos. Por lo tanto, están conectados. Ahora le toca al Supremo ver si comparte esta visión.

 

Fotos

Vídeos