JORNADA CONTINUA, UNA DECEPCIÓN A PLAZOS

JORNADA CONTINUA, UNA DECEPCIÓN A PLAZOS
PABLO ROVIRA

Perdón por la autocita de hace un par de años: «Los proyectos de jornada continua son una decepción a plazos, aunque triunfan porque las familias encuentran nuevos acomodos fuera de las escuelas». No es que este periodista sea especialmente sagaz, sino porque así ocurrió en todas las autonomías donde se implantó la jornada continua y así está ocurriendo en la nuestra. Me remonto ahora a lo escrito ya en 2013, cuando comenzó el pilotaje en la Comunitat: «Con el paso de los años, quién se acordará de este tipo de advertencias... y será imposible -o inconveniente- analizar cómo afecta la implantación de la jornada continua en nuestros centros». Desde que la Conselleria aprobara su regulación en 2016, ya se plantea su segunda revisión y la Administración desmonta los cortafuegos y las garantías que previó inicialmente para asegurar una jornada continua de calidad.

Me refiero al borrador del Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) de los centros de Infantil y Primaria, cuya disposición transitoria cuarta prevé la prórroga de oficio de la «vigencia de la autorización» de la implantación de la jornada continua para los centros «que hayan agotado el periodo de validez de tres años y que deberían de renovarla». Sin debate, sin evaluación, sin ni siquiera solicitud, la Conselleria tumba la principal garantía que en su día se introdujo para que la jornada continua pudiera ser revocada.

Esta disposición sólo prevé un procedimiento para que la jornada continua pueda ser revocada y es que lo solicite el Consejo Escolar del Centro con «una mayoría de 2/3 de los miembros del Consejo Escolar». Con esta excepción, la Conselleria se abraza a los postulados sindicales de dejar en manos del claustro de profesores, que representan a la mayoría en dicho Consejo Escolar, la decisión del tipo de jornada del colegio. Es decir, los padres, de facto, quedan excluidos de la decisión, lo que contradice, radicalmente, el espíritu con el que nació la norma que pretendía asegurarse que una mayoría del «censo» de las familias del colegio aceptaran o no el cambio de jornada. Recordamos que, según la orden de 2016, la renovación exigía comenzar de nuevo el proceso y, por consiguiente, una nueva votación en la comunidad escolar que debía aprobarse por esta mayoría del censo de familias. Nada quedará ya de esto, pues la renovación será automática y la revocación, imposible por mucho que se empeñen las familias mientras no convenzan al profesorado. Lo dicho, frente a una batalla perdida de antemano, «las familias encuentran nuevos acomodos fuera de las escuelas».

Fíjense también que la repetición del procedimiento conlleva la ventaja de que permite dar voz a las nuevas familias del centro que hace tres años todavía no tenían a sus hijos escolarizados en él, que en un colegio de Infantil y Primaria (de nueve cursos) suponen un tercio de la comunidad escolar. Su voz, ahora, queda acallada.

La justificación -o excusa- de la Administración para esta renovación automática es dar tiempo para la evaluación de la jornada continua, lo que ni es justificación ni excusa, sino un nuevo incumplimiento a lo previsto. Decía el artículo 10 de aquella orden que la Conselleria establecería una evaluación externa para evaluar la incidencia sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y el rendimiento de los alumnos. Pero no solo: el plan de jornada continua requería su revisión trimestral y el análisis de sus resultados, ser incorporado a la memoria anual del centro. De esta forma, el propio incumplimiento de la Administración al no hacer lo que dijo que iba a hacer le sirve de justificación para hacer lo que dijo que no iba a hacer, que es retirar la voz a los padres para concedérsela en exclusiva a los docentes. En resumen, dejarse en los brazos corporativos de las reivindicaciones sindicales.

Esto, no obstante, no es lo más grave, porque la evaluación no debe entenderse únicamente como de una utilidad microeducativa para el centro, sus docentes y las familias, sino atiende a la responsabilidad de la Administración, garante de la calidad del sistema educativo que recibe un cuarto del presupuesto de la Generalitat y que ahora cuela a través del ROF una renovación automática sin analizar si la jornada continua fue buena idea.

La jornada continua sólo se aceptaría si las familias quieren y en ningún caso les iba a costar dinero, se decía. «Una decepción a plazos» pues nada de ello queda.