Tras nuestra entrada en junio de 1985 en la hoy Unión Europea, las infraestructuras viarias españolas llegaron a convertirse en referencia europea por su calidad y seguridad. Sin embargo, durante los tres últimos lustros, los principales indicadores de calidad y seguridad de nuestra red viaria han empezado a empeorar.
La congestión ha aumentado significativamente y, consecuentemente, los conductores españoles pierden en los atascos de tráfico una media de 100 horas anuales. Según un estudio del Instituto de Prospectiva Tecnológica de Sevilla, los conductores de Barcelona perdieron una media de 119 horas/año, y en Madrid, Sevilla y Valencia perdieron respectivamente 105, 85 y 74 horas/año en atascos. Cuyo coste supera ya los 5.500 millones de euros anuales.
Los problemas de salud asociados a la contaminación, en gran parte debida al tráfico, acarrean más de 7.000 muertes al año. Según datos de la OMS (Organización Mundial de la Salud), Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana rebasan los límites aconsejados para los indicadores de contaminación urbana por tráfico.
En la Comunidad Valenciana alcanzamos un nivel de dióxido de nitrógeno de 48 (lo normal es de 40) y un nivel de partículas menores de 2'5 micras PM de 20 (cuando lo normal es de 10). El impacto económico agregado sobre el medio ambiente, como el ruido, el cambio climático y el deterioro de la naturaleza y paisaje, según un estudio conjunto de la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Alicante y la Universidad de Las Palmas, para FEDEA, se estima entre 5.500 y 10.000 millones de euros anuales.
La siniestralidad viaria en 2018 acarreó 102.299 accidentes de tráfico, en los que perdieron la vida 1.806 personas y otras 138.609 resultaron heridas. De ellas, 163 muertes fueron en la Comunidad Valenciana. Lo cual supone una tasa de siniestralidad de 3.800 accidentes de tráfico por millón de conductores, y 39 fallecidos por millón de habitantes.
Los costes relacionados con la siniestralidad vial (médicos, materiales, pérdida de capacidad productiva o costes humanos) han sido cuantificados por la Dirección General de Tráfico (DGT) en unos 10.000 millones de euros anuales (coste fallecidos, 2.500 millones;; coste de hospitalizados, 4.500 millones; coste de heridos no hospitalizados, 3.000 millones).
Este empeoramiento del bienestar debido a la congestión, contaminación y siniestralidad es consecuencia principalmente tanto de la presión ejercida sobre la carretera, frente a otros medios de transporte, como a la tendencia hacia una mayor concentración urbana.
Actualmente, casi el 80% de la población española vive en ciudades, y va a más. En el área metropolitana de Valencia, cada persona hace una media de 2'6 desplazamientos al día, con un tiempo medio de 21 minutos por desplazamiento. Así pues, cada habitante del área metropolitana emplea diariamente 53 minutos, casi una hora, en desplazarse. Aplicando esta cifra a los días laborables al año, una persona dedica anualmente 213 horas, es decir, más de 9 días anuales en desplazarse. Queda evidente la relevancia de la movilidad cotidiana y la importancia en encontrar herramientas y modos de transporte eficientes y eficaces para facilitar este derecho básico.
Todo ello agravado por una insuficiencia de recursos públicos, para recuperar la inversión en mejora de los accesos a las ciudades, conservación y mantenimiento de carreteras.
En el año 2018, el nivel de inversión en carreteras, equivalente al 0'35 % del PIB, fue un 64% menor que lo invertido en 1998, y a su vez un 73% menor que lo invertido en 1993. En 25 años hemos retrocedido prácticamente al 25% de inversión, y ello cuando somos el tercer país de Europa con mayor tráfico de mercancías en tonelada-kilómetro por carretera, con 231.000 toneladas por kilómetro y año, y cuando un 46% de los viajes de mercancías, intrarregionales, se realizan en vacío, contaminando, sin generar actividad económica, pero aumentando la congestión.
Frente a esta realidad y ante la necesidad de priorizar la dotación de recursos públicos para gasto social (educación, sanidad y bienestar social) se hace imprescindible utilizar la inversión privada y /o financiación por parte del usuario, para el mantenimiento de la red viaria y acometer innovaciones tecnológicas (carriles gratuitos, alternados con carriles con tarificación inteligente en los accesos a las grandes ciudades), proveer aparcamientos disuasorios, implementar carriles VAO, intercambiadores de transporte, etc., todo ello con la potenciación del transporte ferroviario de mercancías y metropolitano de viajeros (Cercanías y Metro-tren ligero).
En definitiva, España debe romper el actual circulo vicioso: creciente déficit de inversión; escaso o casi nulo mantenimiento y adaptación tecnológica de las infraestructuras de transporte; limitación de los recursos públicos (incumplimientos en déficit y deuda pública). Además, ante a una animadversión de nuestras Administraciones Públicas hacia la utilización de la inversión privada -al contrario que los países avanzados europeos y norteamericanos- estamos empeorando la calidad de vida y la desigualdad entre ciudadanos.
Frente a ello, propugnamos potenciar la inversión privada en las infraestructuras viarias (tarificación inteligente), para mejorar la movilidad y con ello el bienestar, reduciendo la congestión, la contaminación, el deterioro creciente de la red viaria. Nuevos modos de transporte y modelos de tarificación, para conseguir el doble objetivo de la equidad Social y de sostenibilidad económica.
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