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La justicia, por los suelos

ANTONIO PAPELL

Jueves, 1 de enero 1970

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Va a ser muy difícil convencer a la opinión pública de que la justicia, aterrada por las consecuencias imprevistas o mal calculadas de sus propias obras, no se ha retractado precipitadamente y sin modales de una decisión que lesionaba a los bancos. La retractación ha beneficiado, obviamente, a las instancias financieras que, en el fragor de la crisis, consumieron más de 50.000 millones de euros del dinero de todos para salir a flote, después de un naufragio en el que los ricos se han enriquecido todavía más y los pobres están más hundidos en la. Ni que decir tiene que el conductor de todo este 'saneamiento' salvaje, una carísima cirugía, ha sido premiado con un bien retribuido cargo de vicepresidente del Banco Central Europeo.

Lo sucedido es escandaloso y se puede recapitular así. El Supremo, tras valorar que el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de una hipoteca es el prestamista (necesita tal inscripción para ejercitar la acción ejecutiva y disponer de garantías de desahucio en caso de impago), reinterpreta la ley vigente y dispone que quien debe abonar el referido impuesto en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria es la entidad prestamista, no quien recibe el préstamo.

Sin embargo, a la alta jerarquía del Supremo no le ha gustado la sentencia, y el viernes pasado el presidente de la Sala Tercera, Luis María Diez-Picazo Giménez, publicaba una insólita 'nota informativa' en la que se dice que, dado que la sentencia supone «un giro radical en el criterio jurisprudencial hasta ahora sentado» y a la vista de «su enorme repercusión económica y social», acuerda, con carácter urgente, «dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recursos de casación pendientes con un objeto similar» y «avocar al Pleno de la Sala el conocimiento de alguno de dichos recursos pendientes, a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado». ¿Cómo convencer al auditorio de que no ha sido la presión del sistema financiero, perfectamente lógica por otra parte, la que ha impulsado tan espectacular cambio de rumbo?

El mismo Tribunal Supremo que tiene en su mano el conflicto catalán ve ahora cómo su autoridad se ve seriamente mermada. ¿Quién nos asegura que si la sentencia del procés no es del agrado de todos no saldrá el Supremo con otra «nota informativa» como la que ha firmado el señor Díez-Picazo para reconsiderar lo decidido hasta que la realidad y el deseo sean la misma cosa?

Tras todos los episodios de corrupción y las acumuladas demostraciones de mediocridad de la clase política de los últimos tiempos, el Poder Judicial refulgía meritoriamente como un faro, garante de que el imperio de la ley fuese una realidad. El faro ha saltado hecho añicos en una prueba de inconsistencia política que ha quebrado la relación de confianza con la ciudadanía.

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